Denuncia en la justicia boliviana contra el carnet de vacunación anti-COVID

LA PAZ (Sputnik) — Iglesias evangélicas y otros grupos plantearon ante la justicia boliviana la anulación de dos decretos que obligan a presentar carnet de vacunación o prueba PCR negativa de COVID-19 para ingresar a lugares públicos, denunciándolos como contrarios a derechos humanos.

"Planteamos un recurso de acción popular para dejar sin efecto los decretos supremos 4640 y 4641, [que] se constituyen en decretos atentatorios y vulneratorios de derechos y garantías fundamentales", dijo a reporteros el abogado Gabriel Justiniano, representante de los demandantes.

La demanda fue descalificada de inmediato por el ministro de Justicia, Iván Lima, quien insistió en el argumento oficial de que la vacunación sigue siendo voluntaria y que quienes no tienen carnet de inmunización pueden presentar alternativamente una prueba PCR.

Demanda

La demanda de acción popular -un recurso que exige a las autoridades el cumplimiento de la Constitución- fue presentada por el presidente de la Asociación de Iglesias Evangélicas, Luis Aruquipa, el exlíder sindical Jaime Solares, dos médicos conocidos por usar el dióxido de cloro para combatir el COVID-19 y un comité cívico de la ciudad de El Alto, dijo Justiniano.

El abogado explicó que el recurso judicial argumenta que la exigencia de carnet de vacunación constituiría en la práctica una forma de obligar a la inmunización, lo que consideró contrario a normas constitucionales que protegen el derecho ciudadano a decidir sobre cuestiones como la salud.

"Estamos defendiendo la libertad de las personas, la libertad de culto y la libertad de disposición de cada persona sobre su cuerpo, además del derecho a acceder a servicios como bancos y hospitales sin necesidad de ningún carnet de vacunación", afirmó Justiniano.

La exigencia de carnet de vacunación atenta también contra el derecho al trabajo de los no vacunados, remarcó.

Añadió que esperaba que la audiencia sobre la demanda se realice a más tardar la próxima semana en una sala constitucional de La Paz.

El ministro Lima respondió, según un informe de la agencia estatal de noticias ABI, que los decretos sobre el carnet de vacunación se ajustaban "estrictamente" a la Constitución, protegiendo el derecho colectivo a la salud sin afectar las libertades individuales.

"Pensamos que no existen argumentos constitucionales jurídicos y sí una serie de falacias, de mentiras, de medias verdades, que no aplican y que definitivamente van a ser respondidas por el Gobierno nacional en todos tribunales donde seamos convocados", aseguró Lima.

Reiteró que la vacunación es voluntaria y ha sido aceptada ya por la mayoría de la población boliviana "pese a la campaña de grupos que aisladamente están buscando confundir, tergiversar y mostrar realidades que no existen".

La exigencia de carnet de vacunación o prueba PCR negativa de COVID-19 para acceder a lugares públicos o de concentración de personas está vigente desde el 1 de enero, como respuesta de urgencia a la explosión de una cuarta ola de contagios con el nuevo coronavirus.

La medida ha provocado un fuerte aumento de la demanda de vacunas y pruebas de COVID-19.