Sistema de cuotas para migrantes venezolanos podría coaccionar derecho a movilidad

CARACAS (Sputnik) — El sistema de cuotas entre los países de la región para recibir a los migrantes venezolanos propuesto por el presidente de Chile, Gabriel Boric, podría restringir y coaccionar el derecho a la movilidad contemplado en la Carta de Naciones Unidas, dijo a la Agencia Sputnik el diputado de este país caribeño Julio Chávez.

"Creemos que eso pudiera generar una situación de estimular procesos de movilidad restringidos con alguna coacción, pero esperemos que esa propuesta que hace el presidente de Chile se pueda debatir o inscribir en lo que establece la carta de las Naciones Unidas y el derecho a la movilidad", expresó Chávez integrante del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV).

Boric señaló el 14 de marzo que conversó con mandatarios de la región para crear un sistema de cuotas para la migración venezolana, de manera que esta, dijo, no recaiga solo sobre unos pocos países.

"La crisis migratoria de Venezuela no puede recaer solo en un grupo de países, en este caso Colombia, Perú y Chile, por eso he hablado con mandatarios de diferentes países de América Latina para que demos una discusión y generar un sistema de cuotas, justamente para descomprimir esta situación", indicó.

El parlamentario señaló que aunque su país respeta la decisión del Gobierno chileno, dijo que el derecho a la movilidad está por encima de cualquier disposición.

"Hay un derecho fundamental reconocido en las Naciones Unidas, que es el derecho a la movilidad, ese derecho está por encima de cualquier disposición. El hecho de limitar a una cuota, o restringir un derecho humano fundamental, creo que debe ser observado en función a que se coloca al margen de lo que establece la carta de las Naciones Unidas como derecho fundamental", acotó.

Boric manifestó que Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay y también Bolivia, deberían solidarizarse con la migración venezolana.

En septiembre pasado, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) pidió al Gobierno chileno la implementación de un plan que respete los derechos humanos, luego de que cientos de migrantes venezolanos fueron agredidos en esa nación.

En ese entonces, los Carabineros de Chile (policía militarizada) desalojaron por la fuerza a un grupo de más de cien familias venezolanas migrantes que pernoctaban en una plaza y se negaban a salir, en la ciudad de Iquique (norte).

Esta plaza estuvo ocupada durante meses por cientos de familias venezolanas que llegaron a Chile y que no lograron encontrar un trabajo, una vivienda o la posibilidad de viajar a la capital.

Por su parte, el presidente Nicolás Maduro prometió reforzar este plan Vuelta a la Patria para facilitar el regreso de los migrantes que han sufrido xenofobia en países receptores.

No obstante, Maduro denunció en reiteradas ocasiones que la Agencia de la ONU para los Refugiados y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) se niegan a prestar ayuda para repatriar migrantes de su país.

En 2019, el mandatario pidió a la ONU 200 millones de dólares para repatriar a sus connacionales, debido a que no cuenta con suficientes aviones para el traslado de estos ciudadanos.

De acuerdo con la Cancillería, a través del Plan Vuelta a la Patria retornaron más de 27.000 connacionales, desde que inició el programa en 2018.

Según el Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados (ACNUR) seis millones de personas han salido de Venezuela en los últimos años.

Sin embargo, Maduro calificó esa cifra como una mentira.

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