De las maras a Miss Universo: la dramática reducción de homicidios en El Salvador
De las maras a Miss Universo: la dramática reducción de homicidios en El Salvador
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De ser considerado uno de los países más violentos del mundo, ahora El Salvador presenta una de las tasas de homicidio más bajas de América Latina. En junio... 17.08.2023, Sputnik Mundo
De acuerdo con datos de la Policía Nacional Civil (PNC), el año pasado este país centroamericano de apenas 21.000 kilómetros cuadrados registró una tasa de homicidio de 7,8 casos por cada 100.000 habitantes, la quinta más baja de América Latina.Este año se estima que la cifra pueda ser de 2,2 homicidios por cada 100.000 habitantes, según afirmó el pasado 1 de agosto el presidente salvadoreño, Nayib Bukele, en su cuenta de la red social X, antes Twitter.La cifra respectiva al 2022 representa una disminución acelerada con respecto a la tasa de 103 homicidios por cada 100.000 habitantes que El Salvador presentó en 2015, la tasa más alta de los últimos 12 años, de acuerdo con las estadísticas de la PNC.Si se toma en cuenta la tasa de 7,8 homicidios por cada 100.000 habitantes en 2022, El Salvador se encuentra entre los cinco países de América Latina con la tasa de asesinatos más baja, junto con Chile (4,2 por cada 100.000 habitantes), Nicaragua (6,7), Paraguay (7,6) y Surinam (7,8), de acuerdo con datos del portal especializado Insight Crime, que cita a organismos e instituciones de seguridad y estadística de cada uno de los países evaluados.En cuanto al promedio de homicidios diarios, la cifra en El Salvador pasó de 18,2 en 2015 a 1,4 en 2022, según las estadísticas de la policía nacional. Y en los primeros siete meses de 2023, la corporación reporta un promedio de 0,39 asesinatos al día.Una guerra frontal Académicos y activistas de esta nación centroamericana consultados por Sputnik explican que este desplome drástico en el número de homicidios se debe a acciones de las fuerzas de seguridad llevadas a cabo en los últimos años, condensadas en el llamado Control Territorial, un plan de distintas fases que declara una guerra frontal a las pandillas conocidas como maras.En las elecciones legislativas del 28 de febrero de 2021, Nuevas Ideas, el partido del presidente Bukele, obtuvo el 66,4% de los votos y 56 de los 84 escaños de la Asamblea legislativa –una mayoría calificada– que le permitió profundizar el plan Control Territorial y, un año más adelante, la instauración del régimen de excepción, decretado en marzo de 2022.Con la mayoría absoluta de Nuevas Ideas, la Asamblea Legislativa destituyó el 1 de mayo a cinco magistrados de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. "Eran los cancerberos de la corrupción aquí en El Salvador y eran los principales violadores de la Constitución", acusa el investigador y académico en una entrevista con Sputnik.La Asamblea quitó también de su puesto al fiscal general Raúl Melara, un abogado militante del partido Arena que, de acuerdo con el doctor Martínez, "protegía y mantenía" la corrupción. Y también "depuraron" a jueces a quienes calificaron como "corruptos" en un Poder Judicial que, a decir del académico salvadoreño, no había esperanza de que cambiara.El doctor Martínez Peñate explica las cinco primeras fases del plan Control Territorial que ha permitido al país centroamericano abatir los índices delincuenciales.El estado de excepciónEl Plan Control Territorial, explica el investigador y académico, fue en parte posible por el régimen de estado de excepción decretado el 27 de marzo, un día después de que se registraran 62 asesinatos en el país centroamericano, en lo que fue considerado como el día más violento desde la firma de los acuerdos de paz entre el Gobierno y la entonces guerrilla del FMLN en enero de 1992."Aquí se respetan y se protegen los derechos humanos de las personas honradas y decentes dentro del Plan Control Territorial y el estado de excepción", afirma el académico.Sin embargo, para la doctora Amparo Marroquín Parducci, profesora investigadora de la Universidad Centroamericana (UCA) de El Salvador, el régimen de excepción ha permitido capturas masivas sin investigación policial y sin un juicio que permita saber si las personas son culpables.La medida, que en principio fijaba un plazo de 30 días, pero sigue vigente hasta hoy –un año y cuatro meses después—suspende los derechos y garantías constitucionales regulados en los artículos 7, 12, 13, 24, y 29 de la Constitución de la República. En el inciso segundo, este artículo estipula que "la persona detenida debe ser informada de manera inmediata y comprensible, de sus derechos y de las razones de su detención, no pudiendo ser obligada a declarar. Se garantiza al detenido la asistencia de defensor en las diligencias de los órganos auxiliares de la administración de justicia y en los procesos judiciales, en los términos que la ley establezca".El artículo 13 afirma que "ningún órgano gubernamental, autoridad o funcionario podrá dictar órdenes de detención o de prisión si no es de conformidad con la ley, y estas órdenes deberán ser siempre escritas". Recientemente, la Asamblea Legislativa aprobó una nueva ampliación del estado de excepción en el país, la décimo séptima ocasión desde la instauración de este régimen en marzo de 2022."Hay remanentes y existen, cuando ya no existan esos remanentes, ya no se justifica porque ya no es causa para que exista el estado de excepción", explica el académico, quien recuerda que a principios de agosto se instauró un cerco militar con 7.000 efectivos de la policía y el Ejército en el departamento Cabañas, una zona rural y accidentada, donde fueron capturados más de 50 pandilleros con armas, pertrechos y droga.Pagan justos por pecadoresLa doctora Marroquín explica que los operativos llevados a cabo por las fuerzas de seguridad han ocurrido en determinadas zonas del país que "se sabía que estaban controladas por las pandillas" y en las que se captura sobre todo a hombres jóvenes."Hay una gran estigmatización de ser joven y de ser pobre. No te puedo decir que a mis compañeras de la universidad las capturaron, pero sí te puedo decir que a las hijas de la trabajadora del hogar que vive en una colonia popular sí las han capturado por el hecho de ser jóvenes", dice Lauri Cristina García, escritora y periodista salvadoreña de 43 años, quien vivió en México, pero que tiene tres años de haber regresado a su país.Lauri Cristina explica que la percepción de la violencia y sobre todo de la movilidad es muy diferente a los quinquenios anteriores. "Lo cierto es que antes de este Gobierno hubo un Gobierno de izquierda que dejó una deuda histórica de no atajar el problema de los homicidios y de la violencia”, dice García en una entrevista con Sputnik. "Puedo decir que yo misma puedo ir a una colonia donde, de joven, jamás pensé que iba a poder ir, ni pasar enfrente, y que una de mis preocupaciones ya no son, como mujer adulta, verme en medio de un de un disturbio provocado por una pandilla, pero también puedo decirte que tengo conocidos que han sido apresados injustamente". Otra medida que se tomó, explica la doctora Marroquín, fue la habilitación de una línea telefónica para que cualquier persona pudiera denunciar de manera anónima a otras personas que consideraba que eran pandilleros."El ciudadano estaba huérfano, estaba solo", dice Martínez Peñate, pero en este plan Control Territorial ahora las personas ya denuncian porque las instituciones, especialmente las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional Civil, se ha ganado la credibilidad y confianza de la población porque hoy a ellos les consta que realmente están combatiendo el crimen organizado y no "como en el pasado"."El salvadoreño no tenía la libertad de movilizarse incluso dentro de su misma colonia, mucho menos pasar de una colonia a otra ni de un departamento a otro; es decir, prácticamente estábamos en cautiverio total de los grupos delincuenciales y ahora con esta quinta fase del Plan Control Territorial, las personas realmente han sido liberadas", enfatiza el académico de la Universidad de El Salvador.El saldo de las detencionesDe acuerdo con datos hechos públicos por Gustavo Villatoro, ministro de Justicia y Seguridad, un total de 66.417 personas fueron detenidas durante el primer año del régimen de excepción (del 27 de marzo de 2022 al 27 de marzo de 2023) bajo la presunción de ser personas relacionadas con las pandillas.La organización defensora de los derechos humanos Cristosal recibió en este lapso de tiempo denuncias de 3.403 personas que, en su gran mayoría (94%), acusan detenciones arbitrarias por parte de la Policía Nacional Civil y otros cuerpos de seguridad. De estas, el mayor porcentaje son hombres (85,5%), seguido de mujeres (13,9%). Del total de víctimas, el 58,7% se encuentran entre las edades de 18 a 30 años, y 1,2% son menores entre 12 y 17 años, según un reporte de la organización sobre el régimen de excepción publicado en marzo de este año.El ministro Villatoro confirmó el 7 de noviembre del 2022, que hasta esa fecha se contabilizaban 90 muertos en centros penales, en el marco del régimen de excepción. Asimismo, expresó que "en todo el sistema penitenciario hay muertes" y que todos los años se morían reos. También afirmó que todas las muertes estaban siendo investigadas por la PNC y la Fiscalía General de la República; no obstante, a la fecha no se han hecho públicos los resultados de tales investigaciones.Cristosal pudo documentar, a través de entrevistas con familiares de las víctimas, casos de 139 personas que han muerto bajo custodia estatal, entre el 27 de marzo de 2022 y el 27 de marzo de 2023, 4 son mujeres y 135 hombres.Seguridad integralPara la doctora Marroquín, el desplome del número de homicidios es un indicador importante, pero este único dato no permite hacer una evaluación integral de la política de seguridad. "El derrumbe de homicidios no está diciendo que se alcanzó un estado de seguridad permanente y no transitorio", apunta la investigadora, quien sugiere revisar también, por ejemplo, las tasas de desaparecidos y la manera en cómo los feminicidios han aumentado.Para la investigadora, los Gobiernos de países centroamericanos están aplicando políticas de seguridad "cortoplacistas" que son, dice, las que permiten a cualquier político ganar elecciones.Popularidad por los cielos La disminución de homicidios en El Salvador ha sido constante desde 2015, pero se ha acelerado en la administración de Bukele, quien llegó al cargo en junio de 2019, y cuya popularidad ha aumentado en paralelo a la disminución de los homicidios y a la implementación de planes de seguridad como la Operación Control Territorial. Según la última medición de la encuesta CID Gallup, publicada el pasado 20 de junio, el presidente Bukele era en ese momento el mandatario mejor evaluado de América Latina, con un 90% de aprobación de su gestión, por arriba del presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador (75%), de Rodrigo Chaves, de Costa Rica (71%) y de Luis Abinader, de la República Dominicana.Otras casas encuestadoras en El Salvador han reflejado esta aceptación. Por ejemplo, la encuesta de coyuntura de marzo de 2023 de la Fundación Guillermo Manuel Ungo, reflejó un 85,2% de aprobación al régimen por la población encuestada ; también el Instituto de Opinión Pública (IUDOP) de la Universidad Centroamericana llevó a cabo una encuesta para evaluar el régimen de excepción tras un año, en la cual se le otorgó una nota favorable de 7,92.“La aceptación del régimen de excepción es entendible considerando que la disminución de los homicidios y la mutación de la operatividad de las pandillas a modalidades más clandestinas, han generado una percepción de seguridad que agradecen comunidades victimizadas por la violencia atroz de estos grupos durante muchos años”, dice el informe de Cristosal.Una nueva vida En este sentido, Marroquín explica que aun cuando las decisiones de política de seguridad son electorales y pueden ser controversiales, responden a una demanda de muchas personas en El Salvador.“Una política de seguridad como la que ha tenido el presidente Bukele tiene un impacto territorial muy importante”, afirma Marroquín. “Más allá de la reducción de homicidios, quizá el más importante es el impacto en la vida cotidiana de las comunidades, que en cierto momento no podían transitar libremente, tenían que pagar peaje como extorsión para poder movilizarse, apenas sobrevivían, y en este momento empiezan a encontrar un alivio muy grande en toda su vida cotidiana (...)”.Julio César Osegueda, secretario de la Asociación de Comerciantes e Industriales Salvadoreños, destaca que las políticas de seguridad del Gobierno han permitido un mejor clima para hacer negocios, pero sobre todo, han liberado a muchos pequeños y medianos empresarios del yugo de la extorsión.Para Osegueda, que encabeza una asociación con entre 30 y 50 afiliados, principalmente pequeños y medianos empresarios, los comerciantes e industriales no se han visto afectados por las políticas de seguridad del presidente Bukele. "Seguimos haciendo nuestro trabajo normal, la policía no nos pide ningún tipo de documento adicional, no hay una interferencia", afirma el dirigente empresarial.Para el secretario de la ACIS, las políticas de seguridad han derivado en fenómenos interesantes en materia de empleo. Por ejemplo, dice, el tema de horas extras. “Antes era muy peligroso para las personas, el aceptar trabajar en horas nocturnas precisamente por la delincuencia (...) había personas que vivían muy lejos de su lugar de trabajo, y a veces les era difícil presentarse a su jornada normal por lo mismo, temas de delincuencia. Ahora que hay un ámbito de seguridad, hay mayor presencia, hay menos incidencia de personas que piden permiso”, afirma Osegueda.Generando una narrativaPara la doctora Marroquín Parducci, parte del apoyo al presidente Bukele tiene que ver con la manera en cómo el Gobierno ha construido una serie de narrativas digitales que ayuda a posicionar la imagen del mandatario. “Una narrativa, para mí muy importante, es la cristiana pentecostalista en donde el presidente Bukele es un elegido por Dios, justamente para liberar a la sociedad salvadoreña de ese flagelo y para liberar a todos aquellos que necesitan ser liberados de ese mal”.“Ocho meses y gracias a Dios les estamos ganando (…) nadie creía que podíamos ganar la guerra contra las pandillas en tan solo unos meses, nadie (..) Él (Dios) decidió hacerlo en este año y nosotros somos el instrumento para sanar esta tierra (...) para sanar, literalmente, el lugar más peligroso del mundo”, dijo Bukele el 24 de noviembre pasado.En un video publicado el 26 de julio en la plataforma YouTube por el influencer conocido como @GoAmiGo titulado Puse a prueba el lugar más seguro de Latinoamérica, el joven deja su teléfono celular en una plaza del centro de San Salvador a la una de la madrugada y se aleja del sitio. "Nadie se lo llevó", exclama. "Creo que si yo hubiera hecho este experimento en mi ciudad ya no tendría celular", agrega. El video tenía hasta este jueves 17 de agosto 3,9 millones de vistas.
De ser considerado uno de los países más violentos del mundo, ahora El Salvador presenta una de las tasas de homicidio más bajas de América Latina. En junio celebró los XXIV Juegos Centroamericanos en los que hubo estadios llenos y ahora se prepara para albergar el certamen de Miss Universo el próximo 18 de noviembre.
De acuerdo con datos de la Policía Nacional Civil (PNC), el año pasado este país centroamericano de apenas 21.000 kilómetros cuadrados registró una tasa de homicidio de 7,8 casos por cada 100.000 habitantes, la quinta más baja de América Latina.
Este año se estima que la cifra pueda ser de 2,2 homicidios por cada 100.000 habitantes, según afirmó el pasado 1 de agosto el presidente salvadoreño, Nayib Bukele, en su cuenta de la red social X, antes Twitter.
La cifra respectiva al 2022 representa una disminución acelerada con respecto a la tasa de 103 homicidios por cada 100.000 habitantes que El Salvador presentó en 2015, la tasa más alta de los últimos 12 años, de acuerdo con las estadísticas de la PNC.
Si se toma en cuenta la tasa de 7,8 homicidios por cada 100.000 habitantes en 2022, El Salvador se encuentra entre los cinco países de América Latina con la tasa de asesinatos más baja, junto con Chile (4,2 por cada 100.000 habitantes), Nicaragua (6,7), Paraguay (7,6) y Surinam (7,8), de acuerdo con datos del portal especializado Insight Crime, que cita a organismos e instituciones de seguridad y estadística de cada uno de los países evaluados.
Tasa de homicidios en El Salvador (PNC)
*Estimado
2015
103
2016
81
2017
60
2018
50
2019
36
2020
20
2021
18,1
2022
7,8
2023*
2,2
En cuanto al promedio de homicidios diarios, la cifra en El Salvador pasó de 18,2 en 2015 a 1,4 en 2022, según las estadísticas de la policía nacional. Y en los primeros siete meses de 2023, la corporación reporta un promedio de 0,39 asesinatos al día.
Una guerra frontal
Académicos y activistas de esta nación centroamericana consultados por Sputnik explican que este desplome drástico en el número de homicidios se debe a acciones de las fuerzas de seguridad llevadas a cabo en los últimos años, condensadas en el llamado Control Territorial, un plan de distintas fases que declara una guerra frontal a las pandillas conocidas como maras.
Tasa de homicidio en países latinoamericanos en 2022
Venezuela
40,4
Honduras
35,8
Colombia
26,1
Ecuador
25,9
México
25,2
Belice
25
Brasil
19
Guatemala
17,3
Guyana
15,1
Costa Rica
12,2
Panamá
11,5
Uruguay
11,2
El Salvador
7,8
Surinam
7,8
En las elecciones legislativas del 28 de febrero de 2021, Nuevas Ideas, el partido del presidente Bukele, obtuvo el 66,4% de los votos y 56 de los 84 escaños de la Asamblea legislativa –una mayoría calificada– que le permitió profundizar el plan Control Territorial y, un año más adelante, la instauración del régimen de excepción, decretado en marzo de 2022.
“Aquí el pueblo salvadoreño llegó al hartazgo de la delincuencia, de la corrupción institucionalizada, de los partidos de Arena [Alianza Republicana Nacionalista] y del FMLN [Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional] y de los anteriores”, dice Oscar Martínez Peñate, doctor en ciencias sociales por la universidad de El Salvador y maestro en gobernanza democrática y alta gerencia pública por la Universidad Complutense de Madrid.
Con la mayoría absoluta de Nuevas Ideas, la Asamblea Legislativa destituyó el 1 de mayo a cinco magistrados de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. "Eran los cancerberos de la corrupción aquí en El Salvador y eran los principales violadores de la Constitución", acusa el investigador y académico en una entrevista con Sputnik.
La Asamblea quitó también de su puesto al fiscal general Raúl Melara, un abogado militante del partido Arena que, de acuerdo con el doctor Martínez, "protegía y mantenía" la corrupción. Y también "depuraron" a jueces a quienes calificaron como "corruptos" en un Poder Judicial que, a decir del académico salvadoreño, no había esperanza de que cambiara.
El doctor Martínez Peñate explica las cinco primeras fases del plan Control Territorial que ha permitido al país centroamericano abatir los índices delincuenciales.
1.
Atacar las zonas geográficas donde había mayor control de las pandillas, sus santuarios, que eran 22 municipios donde había la mayor criminalidad.
2.
Recuperación del tejido social y económico en zonas vulnerables para lo que se destinaron 258 millones de dólares.
3.
Modernización de los equipos y armamento de la Policía Nacional Civil y la Fuerza Armada para lo que se destinaron 210 millones de dólares y aumento en el número de elementos de las fuerzas armadas para lograr tener un soldado prácticamente por cada pandillero en el país.
4.
Incursión en los territorios dominados por los remanentes de las pandillas para mejor control.
5.
Implementación de cercos de seguridad en comunidades conocidas como centros de distribución de drogas con miles de efectivos militares y de la Policía Nacional Civil y extracción de delincuentes.
El estado de excepción
El Plan Control Territorial, explica el investigador y académico, fue en parte posible por el régimen de estado de excepción decretado el 27 de marzo, un día después de que se registraran 62 asesinatos en el país centroamericano, en lo que fue considerado como el día más violento desde la firma de los acuerdos de paz entre el Gobierno y la entonces guerrilla del FMLN en enero de 1992.
"En El Salvador, al igual que en casi todos los países de América Latina, prevalecían los derechos de los delincuentes sobre los de las víctimas, ese era un serio problema; es decir, que eran capturados y eran librados al siguiente día o a los dos días; a esa situación se le puso punto final", afirma el doctor Martínez.
"Aquí se respetan y se protegen los derechos humanos de las personas honradas y decentes dentro del Plan Control Territorial y el estado de excepción", afirma el académico.
Sin embargo, para la doctora Amparo Marroquín Parducci, profesora investigadora de la Universidad Centroamericana (UCA) de El Salvador, el régimen de excepción ha permitido capturas masivas sin investigación policial y sin un juicio que permita saber si las personas son culpables.
"Ha permitido en efecto encarcelar a muchos criminales, aunque también encarcelar a otro tipo de personas que no son criminales, pero que han sido víctimas de la situación", afirma la profesora del Departamento de Comunicación y Cultura de la UCA, en una entrevista con Sputnik.
La medida, que en principio fijaba un plazo de 30 días, pero sigue vigente hasta hoy –un año y cuatro meses después—suspende los derechos y garantías constitucionalesregulados en los artículos 7, 12, 13, 24, y 29 de la Constitución de la República.
El artículo 7, por ejemplo, señala que los habitantes de El Salvador tienen "derecho a asociarse libremente y a reunirse pacíficamente y sin armas para cualquier objeto lícito".
El artículo 12 señala que "toda persona a quien se impute un delito, se presumirá inocente mientras no se pruebe su culpabilidad conforme a la ley y en juicio público, en el que se le aseguren todas las garantías necesarias para su defensa".
En el inciso segundo, este artículo estipula que "la persona detenida debe ser informada de manera inmediata y comprensible, de sus derechos y de las razones de su detención, no pudiendo ser obligada a declarar. Se garantiza al detenido la asistencia de defensor en las diligencias de los órganos auxiliares de la administración de justicia y en los procesos judiciales, en los términos que la ley establezca".
El artículo 13 afirma que "ningún órgano gubernamental, autoridad o funcionario podrá dictar órdenes de detención o de prisión si no es de conformidad con la ley, y estas órdenes deberán ser siempre escritas".
Recientemente, la Asamblea Legislativa aprobó una nueva ampliación del estado de excepción en el país, la décimo séptima ocasión desde la instauración de este régimen en marzo de 2022.
"El estado de excepción es lo que va a facilitar la captura de los terroristas y se justifica", dice el doctor Martínez.
"Hay remanentes y existen, cuando ya no existan esos remanentes, ya no se justifica porque ya no es causa para que exista el estado de excepción", explica el académico, quien recuerda que a principios de agosto se instauró un cerco militar con 7.000 efectivos de la policía y el Ejército en el departamento Cabañas, una zona rural y accidentada, donde fueron capturados más de 50 pandilleros con armas, pertrechos y droga.
La doctora Marroquín explica que los operativos llevados a cabo por las fuerzas de seguridad han ocurrido en determinadas zonas del país que "se sabía que estaban controladas por las pandillas" y en las que se captura sobre todo a hombres jóvenes.
"Hay más posibilidades de que te capturen si eres hombre, si eres joven, si eres tatuado, si eres rapado, de cierto nivel socioeconómico, normalmente de los sectores más populares (...)", dice la profesora, que realizó estudios en ITESO de Guadalajara, México, y es profesora visitante en la UCA Nicaragua; Flacso en Quito, Ecuador, y la Universidad de Málaga en España entre otras.
"Hay una gran estigmatización de ser joven y de ser pobre. No te puedo decir que a mis compañeras de la universidad las capturaron, pero sí te puedo decir que a las hijas de la trabajadora del hogar que vive en una colonia popular sí las han capturado por el hecho de ser jóvenes", dice Lauri Cristina García, escritora y periodista salvadoreña de 43 años, quien vivió en México, pero que tiene tres años de haber regresado a su país.
Promedio de homicidios diarios (PNC)
2015
18,2
2016
14,5
2017
10,9
2018
9,2
2019
6,6
2020
3,7
2021
3,1
2022
1,4
Lauri Cristina explica que la percepción de la violencia y sobre todo de la movilidad es muy diferente a los quinquenios anteriores. "Lo cierto es que antes de este Gobierno hubo un Gobierno de izquierda que dejó una deuda histórica de no atajar el problema de los homicidios y de la violencia”, dice García en una entrevista con Sputnik. "Puedo decir que yo misma puedo ir a una colonia donde, de joven, jamás pensé que iba a poder ir, ni pasar enfrente, y que una de mis preocupaciones ya no son, como mujer adulta, verme en medio de un de un disturbio provocado por una pandilla, pero también puedo decirte que tengo conocidos que han sido apresados injustamente".
Otra medida que se tomó, explica la doctora Marroquín, fue la habilitación de una línea telefónica para que cualquier persona pudiera denunciar de manera anónima a otras personas que consideraba que eran pandilleros.
"Ahí es donde empieza a haber una serie de matices porque una denuncia anónima no permite saber si es que estoy denunciando a un vecino con el que yo he tenido problemas, que estoy denunciando, por ejemplo, a un prestamista que me está cobrando plata; entonces, lo denuncio como pandillero", comenta la académica de la UCA.
"El ciudadano estaba huérfano, estaba solo", dice Martínez Peñate, pero en este plan Control Territorial ahora las personas ya denuncian porque las instituciones, especialmente las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional Civil, se ha ganado la credibilidad y confianza de la población porque hoy a ellos les consta que realmente están combatiendo el crimen organizado y no "como en el pasado".
"El salvadoreño no tenía la libertad de movilizarse incluso dentro de su misma colonia, mucho menos pasar de una colonia a otra ni de un departamento a otro; es decir, prácticamente estábamos en cautiverio total de los grupos delincuenciales y ahora con esta quinta fase del Plan Control Territorial, las personas realmente han sido liberadas", enfatiza el académico de la Universidad de El Salvador.
El saldo de las detenciones
De acuerdo con datos hechos públicos por Gustavo Villatoro, ministro de Justicia y Seguridad, un total de 66.417 personas fueron detenidas durante el primer año del régimen de excepción (del 27 de marzo de 2022 al 27 de marzo de 2023) bajo la presunción de ser personas relacionadas con las pandillas.
La organización defensora de los derechos humanos Cristosal recibió en este lapso de tiempo denuncias de 3.403 personas que, en su gran mayoría (94%), acusan detenciones arbitrarias por parte de la Policía Nacional Civil y otros cuerpos de seguridad. De estas, el mayor porcentaje son hombres (85,5%), seguido de mujeres (13,9%). Del total de víctimas, el 58,7% se encuentran entre las edades de 18 a 30 años, y 1,2% son menores entre 12 y 17 años, según un reporte de la organización sobre el régimen de excepción publicado en marzo de este año.
Esta madrugada, capturamos a 4 terroristas, que eran parte de un grupo armado que delinquía en Cabañas; dirigidos por el cebo y garrobito (capturados ayer).
Trataban de huir pero fueron interceptados en la carretera Longitudinal del Norte, Chalatenango. pic.twitter.com/0eOkSUpncX
El ministro Villatoro confirmó el 7 de noviembre del 2022, que hasta esa fecha se contabilizaban 90 muertos en centros penales, en el marco del régimen de excepción. Asimismo, expresó que "en todo el sistema penitenciario hay muertes" y que todos los años se morían reos. También afirmó que todas las muertes estaban siendo investigadas por la PNC y la Fiscalía General de la República; no obstante, a la fecha no se han hecho públicos los resultados de tales investigaciones.
Cristosal pudo documentar, a través de entrevistas con familiares de las víctimas, casos de 139 personas que han muerto bajo custodia estatal, entre el 27 de marzo de 2022 y el 27 de marzo de 2023, 4 son mujeres y 135 hombres.
Seguridad integral
Para la doctora Marroquín, eldesplome del número de homicidios es un indicador importante, pero este único dato no permite hacer una evaluación integral de la política de seguridad. "El derrumbe de homicidios no está diciendo que se alcanzó un estado de seguridad permanente y no transitorio", apunta la investigadora, quien sugiere revisar también, por ejemplo, las tasas de desaparecidos y la manera en cómo los feminicidios han aumentado.
“En este momento, no tenemos condiciones para afirmar que esto es permanente. Me parece que esto no tiene que ver con que si la gente va a estar presa o no va a estar presa, sino que tiene que ver con las posibilidades que la población en general tiene de acceder a una vida más digna; es decir, que para una política de seguridad mucho más integral tenemos que desplazarnos y revisar, por ejemplo, los niveles de desigualdad que hay en el país que son muy altos (...)”, dice la profesora.
Para la investigadora, los Gobiernos de países centroamericanos están aplicando políticas de seguridad "cortoplacistas" que son, dice, las que permiten a cualquier político ganar elecciones.
📍Colón, La Libertad
Estamos desplegados en las zonas donde hay cajeros automáticos y centros financieros, cuidando de la población para que realice sus actividades sin ningún incidente. pic.twitter.com/GJBpcGLmyt
La disminución de homicidios en El Salvador ha sido constante desde 2015, pero se ha acelerado en la administración de Bukele, quien llegó al cargo en junio de 2019, y cuya popularidad ha aumentado en paralelo a la disminución de los homicidios y a la implementación de planes de seguridad como la Operación Control Territorial.
Según la última medición de la encuesta CID Gallup, publicada el pasado 20 de junio, el presidente Bukele era en ese momento el mandatario mejor evaluado de América Latina, con un 90% de aprobación de su gestión, por arriba del presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador (75%), de Rodrigo Chaves, de Costa Rica (71%) y de Luis Abinader, de la República Dominicana.
Otras casas encuestadoras en El Salvador han reflejado esta aceptación. Por ejemplo, la encuesta de coyuntura de marzo de 2023 de la Fundación Guillermo Manuel Ungo, reflejó un 85,2% de aprobación al régimen por la población encuestada ; también el Instituto de Opinión Pública (IUDOP) de la Universidad Centroamericana llevó a cabo una encuesta para evaluar el régimen de excepción tras un año, en la cual se le otorgó una nota favorable de 7,92.
𝗙𝘂𝗲𝗻𝘁𝗲: Encuestas de Opinión Pública de #CIDGallup, metodología de llamadas a teléfonos celulares o entrevistas cara a cara, con muestra mínima de 1200 ciudadanos en cada país, margen de error ±2.8 puntos (nivel de confianza 95%) realizadas entre mayo y junio 2023. pic.twitter.com/7bU5cTOrF4
“La aceptación del régimen de excepción es entendible considerando que la disminución de los homicidios y la mutación de la operatividad de las pandillas a modalidades más clandestinas, han generado una percepción de seguridad que agradecen comunidades victimizadas por la violencia atroz de estos grupos durante muchos años”, dice el informe de Cristosal.
En este sentido, Marroquín explica que aun cuando las decisiones de política de seguridad son electorales y pueden ser controversiales, responden a una demanda de muchas personas en El Salvador.
“Una política de seguridad como la que ha tenido el presidente Bukele tiene un impacto territorial muy importante”, afirma Marroquín. “Más allá de la reducción de homicidios, quizá el más importante es el impacto en la vida cotidiana de las comunidades, que en cierto momento no podían transitar libremente, tenían que pagar peaje como extorsión para poder movilizarse, apenas sobrevivían, y en este momento empiezan a encontrar un alivio muy grande en toda su vida cotidiana (...)”.
Julio César Osegueda, secretario de la Asociación de Comerciantes e Industriales Salvadoreños, destaca que las políticas de seguridad del Gobierno han permitido un mejor clima para hacer negocios, pero sobre todo, han liberado a muchos pequeños y medianos empresarios del yugo de la extorsión.
“Pedían cantidades de dinero periódicas, mensuales, quincenales, a veces hasta semanales a distintos comerciantes; entonces, ya no tener que pagar la renta, ya no tener el temor de que va a haber alguna persona que va a arremeter en contra del comerciante, de su familia es también una tranquilidad y es algo muy importante para el país”, dice Osegueda en una entrevista con Sputnik.
Para Osegueda, que encabeza una asociación con entre 30 y 50 afiliados, principalmente pequeños y medianos empresarios, los comerciantes e industriales no se han visto afectados por las políticas de seguridad del presidente Bukele. "Seguimos haciendo nuestro trabajo normal, la policía no nos pide ningún tipo de documento adicional, no hay una interferencia", afirma el dirigente empresarial.
Para el secretario de la ACIS, las políticas de seguridad han derivado en fenómenos interesantes en materia de empleo. Por ejemplo, dice, el tema de horas extras. “Antes era muy peligroso para las personas, el aceptar trabajar en horas nocturnas precisamente por la delincuencia (...) había personas que vivían muy lejos de su lugar de trabajo, y a veces les era difícil presentarse a su jornada normal por lo mismo, temas de delincuencia. Ahora que hay un ámbito de seguridad, hay mayor presencia, hay menos incidencia de personas que piden permiso”, afirma Osegueda.
Generando una narrativa
Para la doctora Marroquín Parducci, parte del apoyo al presidente Bukele tiene que ver con la manera en cómo el Gobierno ha construido una serie de narrativas digitales que ayuda a posicionar la imagen del mandatario. “Una narrativa, para mí muy importante, es la cristiana pentecostalista en donde el presidente Bukele es un elegido por Dios, justamente para liberar a la sociedad salvadoreña de ese flagelo y para liberar a todos aquellos que necesitan ser liberados de ese mal”.
“Ocho meses y gracias a Dios les estamos ganando (…) nadie creía que podíamos ganar la guerra contra las pandillas en tan solo unos meses, nadie (..) Él (Dios) decidió hacerlo en este año y nosotros somos el instrumento para sanar esta tierra (...) para sanar, literalmente, el lugar más peligroso del mundo”, dijo Bukele el 24 de noviembre pasado.
Muchos de los que dicen defender los “derechos humanos”, solo defienden los derechos de los delincuentes, pero no los derechos de este padre y su hija.
¿Por qué? ¿Cuál es su verdadera intención? ¿Para quién trabajan? ¿No les hierve la sangre al ver esto? https://t.co/zPhkoGyByR
En un video publicado el 26 de julio en la plataforma YouTube por el influencer conocido como @GoAmiGo titulado Puse a prueba el lugar más seguro de Latinoamérica, el joven deja su teléfono celular en una plaza del centro de San Salvador a la una de la madrugada y se aleja del sitio. "Nadie se lo llevó", exclama. "Creo que si yo hubiera hecho este experimento en mi ciudad ya no tendría celular", agrega. El video tenía hasta este jueves 17 de agosto 3,9 millones de vistas.
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