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Bajo desempleo pero alta informalidad: el desafiante cuadro laboral de Argentina

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La Villa 31 de Buenos Aires, en proceso de integración urbana para transformarse en Barrio 31 - Sputnik Mundo, 1920, 30.09.2023
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Casi el 50% de las personas ocupadas en el país no cuenta con derechos laborales básicos. Pese a que el desempleo está en niveles históricamente bajos, la mayoría de puestos laborales creados son de precarias condiciones. El reto del Estado y los sindicatos: ¿cómo proteger a los trabajadores informales? La respuesta desde la economía popular.
Modernización, flexibilización o, lisa y llanamente, precarización. El eufemismo resulta indistinto a la hora de abordar el complejo mercado laboral argentino, donde el otrora dominante modelo del trabajador que gozaba de garantías tales como la jornada de ocho horas, las vacaciones pagadas y los aportes para un retiro digno parecen haber quedado atrás.
Según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC), el 36,8% de los asalariados no cuenta con descuento jubilatorio, indicador por excelencia del empleo no registrado. A ese conjunto de 3,6 millones de personas se suman los 2,9 millones de cuentapropistas, considerados no asalariados, dado que facturan por sus "servicios", término formal bajo el cual puede encubrirse una relación de dependencia de hecho.
Contemplando ambos colectivos, el trabajo informal afecta a unas 6,5 millones de personas, casi la mitad del total de ocupados, que son 13,1 millones. El diagnóstico halla sustento en el informe de la Organización Internacional del Trabajo publicado en marzo de 2023, que asegura que el 45% de los trabajadores en Argentina son informales.
El dato del INDEC, basado en la Encuesta Permanente de Hogares del segundo trimestre del 2023 —aplicado sobre un universo de 29,4 millones de personas— se inscribe en un paradójico escenario en el que el desempleo continúa en niveles históricamente bajos, al haber descendido al 6,2%, es decir 0,7 puntos porcentuales por debajo del primer trimestre del año.
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Según el organismo gubernamental, entre los primeros tres meses del 2022 y el mismo período de 2023 creció tanto el número de asalariados formales como el de informales. Sin embargo, mientras que el primero subió 3,2%, el segundo lo hizo en un 6,3%. La conclusión está a la vista: en Argentina crece el empleo, pero mayoritariamente el no registrado, en el que los trabajadores no gozan de los derechos garantizados por ley.

Tendencia estructural

"Hoy el panorama muestra una informalidad creciente. El mercado laboral argentino se parece cada vez más al de los países de ingresos más bajos. El desempleo es bajo, pero la precariedad se mantiene en la estructura ocupacional", dice a Sputnik Ramiro Albrieu, investigador del área de Tecnologías y Futuro del Trabajo de la Red Sudamericana de Economía Aplicada Red Sur.
Pese a las ventajas relativas que ofrece el empleo formal —los derechos previstos—, el especialista hace hincapié en que el trabajo registrado tampoco es la panacea: "Estar en blanco [regularizado] ya no es garantía de estatus, a raíz de los bajos salarios. El propio concepto de formalidad como sinónimo de un trabajo decente también se cuestiona en el último tiempo".
La estadística sustenta la lectura del especialista. De acuerdo al INDEC, en el segundo trimestre de 2023 para integrar el 10% de personas más ricas de Argentina había que tener ingreso per cápita familiar por un mínimo de 175.750 pesos, unos 765 dólares al tipo de cambio oficial, 374 dólares al tipo de cambio paralelo.
Si bien en julio de 2023 el índice de salarios registrados había subido 119,5% de manera interanual —por encima del 113,4% de inflación acumulada—, esa foto no contempla los efectos de la devaluación del 20% anunciada en agosto.
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"Los datos acumulan un rezago de unos meses antes de que se profundizara la fragilidad económica después de la devaluación", explica a Sputnik Luis Campos, coordinador del Observatorio del Derecho Social de la Central de Trabajadores Argentinos Autónoma.

Mapa multicolor

El universo de trabajo informal es heterogéneo. Según Albrieu, "ya no hay un único mercado de trabajo, sino que aparecen dos grandes grupos: el de los oficios bien pagos, tecnológicos generalmente, y otro grupo de trabajos, cada vez más grande, que no cuenta con ninguna de las garantías. Todo va camino a segmentarse cada vez más".

"Es interesante que aparece la informalidad voluntaria en entornos de altos salarios, que prefieren la opacidad: por ejemplo, los sectores exportadores de servicios de alta calificación como los programadores. Pero son relativamente pequeños en comparación con los sectores informales más tradicionales, precarizados", explica el investigador.

Campos coincide con la lectura de su colega y agrega que "dentro de los no registrados hay una distribución salarial distinta. El 20% de los informales son empleados de casas particulares, con los ingresos más bajos de la economía. Junto al agropecuario, la construcción y el comercio minorista de baja escala explican la mitad del empleo informal".
"En Argentina no tenemos solamente una disparidad entre el capital y el trabajo, sino que hay un problema creciente hacia adentro del mercado laboral, en los salarios relativos entre trabajadores, incluso los no registrados", señala el analista de la central sindical.

Década bisagra

La expansión del trabajo no registrado tuvo como punto central al Gobierno de corte neoliberal de Carlos Menem (1989-1999), donde la apuesta por la apertura económica y consecuente desindustrialización impactó en diversas empresas que se vieron forzadas a cerrar, empujando a empleados registrados al sector informal.
"Hace tiempo los trabajos eran mayoritariamente formales, con garantía de seguridad social, vacaciones y sistemas de formación amparados por el Gobierno, que no existía en muchos otros países de la región. Desde la década de 1990 se potenció la precarización, que bajó los estándares hasta el nivel de otras economías más pequeñas", explica Albrieu.
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El investigador resalta que la tendencia se vio interrumpida años después, tras la explosión del modelo impuesto, lo que se materializó en la crisis del 2001: "Entre 2002 y 2011 la agenda laboral volvió a tener centralidad, y aparecieron iniciativas tendientes hacia la formalización de puestos de baja calificación. Si bien no revirtieron el panorama, lograron que la informalidad dejara de aumentar".
"Hay un vaso medio vacío y otro medio lleno, porque nunca se perforó el piso del 30%, que ahora volvió a subir. Pero durante la última década no hubo crecimiento económico, y todo eso profundiza el crecimiento de la precarización del empleo", apunta el analista.
Ante la persistencia del estancamiento económico iniciado hacia el 2012, sus efectos se sienten en los hogares. Según Albrieu, no solamente se corta la preciada movilidad social ascendente intergeneracional, sino que el ciclo se revirtió: "Lo que empieza a pasar ahora es la movilidad económica descendente: a los hijos de trabajadores precarizados les empieza a ir peor que a sus padres. Hoy hay trabajadores jóvenes informales que solo conocen la informalidad".

La brecha insalvable

En contextos de alta inflación como el que atraviesa Argentina —en agosto, la subida de precios fue del 12,4% y la interanual del 124,4%, ambos récords en 32 años—, la asimetría entre el poder de recomposición salarial de los trabajadores formales sindicalizados y de los informales queda de manifiesto de forma cruda.
Albrieu explica que "hoy el salario privado viene empatando y hasta ganando frente a la inflación. El sector público, también con gremios fuertes, está en una situación similar. Pero los no registrados acumulan pérdidas por hasta 20 puntos en los últimos cuatro años, después de la caída mayor ocurrida entre 2017 y 2019".

"No solamente no tienen herramientas institucionales para defenderse, sino que además son sectores que también tienen salarios muy bajos, y ese es un doble problema", remarca Luis Campos.

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El amparo provisto por las estructuras gremiales capaces de llevar a cabo negociaciones paritarias es reconocido por los propios sindicalistas. Consultado por Sputnik, el secretario general de la Federación de Trabajadores Aceiteros, Daniel Yofra, considera que "el sistema colectivo siempre dio mucho mayor resultado que el particular, donde cada trabajador queda solo".
"En 2020 tuvimos 22 días de huelga, y eso nos posibilitó sentarnos a una mesa de negociación totalmente distinta para que las empresas terminaran cediendo", explica el dirigente.
Cual círculo vicioso, la propia precarización laboral es la que atenta contra la capacidad de los sindicatos de lograr recuperar derechos perdidos por los caídos del mapa.
"Toda la informalidad obliga a los gremios a salir a pelear por esas personas para que se sumen a la masa trabajadora organizada, pero el sistema de contratación debilita totalmente a las organizaciones", sostiene Yofra.

La respuesta desde abajo

Que el empleo sea precario no supone la inexistencia de redes de contención colectivas. La denominada economía popular plantea la organización del empleo de los sectores informales con el fin de lograr mejoras en la calidad de vida.
"Los fenómenos de la economía popular son exactamente lo que se necesita como mecanismo de representación. De otra manera, los trabajadores y trabajadoras informales se quedan a la merced del peso del mercado", apunta Albrieu.
"Los representantes ya no son líderes sindicales, como en una fábrica, sino que son líderes sociales que atienden otras demandas", explica el analista.
El testimonio en primera persona resulta esclarecedor. "Lo primero que hay que reconocer es que en Argentina el mercado tiene tres patas: el sector privado, el público y la economía popular. Hoy tenemos a millones de personas por fuera del sistema formal laboral formal y el objetivo es construir un movimiento que las aglutine a todas", dice a Sputnik Dina Sánchez, secretaria general adjunta de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP),
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De acuerdo a las cifras de la organización, son más de 1,2 millones las personas representadas por la institución que en 2021 obtuvo la personería gremial en manos del Ministerio de Trabajo de la Nación.
El objetivo de fondo de la iniciativa apunta a superar las barreras que separan a la clase trabajadora del país, independientemente del régimen de contratación.
"Tenemos que volver a construir esa unidad obrera en su conjunto, sin diferenciar entre los registrados y los no registrados. Hoy el laburante tiene un trabajo en blanco, pero también sale a pedalear para una aplicación de delivery y llegar a fin de mes", sostiene Sánchez.

"Hay que resignar las luchas que se dieron hace tiempo cuando la Argentina estaba en sus años de oro, donde había un pleno empleo. Hoy la realidad obliga a pensar de otra manera: la economía popular llegó para quedarse", concluye la dirigente de UTEP.

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