"Argentina no puede ejercer una política económica soberana porque tiene que rendir cuentas al FMI"
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Sputnik Mundo
El cataclismo económico profundizado tras la devaluación exigida por el organismo constituye un capítulo más de un espinoso historial. Durante 67 años de... 29.08.2023, Sputnik Mundo
Dentro del mapa de dificultades que atraviesa el Gobierno argentino hay un actor que destaca por su incidencia en las decisiones. La inflamable devaluación del 20% convalidada por el oficialismo bajo presiones del Fondo Monetario Internacional (FMI) —cuyo impacto inflacionario ya llegó a los supermercados— es tan solo una muestra del peso del organismo en la política económica del país.Desde que Argentina se adhirió al FMI en 1956, el Estado suscribió 23 acuerdos con el organismo, constituyéndose en el mayor deudor de la historia de la entidad y en la nación que más tiempo se halló bajo su tutela. Durante 43 de los 67 años transcurridos desde el ingreso, la voluntad de la Casa Rosada fue sistemáticamente auditada por el staff del ente financiero multilateral.Cuando en 1958 el presidente Arturo Frondizi (1958-1962) solicitó el primer crédito stand by de 75 millones de dólares, pocos se imaginarían que el devenir del vínculo llevaría a que 65 años más tarde el Gobierno tuviera que reportar periódicamente sus resultados al Fondo."Argentina hoy no puede ejercer una política económica soberana porque necesariamente tiene que rendirle cuentas al Fondo de todo lo que hace", afirma ante Sputnik el historiador Alejandro Olmos Gaona, profesor de la cátedra sobre deuda externa de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires.El especialista se refiere al vigente acuerdo convalidado por el actual Gobierno en 2022 —y recientemente renegociado— para refinanciar la deuda contraída por el expresidente Mauricio Macri en 2018, por un monto de 45.000 millones de dólares, constituyendo el préstamo más alto en la historia del organismo.Sin embargo, alcanza con abstraerse de la estricta coyuntura para advertir los antecedentes que la historia reciente exhibe: entre 1982 y 2001 los sucesivos ministros de Economía se vieron obligados a negociar con la entidad cada una de las políticas instrumentadas.La década de 1990 fue la más prolífera en las relaciones con el organismo financiero, cuando la contracción de deuda se aceleró al calor del gobierno neoliberal de Carlos Menem (1989-1999), cuando se impuso la "convertibilidad", un esquema que establecía la paridad cambiaria entre el peso y el dólar. Junto con el endeudamiento, el proceso se completó con la masiva privatización de empresas públicas, a fin de obtener divisas para sostener el sistema. El propio FMI reconocería años más tarde que durante dicha etapa mantuvo una actitud "demasiado complaciente" con el país sudamericano, en base a la insostenibilidad de los créditos contraídos.Punto de quiebreEn diciembre del año 2000 tendría lugar el último acuerdo suscrito del periodo, el cual se suspendió abruptamente en 2001 y catalizaría la más trágica crisis económica y política de la democracia, que derivaría en la sucesión de cinco presidentes en 11 días, una contracción del Producto Bruto Interno (PIB) del 20% y un ascenso de la pobreza hasta el 50% de la población.El crédito contraído en aquel momento —cuando se tornaba inviable la paridad cambiaria— fue parte del denominado "blindaje" de las reservas del país, en el que el FMI desembolsaría 13.700 de los 40.000 millones de dólares que ingresarían a las arcas públicas para resguardar la economía."El blindaje fue una medida para proveer cierta espalda en la disponibilidad de divisas. Pero los vencimientos de la deuda vigentes eran tan enormes que el anuncio era absolutamente insuficiente. El Fondo no previó lo que iba a pasar, porque, si no, no le hubiera dado ese dinero al país", señala Olmos.El acuerdo contemplaba condiciones, como la reforma previsional, un drástico ajuste en el gasto público, la reestructuración de organismos estatales y la reducción de salarios y jubilaciones: el único destino del dinero sería el pago de deudas.Sin embargo, en diciembre de 2001 —en el momento de mayor tensión y descontento social hacia el Gobierno de Fernando de la Rúa (1999-2001)—, el FMI confirmó que no transferirá al país los 1.260 millones de dólares pactados, por no haber cumplido la meta de déficit cero. El anuncio fue la gota que rebasó el vaso y derivaría en la renuncia del presidente el día 21 de aquel mes."El rol del FMI fue desencadenante en la crisis, porque cuando anunció que denegaría los desembolso esperados, precipitó todavía más la fuga de capitales y se desató la crisis sociopolítica y económica que deriva en el corralito", dice a Sputnik la economista Noemí Brenta, investigadora y autora del libro Historia de la deuda externa argentina.Un "hasta luego" de 13 añosTras el sinuoso 2002 —bajo la presidencia de Eduardo Duhalde (2002-2003), quien desarmó el esquema de la convertibilidad del peso/dólar—, en 2003 asumiría la primera magistratura Néstor Kirchner (2003-2007), quien en diciembre del 2005 decidió utilizar las reservas del Banco Central para saldar la deuda remanente con el organismo, de 9.810 millones de dólares."Kirchner, que había asumido en condiciones de extrema fragilidad, notó que el Fondo exigía hasta la privatización del Banco Nación. Con ese límite, optó por pagar y terminar con la incidencia del organismo, a pesar del caudaloso monto de la deuda", explica Olmos.Entre aquel pago de 2005 y el crédito contraído durante el mandato de Mauricio Macri en 2018, el país no mantuvo relaciones con el FMI.La letra chicaNoemí Brenta apunta que "los planes de ajuste y estabilización siempre suponen una fuerte devaluación complementada con un ajuste fiscal que incide, sobre todo, en los más vulnerables porque no queda margen de acción para políticas de contención. Las consecuencias de las políticas del Fondo son las que explican el temor que genera en la sociedad".De acuerdo a la investigadora, el impacto de las "recetas" provistas por el organismo no siempre logran revertir el problema original que aspiraban a resolver: "La reducción real de los salarios genera una fuerte recesión que, si la economía ya estaba frenada, deviene en un aumento del desempleo y de la inflación porque, paradójicamente, el aumento del tipo de cambio producto de la devaluación también se traslada a los precios".La pregunta que sobrevuela cualquier análisis es concreta: ¿por qué, entonces, Argentina opta por el FMI como prestamista en lugar de buscar alternativas de financiamiento? Según Olmos, esto se debe a que el país es miembro del organismo, "por lo que tiene una cuota disponible para utilizar. Además, es la institución multilateral que menos tasa de interés cobra por los créditos".Sin embargo, resalta el especialista, la diferencia con respecto a instituciones como el Banco de América o el Banco de China radica en que el Fondo "exige un férreo control sobre la política económica, y ese es el punto fundamental".Por otro lado, los créditos otorgados apuntan a resolver urgencias de cortísimo plazo, en lugar de destinarlos a inversiones estratégicas. Olmos afirma que "la diferencia con el Banco Mundial (BM) o el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) consiste en que estos ejecutan créditos centrados en el desarrollo de proyectos e inversiones públicas, no en pagar a los acreedores".Una pieza clave en el tablero globalA diferencia de otros organismos internacionales —como las Naciones Unidas—, cuyo sistema se rige bajo el principio de "un país, un voto", en el FMI el mecanismo es de votación ponderada: el caudal de peso decisorio de cada nación depende de la cuota que tenga en la entidad, según el estatuto de la posguerra.De este modo, mientras que potencias como China, Japón y Alemania tienen una cuota de entre el 5% y el 6%, Estados Unidos posee nada menos que el 16,5%, por lo que detenta un virtual poder de veto, dado que para decisiones estructurales se requiere un 85% de consenso.Ambos investigadores coinciden en que los condicionamientos de la entidad revisten un carácter geopolítico, forzando a los países que acatan sus "recetas" a encasillarse en un rol funcional a los accionistas de la entidad. Ante el ingreso a los BRICS —el bloque integrado por Brasil, Rusia, la India, China y Sudáfrica, y ahora también Egipto, Etiopía, Arabia Saudí, Irán y Emiratos Árabes Unidos—, el Gobierno argentino ve con optimismo un potencial acercamiento al Nuevo Banco de Desarrollo del foro, como potencial fuente de financiamiento alternativa al FMI.
El cataclismo económico profundizado tras la devaluación exigida por el organismo constituye un capítulo más de un espinoso historial. Durante 67 años de relaciones, el país austral suscribió una cantidad récord de acuerdos con desenlaces poco felices. Según los especialistas, la entidad "ejecuta un condicionamiento económico y geopolítico".
Dentro del mapa de dificultades que atraviesa el Gobierno argentino hay un actor que destaca por su incidencia en las decisiones.
La inflamable devaluación del 20% convalidada por el oficialismo bajo presiones del Fondo Monetario Internacional (FMI) —cuyo impacto inflacionario ya llegó a los supermercados— es tan solo una muestra del peso del organismo en la política económica del país.
Desde que Argentina se adhirió al FMI en 1956, el Estado suscribió 23 acuerdos con el organismo, constituyéndose en el mayor deudor de la historia de la entidad y en la nación que más tiempo se halló bajo su tutela. Durante 43 de los 67 años transcurridos desde el ingreso, la voluntad de la Casa Rosada fue sistemáticamente auditada por el staff del ente financiero multilateral.
Cuando en 1958 el presidente Arturo Frondizi (1958-1962) solicitó el primer crédito stand by de 75 millones de dólares, pocos se imaginarían que el devenir del vínculo llevaría a que 65 años más tarde el Gobierno tuviera que reportar periódicamente sus resultados al Fondo.
El primer indicio que auguró la compleja relación entre Argentina y el FMI llegó de inmediato: en los 10 años posteriores desde la concreción del primer préstamo se suscitaron seis acuerdos de este tipo.
"Argentina hoy no puede ejercer una política económica soberana porque necesariamente tiene que rendirle cuentas al Fondo de todo lo que hace", afirma ante Sputnik el historiador Alejandro Olmos Gaona, profesor de la cátedra sobre deuda externa de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires.
"La incidencia está determinada porque se contrajo un empréstito que obliga al Estado nacional a una enorme transferencia de dinero para poder cancelar esa deuda, quedando a merced del Fondo", explica Olmos.
Sin embargo, alcanza con abstraerse de la estricta coyuntura para advertir los antecedentes que la historia reciente exhibe: entre 1982 y 2001 los sucesivos ministros de Economía se vieron obligados a negociar con la entidad cada una de las políticas instrumentadas.
La década de 1990 fue la más prolífera en las relaciones con el organismo financiero, cuando la contracción de deuda se aceleró al calor del gobierno neoliberal de Carlos Menem (1989-1999), cuando se impuso la "convertibilidad", un esquema que establecía la paridad cambiaria entre el peso y el dólar.
Junto con el endeudamiento, el proceso se completó con la masiva privatización de empresas públicas, a fin de obtener divisas para sostener el sistema. El propio FMI reconocería años más tarde que durante dicha etapa mantuvo una actitud "demasiado complaciente" con el país sudamericano, en base a la insostenibilidad de los créditos contraídos.
Punto de quiebre
En diciembre del año 2000 tendría lugar el último acuerdo suscrito del periodo, el cual se suspendió abruptamente en 2001 y catalizaría la más trágica crisis económica y política de la democracia, que derivaría en la sucesión de cinco presidentes en 11 días, una contracción del Producto Bruto Interno (PIB) del 20% y un ascenso de la pobreza hasta el 50% de la población.
El crédito contraído en aquel momento —cuando se tornaba inviable la paridad cambiaria— fue parte del denominado "blindaje" de las reservas del país, en el que el FMI desembolsaría 13.700 de los 40.000 millones de dólares que ingresarían a las arcas públicas para resguardar la economía.
"El blindaje fue una medida para proveer cierta espalda en la disponibilidad de divisas. Pero los vencimientos de la deuda vigentes eran tan enormes que el anuncio era absolutamente insuficiente. El Fondo no previó lo que iba a pasar, porque, si no, no le hubiera dado ese dinero al país", señala Olmos.
El acuerdo contemplaba condiciones, como la reforma previsional, un drástico ajuste en el gasto público, la reestructuración de organismos estatales y la reducción de salarios y jubilaciones: el único destino del dinero sería el pago de deudas.
Sin embargo, en diciembre de 2001 —en el momento de mayor tensión y descontento social hacia el Gobierno de Fernando de la Rúa (1999-2001)—, el FMI confirmó que no transferirá al país los 1.260 millones de dólares pactados, por no haber cumplido la meta de déficit cero.
"El rol del FMI fue desencadenante en la crisis, porque cuando anunció que denegaría los desembolso esperados, precipitó todavía más la fuga de capitales y se desató la crisis sociopolítica y económica que deriva en el corralito", dice a Sputnik la economista Noemí Brenta, investigadora y autora del libro Historia de la deuda externa argentina.
"El Fondo fue determinante. Si bien ya era imposible sostener la convertibilidad cambiaria, porque no había reservas suficientes, sin dudas el organismo precipitó la explosión social", agrega la especialista.
Un "hasta luego" de 13 años
Tras el sinuoso 2002 —bajo la presidencia de Eduardo Duhalde (2002-2003), quien desarmó el esquema de la convertibilidad del peso/dólar—, en 2003 asumiría la primera magistratura Néstor Kirchner (2003-2007), quien en diciembre del 2005 decidió utilizar las reservas del Banco Central para saldar la deuda remanente con el organismo, de 9.810 millones de dólares.
"Kirchner, que había asumido en condiciones de extrema fragilidad, notó que el Fondo exigía hasta la privatización del Banco Nación. Con ese límite, optó por pagar y terminar con la incidencia del organismo, a pesar del caudaloso monto de la deuda", explica Olmos.
"La decisión de pagarle al Fondo toda la deuda para sacarse de encima al acreedor más condicionante obedecía a un razonamiento simple: si ya no recibíamos nada del Fondo, ¿para qué seguir con ese acuerdo?", sostiene el historiador.
Entre aquel pago de 2005 y el crédito contraído durante el mandato de Mauricio Macri en 2018, el país no mantuvo relaciones con el FMI.
La letra chica
Noemí Brenta apunta que "los planes de ajuste y estabilización siempre suponen una fuerte devaluación complementada con un ajuste fiscal que incide, sobre todo, en los más vulnerables porque no queda margen de acción para políticas de contención. Las consecuencias de las políticas del Fondo son las que explican el temor que genera en la sociedad".
De acuerdo a la investigadora, el impacto de las "recetas" provistas por el organismo no siempre logran revertir el problema original que aspiraban a resolver: "La reducción real de los salarios genera una fuerte recesión que, si la economía ya estaba frenada, deviene en un aumento del desempleo y de la inflación porque, paradójicamente, el aumento del tipo de cambio producto de la devaluación también se traslada a los precios".
"El remedio a veces es peor que la enfermedad. Profundizar una recesión afecta la recaudación impositiva porque se produce menos. Entonces, no siempre se corrige el problema original", dice la economista.
La pregunta que sobrevuela cualquier análisis es concreta: ¿por qué, entonces, Argentina opta por el FMI como prestamista en lugar de buscar alternativas de financiamiento? Según Olmos, esto se debe a que el país es miembro del organismo, "por lo que tiene una cuota disponible para utilizar. Además, es la institución multilateral que menos tasa de interés cobra por los créditos".
Sin embargo, resalta el especialista, la diferencia con respecto a instituciones como el Banco de América o el Banco de China radica en que el Fondo "exige un férreo control sobre la política económica, y ese es el punto fundamental".
Por otro lado, los créditos otorgados apuntan a resolver urgencias de cortísimo plazo, en lugar de destinarlos a inversiones estratégicas. Olmos afirma que "la diferencia con el Banco Mundial (BM) o el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) consiste en que estos ejecutan créditos centrados en el desarrollo de proyectos e inversiones públicas, no en pagar a los acreedores".
"No se trata de fondos para invertir en el largo plazo, sino para soluciones inmediatas. Por eso exigen medidas tan drásticas: de ahí que busque garantías para el repago y, comúnmente, una reforma macroeconómica", dice el historiador.
A diferencia de otros organismos internacionales —como las Naciones Unidas—, cuyo sistema se rige bajo el principio de "un país, un voto", en el FMI el mecanismo es de votación ponderada: el caudal de peso decisorio de cada nación depende de la cuota que tenga en la entidad, según el estatuto de la posguerra.
De este modo, mientras que potencias como China, Japón y Alemania tienen una cuota de entre el 5% y el 6%, Estados Unidos posee nada menos que el 16,5%, por lo que detenta un virtual poder de veto, dado que para decisiones estructurales se requiere un 85% de consenso.
"El Fondo no es un organismo exclusivamente técnico, sino que modela la economía de acuerdo a los intereses de los principales países y de los grandes bancos de inversión", asegura Brenta.
Ante el ingreso a los BRICS —el bloque integrado por Brasil, Rusia, la India, China y Sudáfrica, y ahora también Egipto, Etiopía, Arabia Saudí, Irán y Emiratos Árabes Unidos—, el Gobierno argentino ve con optimismo un potencial acercamiento al Nuevo Banco de Desarrollo del foro, como potencial fuente de financiamiento alternativa al FMI.
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