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Una mujer en la Corte Suprema de Argentina, el reclamo de Amnistía Internacional

© Sputnik / Francisco LucottiMiles de mujeres reclamaron frente al Palacio de Tribunales para exigir acciones al Estado para frenar los femicidios
Miles de mujeres reclamaron frente al Palacio de Tribunales para exigir acciones al Estado para frenar los femicidios
 - Sputnik Mundo, 1920, 02.12.2021
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Organizaciones de derechos humanos en Argentina, con la ONG de alcance global como firmante, le escribieron una carta al presidente nacional, Alberto Fernández, presentada el 29 de noviembre. Piden que se nomine y designe una magistrada en el máximo tribunal, hoy conformado por cuatro hombres, conforme al equilibrio de género exigido por ley.
Elena Highton de Nolasco, de 78 años, integrante de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de Argentina desde 2004, presentó su renuncia el 1 de noviembre de 2021. Desde entonces, la cúpula del Poder Judicial quedó integrada por Horacio Rosatti (presidente), Carlos Rosenkrantz (vicepresidente), Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti.
La Sección Argentina de la ONG global Amnistía Internacional envió una carta al presidente, Alberto Fernández, el lunes 29 de noviembre, en conjunto con otras organizaciones de derechos humanos y de políticas de género locales, para demandar que la vacante sea ocupada necesariamente por una mujer.
"Estamos bastante preocupadas de que el próximo nombramiento que se haga en reemplazo no sea una mujer. No lo pedimos por capricho, son compromisos internacionales que el Estado argentino asumió", dijo a Sputnik Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina.
Un mes después de iniciar su mandato como presidente, Néstor Kirchner (2003-2007) decretó que se realice un procedimiento público con participación ciudadana para designar a nuevos ministros de la CSJ cuando se hubieran creado vacantes. Estableció que se tome en consideración en la medida de lo posible el equilibrio de género y de representatividad federal.
Esta instancia debe desarrollarse previa a la designación presidencial y al acuerdo del Senado en audiencia pública, establecido por la Constitución nacional. Según el decreto, deben publicarse los nominados en el plazo máximo de 30 días desde iniciada la vacante, que venció el 30 de noviembre.
Desde 2006, se dictaminó que el tribunal estuviera integrado por cinco jueces. Además de Highton, solo una otra mujer integró la Corte desde el regreso de la democracia posterior a la última dictadura cívico-militar (1976-1983): Carmen Argibay, quien fue magistrada desde 2005 hasta su fallecimiento en 2014.
"Recordemos que hasta 2004 no había habido una sola mujer en la historia de la Corte y ese decreto lo que hace es comprometerse a que las haya. Una composición masculina perpetúa la exclusión histórica de las mujeres en los estamentos de mayor jerarquía del país, y sobre todo en la Justicia", resaltó la abogada y activista.

Techos de cristal

De acuerdo con lo informado por el Mapa de Género 2020 de la Oficina de la Mujer de la CSJ, las mujeres integran el 56% de todo el sistema del Poder Judicial, pero sólo ocupan el 31% de los cargos jerárquicos.
Según reportó el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), el ejercicio del Derecho se ha convertido, mayoritariamente, en una profesión femenina: 60% de las egresadas de las facultades de Derecho de todo el país son mujeres, pero no logran alcanzar ni el 25% de los cargos de rango más alto entre las autoridades judiciales a nivel federal. En 2020, solo hubo una jueza cada tres en las cámaras nacionales y federales y una mujer cada dos varones en las magistraturas.
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Argentina cuenta con una Ley de Paridad de Género, vigente desde 2017, para la representación política en las listas de candidatos al Congreso, pero no existe otro ámbito público, privado ni en el ámbito sindical donde se cumplan con los cupos y otras medidas de acción positiva para romper con los 'techos de cristal'.
"Eso refuerza el privilegio de los varones en ser los últimos intérpretes de la Constitución nacional con una mirada con necesidades e intereses particularmente masculinos. El principio de igualdad y no discriminación, presente en la carta magna, obliga al Estado a fomentar este tipo de medidas de paridad en los espacios de poder político", comentó Belski.
La referente de Amnistía Internacional Argentina pidió que no solo se nomine y nombre a una mujer sino que destacó la importancia de que sea una profesional docta en asuntos de derechos humanos, identidad y violencia de género, como lo establece la Ley Micaela, que establece la capacitación obligatoria para los funcionarios de los tres poderes del Estado.
"En nuestro país hay numerosas juristas que satisfacen los requisitos para integrar ese tribunal, hay muchas mujeres prestigiosas que han probado tener estándares éticos y profesionales sobresalientes, con compromiso con los derechos", aseguró la letrada.
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Algunas de las precandidatas que, se especula, podrían integran la terna son Florencia López, vicegobernadora de la provincia de La Rioja (centro-oeste); Claudia Sbdar, presidenta del Tribunal Superior de Justicia de la provincia de Tucumán (noroeste); y Marisa Herrera, quien integró el consejo de expertos redactor del proyecto de reforma del Código Civil de 2015 que fue la candidata argentina al Comité de la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW).
Amnistía Internacional firmó el documento en conjunto con ELA, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), la Fundación para el Estudio e Investigación para la Mujer (FEIM), el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) y la campaña internacional por la paridad de género judicial Gqual.
"La experiencia en América latina y en nuestro país nos muestra que los momentos de mayor participación política de las mujeres en espacios de decisión han coincidido en la elaboración y desarrollo de estándares que protegen y garantizan especialmente los derechos de las mujeres", enfatizó Belski.
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