Recelo internacional ante elecciones en Nicaragua

MANAGUA (Sputnik) — No todos comparten el entusiasmo que emana del oficialismo en Nicaragua de cara a las elecciones presidenciales del 7 de noviembre: organizaciones internacionales no solo cuestionan el proceso, sino hasta la salud del Estado de Derecho del país.

De hecho, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) ordenó el jueves a Nicaragua liberar a varios opositores detenidos en los últimos meses, entre ellos los principales rivales del presidente, Daniel Ortega, quien va por una nueva reelección.

Entre los detenidos destaca Cristiana María Chamorro, periodista y precandidata independiente a la presidencia, cargo que ocupó su madre, Violeta Barrios, quien derrotó al propio Ortega en los comicios de 1990.

Las aspiraciones de Chamorro se vieron truncadas el pasado 2 de junio, cuando fue detenida bajo cargos de "traición a la patria" y presunto lavado de dinero, y desde entonces está incomunicada.

ONU y OEA cuestionan

También la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) expresó sus reticencias respecto a la jornada electoral que vivirá el país centroamericano este 7 de noviembre.

Para la Acnudh, la cancelación del partido Ciudadanos por la Libertad (CxL) y otras formaciones opositoras, despojadas de su personalidad jurídica, contravienen los principios de unas "elecciones libres y justas".

A su vez, el Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA) aprobó hace dos semanas una resolución sobre la "Situación en Nicaragua", en la que reitera el pedido de liberación de los opositores detenidos.

También manifestó su "grave preocupación" porque las autoridades nicaragüenses ignoran todos los llamados internacionales a la celebración de elecciones "libres y justas", e instó al Gobierno sandinista a aplicar los principios de la Carta Democrática Interamericana.

Legitimidad en duda

Además de la OEA, la Unión Europea también le exigió a Managua "elecciones, libres, competitivas y transparentes", de lo cual se infiere que no creen que estos comicios cumplan con tales pautas.

En su reciente paso por Lima, el jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, afirmó que estas elecciones serán un "fake" (farsa), porque Ortega encarceló "a todos los contendientes".

A lo interno, la Conferencia Episcopal de Nicaragua denunció la falta de garantías democráticas en estos comicios, con los principales aspirantes presidenciales presos, el tribunal electoral controlado por Ortega y presuntas irregularidades que deslegitiman el proceso.

El observatorio internacional Human Rights Watch (HRW) expresó además su preocupación por las denuncias de detenciones arbitrarias, falta de independencia judicial, así como violaciones a la libertad de prensa y expresión, y de los derechos políticos, humanos y ciudadanos.

¿Qué dice el Gobierno?

A todas estas, el Gobierno de Nicaragua insiste en la legitimidad de todo el proceso electoral y sus instituciones, y cuestionó empero la imparcialidad de informes como el presentado a la OEA por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Según la administración sandinista, la mencionada sesión del Consejo Permanente de la OEA sigue un "guion malvado, manipulador y notoriamente sesgado".

"En ocasiones anteriores hemos mostrado claramente los hechos que se planifican y desarrollan contra nuestro país, y hemos venido denunciando y señalando con total claridad a los elementos usados para cada ocasión", afirmó el Gobierno en un reciente comunicado.

El pronunciamiento sostiene que Nicaragua "ha sido, es y aparentemente seguirá siendo, objeto de ataques sostenidos" contra su institucionalidad, soberanía nacional e integridad territorial, como ocurrió durante las manifestaciones antigubernamentales de abril de 2018.

El texto alega que ningún informe sobre irregularidades en los comicios nicaragüenses recoge el testimonio de "las personas o entidades que sufrieron en piel y alma la maldad y el odio" de los opositores durante las protestas que el Gobierno tildó de intento de golpe de Estado.

Este domingo, unos 4,5 millones de nicaragüenses están habilitados para elegir presidente y vicepresidenta para el periodo 2022-2027, así como a 92 diputados a la Asamblea Nacional y a 20 al Parlamento Centroamericano.