Polémica por el megadecreto de Milei en Argentina: "Es una apuesta muy arriesgada"

El paquete de reformas de más de 350 leyes, que echa por tierra la legislación vigente en materia de regulación laboral y habilita la privatización masiva de empresas públicas, fue recibido por protestas frente al Congreso de la Nación. "Es a todas luces inconstitucional", dijo a Sputnik la abogada Lorena González Tocci.

Finalmente, el programa de reformas estructurales prometido por el presidente argentino, Javier Milei, no llegó en forma de un proyecto de ley, sino de un controvertido Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), que despertó críticas desde diversos puntos del espectro político.

El recurso —facultad del jefe de Estado para contextos de excepcionalidad— está signado por la flexibilización y liberalización de la legislación argentina. Sustancialmente, la medida propone derogar unas 366 normas sensibles como la laboral —restringiendo el derecho a huelga y morigerando las indemnizaciones por despido—, la Ley de Alquileres, la de Promoción Industrial y Comercial, y la normativa que impide la privatización de empresas públicas.

Al finalizar el anuncio del presidente Milei, transmitido por cadena nacional, miles de personas se sumaron a un "cacerolazo" espontáneo, que inició pasadas las 21 horas y luego tomó la forma de una movilización al Congreso de la Nación, que se extendió hasta entrada la madrugada. El canto popular rezaba que "la Patria no se vende".

Que la convocatoria haya confluido hacia el Parlamento no es mero simbolismo. El Gobierno tendrá 10 días para enviar el decreto a la Comisión Bicameral Permanente de Trámite Legislativo —conformada por ocho diputados e igual cantidad de senadores-, la cual a su vez tendrá que elevar a ambas Cámaras un dictamen que cuente con la firma de la mayoría absoluta de sus miembros.

Una vez en el recinto, el decreto puede ser rechazado exclusivamente si así lo dispone la mayoría absoluta de los diputados y de los senadores. Si ambas cámaras rechazan el DNU, este pierde validez de forma permanente. En caso de que solo una de las Cámaras vote contra la iniciativa, la misma será revalidada y se mantendrá vigente.

Cabe destacar que los legisladores únicamente tendrán la posibilidad de aprobar o rechazar la iniciativa, puesto que no hay instancias de suspensiones, agregados o cualquier tipo de modificaciones.

Entre la promulgación del decreto y el final de su tratamiento parlamentario, este mantendrá la vigencia de ley. Dado que en el documento publicado en el Boletín Oficial no se especifica su fecha de entrada en vigencia, la normativa recién comenzará a regir automáticamente el 29 de diciembre, ocho días después de su anuncio.

Sin embargo, el frente legislativo no es el único inconveniente que afrontará la disposición. El decreto puede chocar con la Corte Suprema de Justicia, el máximo tribunal del país capaz de dictar la inconstitucionalidad de la medida.

La contienda legal

Consultada por Sputnik, la abogada constitucionalista Lorena González Tocci advirtió que "el decreto es a todas luces inconstitucional porque no cumple con los requisitos estipulados. El Congreso es el único capaz de dictar leyes: la única justificación para un DNU es la imposibilidad de seguir el tránsito común de sanción de leyes, pero no aplica en este caso".

Según la docente de la Universidad de Buenos Aires, "el presidente no puede elegir entre enviar un proyecto de ley al Parlamento o dictar un decreto. Las condiciones para saltear al Congreso están especificadas para contextos de emergencia, que hoy no está dado bajo ningún punto de vista".

"El presidente no puede arrogarse facultades de otros poderes ni invocar emergencias genéricas tales como los conflictos económicos que atraviesa el país para así desarmar la normativa constitucional. La excepción no puede ser que el presidente está impaciente de que salga la nueva normativa", remarcó la jurista.

El bloqueo legislativo

Si bien la Corte Suprema podría echar por tierra cualquier ambiciosa reforma del calibre del decreto promulgado, el propio Parlamento constituye una instancia clave para allanar el camino del ambicioso paquete de medidas.

El oficialismo se enfrenta a una limitación estructural: La Libertad Avanza (oficialismo) cuenta con apenas 37 diputados, de los 129 cuyo apoyo necesitaría para evitar un bloqueo parlamentario. En la Cámara Alta el escenario no es más favorable: de los 37 escaños necesarios para validar la iniciativa, el Gobierno apenas cuenta con siete.

Según el analista político Pablo Cano, es esta adversa situación matemática la que catalizó que el megaproyecto saliera por decreto en lugar de por ley. "El DNU fuerza al Congreso a negociar sobre el hecho ya consumado. En caso de haber enviado un proyecto de ley, el oficialismo habría afrontado todo el desgaste ante un recinto en el que está en clara minoría", señaló el consultor a Sputnik.

"No hay proyecto político que pueda enarbolarse para respaldar una iniciativa así. Es una apuesta muy arriesgada. Institucionalmente, el trámite parlamentario del decreto es engorroso, y esto trae la posibilidad de que el ámbito de discusión deje de ser el Congreso y pase a ser la calle", advirtió Cano.

Amenaza a la legitimidad

La situación de franca minoría parlamentaria no soslaya el hecho de que Milei haya ganado con más del 55% de los votos en el balotaje, a caballo de una campaña centrada en la lucha contra la casta política y con la inflación récord como mejor aliada.

Sin embargo, según Cano, la propia legitimidad con la que arribó al poder el outsider podría verse lacerada por una maniobra tan audaz.

"El factor que pone en crisis cualquier transformación es la velocidad: cuando la gente percibe las cosas demasiado rápido, sobrerreacciona, y no haber tomado cuenta de ello es el primer error del Gobierno. El ajuste está siendo demasiado rápido para las clases medias acomodadas. Los cacerolazos se escucharon en barrios tradicionales, típicamente de derecha", explicó el analista.

"Milei hoy tiene el mismo desafío que cuando asumió, que es bajar la inflación. La legitimidad no se la va a dar la institucionalidad, sino los precios del supermercado", apuntó Cano.

Consultado al respecto, el analista político y director de Proyección Consultores, Santiago Giorgetta, dijo a Sputnik que "el mandato popular de Milei tiene poco que ver con lo que se anunció. No es la liberación de precios o la privatización de empresas públicas, sino la lucha contra la 'casta política' y la inflación. En el DNU no aparece ninguna medida que tienda al respecto".

"El oficialismo recién lleva 11 días en el Gobierno, y la sociedad ya tuvo una reacción opositora espontánea. Pareciera ser que el presidente que no está prestando atención a su contrato electoral, que es su principal respaldo ante la falta de mayorías propias en el Congreso", destacó el analista.

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