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Gobierno de Colombia debe asistir a millones de víctimas del conflicto

© AP Photo / Rodrigo AbdMilitantes de las FARC (Archivo)
Militantes de las FARC (Archivo) - Sputnik Mundo
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Las acciones bélicas desplegadas en territorio colombiano desde 1964 han afectado al menos a 7,8 millones de personas que soportaron desplazamientos forzados, torturas y violencia sexual, los crímenes más comunes perpetrados contra la población civil.

BOGOTÁ (Sputnik) — Para atender sus necesidades, se creó en 2012 la Unidad para la Atención y Reparación de Víctimas que, a través de 110 oficinas en todo el territorio y un canal telefónico y virtual, atiende a diario a más de 4.000 víctimas del conflicto, detalló en entrevista con Sputnik Nóvosti la subdirectora de la estatal Unidad de Víctimas, Iris Marín.

Esa asistencia permitió elaborar un registro formal de personas afectadas por el conflicto interno, con el fin de repararlas.

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Este plan asistencial aspira a cubrir a 14 por ciento de la población de 47 millones de personas, cuando otros de su tipo desarrollados en Perú e Indonesia amparaban solo a uno por ciento, señaló Marín a Sputnik Nóvosti.

"Uno de los hechos que lleva a que en Colombia el registro sea grande tiene que ver con que el Estado coloca como sujeto de reparación a las personas desplazadas de sus territorios, lo cual no ha ocurrido jamás en ningún otro país", dijo Marín en una entrevista con esta agencia.

Si esa población no fuera tenida en cuenta "la asistencia a las víctimas sería del dos por ciento, es decir, el doble del programa más grande implementado en otras naciones", aseveró.

Pero Marín reconoce subregistros, particularmente en crímenes como violencia sexual, sobre todo porque las víctimas se encuentran aún en zonas de combate "y no se atreven a denunciar".

Hasta diciembre de 2015 la Unidad de Víctimas suministró vivienda gratuita a 49.000 familias, mientras que 63.000 fueron acompañadas para retornar a sus hogares o ser reubicadas y 588.400 fueron indemnizadas.

El sistema nacional de atención a las víctimas cuenta con un presupuesto equivalente a unos 3.500 millones de dólares que se distribuyen a todas las entidades estatales que prestan servicios de salud, educación y vivienda a toda la población, incluyendo a los afectados por el conflicto.

De ese presupuesto, la Unidad de Víctimas dispone de unos 500 millones de dólares.

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"La medida en la que más se ha avanzado es la indemnización, un monto de dinero con el cual se busca compensar en algo los daños económicos sufridos por las víctimas, al tiempo que se les provee de atención psicosocial, que de acuerdo con las encuestas es una de las medidas que más requieren las víctimas", precisó Marín.

No todos quienes han padecido el conflicto a lo largo de 51 años son objeto de reparación; esta solo está prevista para quienes se han visto afectados en forma directa en las últimas tres décadas.

"La ley no contempla la duración del conflicto armado, que algunos críticos dicen que debe ser desde que se crearon oficialmente en 1964 las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia), sino que se enfoca en atender a las víctimas actuales, aquellas afectadas por hechos presentados desde 1985" y a quienes sufrieron desplazamiento forzado desde 1991, precisó.

Los crímenes que la Unidad de Víctimas considera relacionados con el conflicto colombiano incluyen homicidio, tortura, violencia sexual, secuestro, lesiones personales, amenazas, despojo y reclutamiento, desaparición y desplazamiento forzados.

En el transcurso de sus negociaciones de paz con el Gobierno, iniciadas en noviembre de 2012, las FARC reclamaron que no podían ser consideradas agentes victimarios en el conflicto, sino una víctima más.

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Marín observó que la Unidad de Víctimas reconoce que de manera individual algunos combatientes de las FARC, de otras guerrillas, de milicias paramilitares y de la misma Fuerza Pública, han sido objeto de victimización, "pero no se puede considerar a todo un colectivo, como las FARC, en ese plano".

Para reconocer el carácter de víctima a una persona, esta debe declarar ante el ministerio público (fiscalía) que ha sido afectada por alguno de los actores armados o por quienes tengan relación con ellos o que ha sido perjudicada por la falta de protección de sus derechos humanos por parte del Estado.

"El reto más grande es establecer condiciones institucionales para que los hechos no se repitan; varios de estos casos se han dado, lamentablemente, por ausencia o complicidad del Estado, y es en esos frentes donde ahora debemos trabajar duro", concluyó Marín.

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