"Anticiparse a las críticas": la estrategia de Petro tras la imputación de su hijo

En medio del escándalo por la imputación de su hijo, el presidente Gustavo Petro envió a la Corte Suprema de Justicia sus tres candidatas para renovar el cargo de fiscal general. En diálogo con Sputnik, el politólogo Daniel Prieto aseguró que el mandatario quiso "anticiparse a críticas" con tres mujeres con experiencia en combatir la corrupción.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, envió a la Corte Suprema de Justicia sus tres candidatas para suceder al actual fiscal general, Francisco Barbosa, quien culmina su mandato en febrero de 2024.

El mandatario anunció su terna el 2 de agosto, un día después de que su hijo Nicolás Petro fuera imputado por la Fiscalía General de la Nación por un delito de lavado de activos y enriquecimiento ilícito.

El documento con la propuesta presidencial incluyó un párrafo final donde se solicita a la Corte la designación de un fiscal ad hoc para este caso, con el objetivo de que no hayan dudas respecto de la transparencia de sus candidatas.

"El Gobierno, incluso el mismo presidente, se intenta deslindar de lo que ocurre en la vida política de Nicolás Petro (el hijo del mandatario). Lo que hace Gustavo Petro es llamar a la independencia de la institucionalidad y de la transparencia pública sobre el proceso de su propio hijo", dijo a Sputnik el politólogo Daniel Prieto.

El experto remarcó que el presidente colombiano intentó también anticiparse a eventuales críticas y acusaciones que sugirieran que sus candidatas podrían encontrarse en una posición de conflicto de interés a la hora de investigar a su hijo.

"Lo que más llama la atención es que la terna se pronuncie un día después de la imputación de cargos y el compromiso del hijo del presidente en colaborar con la justicia", aseguró el analista.

Según Prieto, el presidente colombiano busca "anticiparse" a los cuestionamientos y, al mismo tiempo, abrir un debate público en torno al perfil de las tres mujeres escogidas.

El mandatario incluyó a Angela María Buitrago, Amparo Cerón y Amelia Pérez como candidatas y anunció que las tres letradas "tienen un denominador común: todas arriesgaron su vida por defender los derechos de los seres humanos en el peor momento del genocidio desatado en Colombia".

Para Daniel Prieto, el presidente también busca defender políticas anticorrupción —que han sido centrales en su plan de Gobierno— así como insistir en la independencia de los tres poderes del Estado, como una forma de diferenciarse del manejo que han realizado anteriores administraciones.

La imparcialidad del actual fiscal Barbosa, que fue postulado por el entonces presidente Iván Duque, ha sido duramente cuestionada luego de que se revelara su afinidad política con el exmandatario, a quien consideraba un "amigo de hace más de 25 años" y a su vez ligado ideológicamente al expresidente Álvaro Uribe.

De acuerdo a la prensa local, antes de ser designado como fiscal general, Barbosa se había desempeñado como consejero presidencial en materia de derechos humanos durante la administración de Duque. Además, el letrado mantenía una amistad con el político, dado que fueron compañeros en la universidad.

Candidatas independientes y con experiencia

Para Prieto, las tres candidatas propuestas por el Gobierno mantienen una clara intención de ser independientes del jefe del Ejecutivo colombiano.

"Las tres tienen una amplia experiencia de varias décadas en la Fiscalía y han estado a cargo de casos judiciales de mucha controversia y simbólicamente reconocidos en el país", destacó el especialista.

Ángela María Buitrago es conocida por haber trabajado en el caso de la toma del Palacio de Justicia en 1985 —producida por el Movimiento 19 de abril y seguida por una reacción de la Policía y el Ejército—, un caso "muy reconocido" que incluyó investigaciones sobre desapariciones forzadas.

La letrada logró destrabar el caso en 2008 y acusar a varios generales y coroneles por las responsabilidades frente a desapariciones realizadas durante la retoma del Palacio.

Buitrago también tuvo un papel destacado en las investigaciones realizadas sobre interceptaciones ilegales que ocurrieron en el Departamento Administrativo de Seguridad durante la Administración de Álvaro Uribe (2002-2010). Además, concretó condenas en casos relacionados con la parapolítica, por lo que "es muy simbólico el lugar que ocupa", destacó Prieto.

Además, formó parte del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) que articuló la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para investigar la desaparición de 43 normalistas en Ayotzinapa, Guerrero, ocurrida en septiembre de 2014.

Amelia Pérez, en tanto, fue la fiscal delegada de la Unidad de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de la Fiscalía y desde ese lugar investigó diversas masacres, como la de El Aro, ocurrida en 1997, y la de Trujillo, perpetrada entre 1986 y 1994.

Por su trabajo e investigación sobre la responsabilidad paramilitar, recibió amenazas de cabecillas de las Autodefensas Unidas de Colombia, como Carlos Castaño y Salvatore Mancuso —a quien actualmente el Gobierno busca designar como gestor de paz—. La letrada debió exiliarse en Canadá en 2003.

Amparo Cerón, por su parte, tuvo a su cargo la investigación por los millonarios sobornos que ofreció la constructora Odebrecht a funcionarios públicos en Colombia, a cambio de la asignación de contratos.

Prieto remarcó que, a su vez, el caso involucra incluso la campaña electoral de 2014. La Fiscalía colombiana imputó recientemente al excandidato Óscar Iván Zuluaga por corrupción tras recibir financiación de la multinacional para su campaña.

"Es la candidata más controversial dentro de esta terna porque ella fue apartada del cargo por Francisco Barbosa. Termina renunciando en 2022 de manera irrevocable a la Fiscalía y luego saltamos a 2023, donde vuelve a retomarse este caso emblemático que envuelve al candidato presidencial del Centro Democrático", rememoró Prieto.

"Las tres figuras son fundamentales por estos casos emblemáticos y por lo que significan también para el avance de las investigaciones que vienen dándose de hechos de corrupción, de la participación de empresas, de la participación de partidos políticos y también de temas que tienen que ver con el conflicto armado interno", aseguró el politólogo consultado por Sputnik.

Para el experto es posible que el anuncio anticipado de las candidatas genere un debate público sobre la trayectoria y la viabilidad de las aspirantes al cargo, aunque también esto mismo podría generar modificaciones en la terna durante los próximos seis meses. A su vez, que no se haya postulado a un candidato hombre podría suponer un obstáculo para mantener la terna.

"Hoy día no sabemos si esto está incurriendo en un tipo de falta sobre la ley de paridad y de cuotas que se fijó hace unos años atrás, hay algunas críticas a los efectos de que si es necesario que haya un hombre ternado para la fiscalía, eso todavía no se ha llegado a determinar", manifestó Prieto.

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