Homicidios, inseguridad y violencia en Argentina, la cara más fea de la crisis

Asaltos y asesinatos han generado en los últimos días un clima de miedo y hartazgo en Argentina. Los vecinos demandan acciones porque las cifras oficiales muestran un recrudecimiento de la violencia después de terminado el aislamiento por la pandemia, pero todavía se está lejos de los peores momentos de los últimos 20 años.

Durante el mes de octubre, Argentina vivió una seguidilla de escenas de violencia en las calles que provocaron muertes y que despertaron la preocupación y la indignación de la sociedad por la inseguridad manifestada en los robos con armas.

El 12 de octubre, Gonzalo Refi, comerciante de 32 años, fue emboscado por delincuentes que lo asesinaron a tiros dentro de su auto en la vía pública. Esa misma noche, Rodrigo Becker, policía de 41 años, recibió dos disparos cuando intentó resistirse a que le roben la moto, afuera de su domicilio.

Al día siguiente, Lucas Cansino, de 17 años, fue apuñalado cuando dos jóvenes le quisieron robar en su camino a la escuela a plena luz del día. El 17 de este mes, Maximiliano Guzmán, de 16 años, murió después de que uno de los dos asaltantes que lo interceptaron en la calle le disparó para robarle un abrigo.

Estos casos, que tuvieron cobertura mediática pero no son los únicos, se produjeron en el conurbano bonaerense, la extensión de mancha urbana que rodea la ciudad de Buenos Aires, una de las zonas más complejas por su contraste social y grandes carencias, donde se concentra una tercera parte de la población de Argentina.

"Hay un montón de factores; por un lado, el tema político, por otro, el judicial y el policial. Si hay decisión política se trabaja en conjunto, si no pagamos las consecuencias nosotros los ciudadanos. Estamos preocupados en todo sentido", dijo a Sputnik Rubén Carballo, fundador de la ONG Comisión de Acompañamiento de Familiares de Víctimas, que trabaja en La Matanza, distrito al oeste de la capital argentina, el más densamente poblado del país, con más de un millón de habitantes.

El 24 de octubre, un grupo de familiares de víctimas se presentó en las puertas de la Casa Rosada, sede del Poder Ejecutivo nacional, en el centro de la ciudad de Buenos Aires, en reclamo de justicia y seguridad. También hubo movilizaciones de familiares y vecinos en Quilmes, localidad del sur del conurbano, donde vivía y fue asesinado Lucas Cansino.

La preocupación social ocurre en medio de tensiones entre el titular de la cartera de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, quien representa el ala más dura del oficialismo, a favor de medidas más contundentes contra la delincuencia como el uso de pistolas Taser, y otros sectores del Gobierno nacional, más cautos con la aplicación del uso legítimo de la fuerza institucional por la posible vulneración a los derechos humanos.

Según cifras de la Procuración bonaerense, los robos con armas aumentaron 8% entre 2016 y 2019, con un declive durante 2020. La alarma y la presión política llevó a que un sector del oficialismo presentara el 21 de octubre un proyecto de ley para agravar las penas contra delitos que incluyan armas de fuego, así como para la portación ilegal.

La violencia como termómetro social

Es importante diferenciar entre el impacto inevitable que tiene la tragedia de un homicidio y la inseguridad como fenómeno general.

Argentina tuvo en 2020 una tasa anual de 5,3 homicidios por cada 100.000 habitantes y un total de 2.415 víctimas, según el Sistema Nacional de Información Criminal (SNIC). Se trata de una de las cifras más bajas de los últimos 20 años, idéntica a 2018 y solo mayor al 5,1 de 2019.

Esta tasa tuvo su pico de 9,7 a nivel nacional en 2002, cuando se superó los 3.500 homicidios, y comenzó a bajar para luego tener otra cúspide de 7,6 en 2014.

Aún no hay datos para 2021, pero se da por sentado una subida posterior a la pandemia, por el aumento de la circulación y el empeoramiento de las condiciones socioeconómicas, después de un período de números a la baja.

El promedio anual de muertes nacionales vinculadas a la inseguridad tuvo una reducción de 21% durante el Gobierno de Mauricio Macri (2015-2019) en comparación al del segundo mandato de Cristina Fernández de Kirchner (2011-2015), que a su vez había tenido un aumento de 19% comparado con su primer período (2007-2011).

En la provincia de Buenos Aires, la tasa fue idéntica a la nacional en 2020 (5,3), un empate que no se producía desde 2006. Cabe destacar que en ambos casos subió, lo que preocupa al conjunto de la sociedad.

En la serie histórica, el distrito bonaerense muestra índices de homicidios dolosos generalmente por encima del promedio nacional. En números totales de las últimas dos décadas, los asesinatos bonaerenses representan entre 40 y 55% del total del país.

A diferencia de las cifras de delitos generales, que en países en desarrollo suelen ser subregistradas por la falta de denuncias policiales, los homicidios cuentan con un datos más certero porque hay un cadáver y son manejados por fiscalías especializadas. Más difícil de medir es la inseguridad en general.

A diferencia de lo que sucede con los homicidios, las tasas de robos y hurtos a nivel nacional muestran una constante desde 2008, con un pico marcado en 2014. Comenzaron nuevamente a dispararse a partir de 2017 para acercarse en 2019 a cifras similares al pico anterior, correspondiente a la crisis socioeconómica potenciada por el Gobierno de Macri. En la provincia de Buenos Aires, 2019 fue el peor en este sentido desde 2003.

Un problema complejo

El Gobierno bonaerense presentó un último informe de gestión que detalla que las cifras de hechos delictivos relacionados a la inseguridad tuvieron una caída en meses de cuarentena por el confinamiento, pero volvieron en 2021 a niveles prepandémicos,

Destacaron que aumentaron los crímenes vinculados a la violencia intrafamiliar y barrial. Hubo un aumento de 7% anual en la suma de delitos registrados por el Ministerio de Seguridad provincial.

Carballo, referente de la ONG de acompañamiento a víctimas del delito y quien perdió a su hijo adolescente en 2009 por un hecho de represión policial, insistió en identificar como factores determinantes, por un lado, la corrupción policial, generadora de impunidad y de la aprehensión de falsos culpables.

"No vemos conducción en la Policía, un sector hace lo que puede y el otro se vincula con el narcotráfico, con la delincuencia. Es terrible la situación, estamos peor que antes", aseguró.

Por otro lado, vinculó el hecho de que, desde el inicio de la pandemia, el Gobierno nacional inició un proceso de desaturación en las unidades del Sistema Penitenciario, luego de 10 años de un proceso de sobrepoblación, profundizada por el uso desmedido de la prisión preventiva.

Si bien hubo casos de reincidencia evidenciados por la prensa, no hay datos que certifiquen que este sea un factor determinante.

Según un informe de agosto de 2021 de la Procuración Penitenciaria nacional, "la moderada disminución de la población privada de su libertad en las cárceles federales durante la emergencia sanitaria es el resultado del egreso de las personas [por cumplimiento de condena y derivación a prisión domiciliaria], pero también de la reducción de los ingresos."

Además de los femicidios que no se detienen y que ocurren cada 25 horas, diversos casos de homicidios no relacionados a la inseguridad también fueron el centro de atención de la opinión pública en el último mes, en que se percibió una escalada en las muertes como consecuencia de disputas entre individuos, batallas entre grupos y conflictos entre vecinos.

El 9 de octubre, Cristian Chanampa, de 16 años, murió de un disparo en la cabeza durante una batalla entre dos pandillas a la salida de una fiesta en una casa. El 16 de octubre, Cristian Rodríguez, de 25 años, fue asesinado a balazos por su vecino en una discusión afuera de las viviendas de ambos.

La madrugada del domingo 17, un joven de 19 años llamado Kevin fue apuñalado en medio de una lucha a puños que era videograbada por otros presentes afuera de una fiesta. Ese mismo día, Alan Barreto, de 19 años, fue asesinado de un tiro en el pecho cuando caminaba por su barrio. Todos estos casos ocurrieron en la provincia de Buenos Aires.

Rosario, un caso aparte

En la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe (centro), capital de la violencia por narcotráfico, son 187 los asesinatos en lo que va de 2021 y fueron 11 en octubre. El homicidio de Joaquín Pérez, un arquitecto de 34 años, quien murió asesinado el 19 de octubre en la puerta de su casa, generó repudio social y una marcha de vecinos para reclamar mayor seguridad en la ciudad.

Rosario, la tercera ciudad más poblada de la Argentina, tiene una tasa de homicidios de 16 por cada 100.000 habitantes, tres veces más alta que el promedio nacional. Tuvo en 2020 la mayor cifra de asesinatos desde 2015, con un total de 212 y un aumento de 26% anual, según el Observatorio de Seguridad Pública (OSP) de la provincia de Santa Fe.

A números de septiembre de 2021, hubo 322 heridos con armas de fuego en la ciudad de Santa Fe, capital provincial, y 629 en Rosario, una estadística viene en aumento en relación a 2020, lo que confirma la complejización de la situación.

En Rosario, seis de cada 10 homicidios están relacionados con enfrentamientos entre bandas y ataques de sicarios, mientras que los homicidios por robo no llegan al 2% del total. En la capital provincial, Santa Fe, las muertes asociadas al narcotráfico son menos del 15% del total de homicidios, y siete de cada 10 crímenes están relacionados a conflictos interpersonales.

El Gobierno nacional confirmó que desplegará 575 efectivos de las fuerzas federales en la provincia y el establecimiento de una unidad móvil de Gendarmería en Rosario, dedicada a la temática de lucha contra el narcotráfico y el delito complejo. Arribarán a la ciudad otros 1.000 efectivos hasta marzo de 2022.