Limbo jurídico: ¿qué pesa en contra de la ampliación de la plataforma continental estadounidense?

Una disputa territorial entre EEUU, Rusia y China sobre un área dos veces mayor que el estado norteamericano de California revela las consecuencias de la política exterior monopolista de Washington, señalan analistas entrevistados por Sputnik.

En diciembre de 2023, EEUU decidió ampliar su plataforma continental. Esta medida fue contestada tanto por Rusia, que comparte frontera con el país norteamericano en el estrecho de Bering, como por China, competidora de los estadounidenses en la obtención de los minerales que estarían disponibles en estas regiones, como manganeso, níquel, cobre, cobalto y tierras raras.

¿Qué es una plataforma continental?

Una plataforma continental puede definirse de dos maneras, una basada en la geología y otra en la legislación internacional. Desde el punto de vista geológico, se refiere a una extensión de la masa terrestre del continente bajo el agua. Se extiende hasta el comienzo del talud marino, la región oceánica con mayor pendiente (superior a 1°), donde comienzan las llanuras abisales.

Debido a esta característica geológica, puede variar en todo el mundo. La mayor plataforma continental del mundo, por ejemplo, se encuentra en la región ártica rusa, con 1.500 kilómetros de longitud, es decir, 810 millas náuticas.

Por ello, la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CDM o Convemar) definió en 1982 que la plataforma continental de un país se limita a 200 millas náuticas desde su costa.

Como también describe el convenio, la plataforma continental de un país "comprende el fondo del mar y el subsuelo de las zonas submarinas". En otras palabras, a diferencia de otras zonas marinas, como la zona económica exclusiva (ZEE), un país solo puede explotar los recursos situados en el suelo y el subsuelo, como la vida marina rastrera y la minería de tierras raras y petrolífera.

¿Cómo funciona la ampliación de la plataforma continental?

Desde la ratificación del acuerdo, varios países han solicitado ampliar sus plataformas continentales, entre ellos Canadá, Rusia, Noruega, Dinamarca y Brasil, explica el profesor de la Escuela de Derecho de Río de Janeiro de la Fundación Getulio Vargas, Godofredo Vianna.

Las solicitudes son evaluadas por la Comisión de Límites de la Plataforma Continental, creada para facilitar la aplicación de la CDM de 1982.

"Es un grupo técnico elegido por los propios Estados miembros de la Convención", describe el profesor.

La solicitud de Brasil, enviada en 2004 y modificada posteriormente en algunos aspectos, pretende desplazar 150 millas náuticas más allá de las 200 millas. "Esto generaría un aumento de 1 millón de kilómetros cuadrados dentro del proyecto Amazonia Azul brasileño", agrega.

El cálculo de la longitud de la plataforma continental, según el artículo 76, puede hacerse de dos maneras. La primera es una adición de 60 millas náuticas (unos 111 km) a partir del comienzo del talud marino. La segunda es mediante una fórmula en la que el espesor del sedimento debe ser al menos el 1% del valor de la distancia desde el inicio del talud.

Del mismo modo, el artículo 76 también impone dos límites a la longitud de la plataforma continental. El primero es de un máximo de 350 millas náuticas (unos 648 km) desde la costa, y el segundo es de 100 millas náuticas (unos 185 km) desde el inicio de la isóbata, un contorno cartográfico que representa la misma profundidad en grandes masas de agua.

En las solicitudes de ampliación, los países son libres de elegir qué cálculos les proporcionarán la mayor superficie de plataforma continental.

EEUU intenta ampliar su plataforma continental

Estado Unidos es otro de los países que pretende ampliar su plataforma continental a lo largo de seis puntos de su litoral: los océanos Ártico, Atlántico y Pacífico, el mar de Bering, las islas Marianas y el golfo de México. En total, la superficie equivale a un millón de kilómetros cuadrados, aproximadamente dos estados de California.

A diferencia de los demás países, EEUU no firmó la CDM y participa en la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos (AIFM), el organismo creado por el acuerdo para debatir cuestiones relacionadas con los fondos marinos, solo como observador.

Esto hace que el proyecto de ampliación de Washington sea unilateral y fácilmente contestado por sus rivales geopolíticos, como ocurrió en la última reunión de la AIFM, celebrada en marzo en la sede de la autoridad en Kingston, Jamaica.

El país norteamericano no ve con buenos ojos participar en una comisión formada por otros países para obtener derechos sobre lo que reclaman como territorio propio, señala Vianna.

"Todo esto fue rechazado con el argumento de que ofendería la soberanía de EEUU y sería una cuestión de seguridad nacional", explica el profesor de derecho.

De acuerdo con Vianna, Washington adopta una postura similar en algunas otras áreas internacionales. "Como el transporte marítimo, donde no ha ratificado los antiguos convenios que tratan del régimen de responsabilidad de los armadores en relación con la contaminación del mar", indica.

Esta cuestión es emblemática del "orden mundial basado en reglas" dirigido por Estados Unidos, opina el doctor en Ciencias Políticas por la Universidad Federal de Río Grande del Sur (UFRGS), Diego Pautasso.

"En este caso, como en muchos otros, extiende arbitrariamente un determinado orden jurídico que le conviene", señala.

La riqueza de los fondos marinos

La postura de la Casa Blanca, sin embargo, no cuenta con el favor de todas las autoridades estadounidenses. Figuras destacadas piden que el país firme y ratifique la CDM, como el exdirector de Inteligencia Nacional en la Administración de George W. Bush (2001-2009) y diplomático estadounidense, persona non grata en México, John Negroponte, y la exsenadora y exsecretaria de Estado, Hillary Clinton.

"Ya hemos perdido dos de las cuatro zonas que se nos asignaron originalmente, cada una de ellas con un valor de 1.000 millones de dólares en minerales estratégicos de cobre, níquel, cobalto, manganeso y tierras raras", advirtieron ambos políticos en una carta dirigida a los senadores Ben Cardin, demócrata, y Jim Risch, republicano.

"Si no nos unimos pronto a la AIFM, corremos el riesgo de perder los otros dos emplazamientos previstos para nosotros. Además, China ha avanzado para obtener cinco emplazamientos y la Federación Rusa tres [emplazamientos]", añade la carta.

"Hay muchos políticos [estadounidenses] que promueven que EEUU ratifique [la convención], alegando que se están quedando atrás, ya que China, Rusia y otros países, otras potencias, tienen reivindicaciones validadas y en curso sobre la extensión del mar", subraya Vianna.

Estos minerales son esenciales en el desarrollo de tecnologías prometedoras para la revolución energética, especialmente en la producción de baterías, un ámbito en el que China "está ejerciendo un gran liderazgo", destaca Pautasso.

"En este caso, el objetivo de Washington es obviamente garantizar la exclusividad y el acceso a recursos minerales estratégicos que, por coincidencia, no tiene", agrega.

EEUU crea un limbo jurídico

La impugnación de las reivindicaciones estadounidenses sobre la plataforma continental por parte de China y Rusia ha incendiado el limbo jurídico que el país norteamericano ha creado con sus acciones unilaterales.

Para que una empresa pueda explotar un recurso en la plataforma continental ampliada, explica Vianna, tiene que estar registrada en la AIFM, obtenida con el permiso de un Estado miembro. En otras palabras, sin esto, las empresas estadounidenses no pueden operar en estas zonas.

"Hay un grave problema de jurisdicción, régimen jurídico, fiscalidad y cánones. ¿Cómo va a recaudar el Estado los impuestos, por ejemplo, de una extracción de petróleo o minerales en una zona que no es de su jurisdicción?", expresa Vianna.

A su vez, esto implica que las empresas operadoras simplemente recelan de entrar en estas zonas no reguladas legalmente, explica el profesor.

Vianna pone el ejemplo de Brasil, que en una de las rondas de subastas del presal organizadas por la Agencia Nacional de Petróleo, Gas Natural y Biocombustibles (ANP), puso a disposición un área más allá de las 200 millas náuticas (unos 370 km).

"No hubo ni una sola oferta por estos bloques. Se preveía un sistema de cánones, pero aún no estaban definidos los términos, [...] si sería sobre el valor de comercialización, sobre el valor extraído [...] Era muy indeterminado. [EEUU] puede establecer su propio régimen aparte de la convención. Pero eso plantearía sin duda un problema en la ONU", concluye Vianna.

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