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La UE busca una agricultura más ecosostenible: ¿será viable aplicar la reforma de la PAC en España?

© Foto : Pixabay / cosmicartVista sobre un olivar
Vista sobre un olivar - Sputnik Mundo, 1920, 29.06.2021
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El país podrá recibir 47.724 millones de euros hasta 2027 de los fondos de la Política Agraria Común (PAC). Pero el cumplimiento de los requisitos medioambientales para tratar de impulsar una agricultura más sostenible puede ser una traba para la viabilidad del sector, denuncian las organizaciones agrarias.
El 28 de junio el Consejo de Ministros de Agricultura y Pesca de la UE, reunido en Luxemburgo y culminando una negociación iniciada tres años atrás, ratificó la reforma de la Política Agraria Común (PAC), dotada en su conjunto con 378.500 millones de euros. El acuerdo es el resultado de reuniones tripartitas entre el Consejo Europeo, el Europarlamento y la Comisión Europea.
Se dispone una nueva financiación y también se define el sistema agrícola del que quiere dotarse la UE en el futuro. El debate en torno a la conveniencia de defender una agricultura tradicional u otra basada en la innovación, se ha saldado con un documento que intenta equilibrar los costes de la transición ecológica y la rentabilidad de las explotaciones agrícolas y ganaderas. Y todo en un contexto marcado también por la salida del Reino Unido de la UE, que se queda sin el 15% de su contribución al presupuesto.
La nueva PAC entrará en vigor el 1 de enero de 2022 y estará vigente hasta 2027. España percibirá hasta entonces 47.724 millones de euros, 5.000 de los cuales en forma de retribuciones directas a repartir entre unos 700.000 agricultores y ganaderos. Según el ministro de Agricultura, Luis Planas, el acuerdo proporciona un marco equilibrado y estable para que el sector agrario pueda planificar su actividad en los próximos años.
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La clave ambiental

Una de las principales novedades de la reforma de la PAC es la introducción de los llamados ecoesquemas, pensados para la transformación medioambiental. El acuerdo final contempla que el 25 % de las ayudas directas se destinen a estos ecoesquemas, una especie de herramienta o pago verde para contribuir a que las prácticas agrícolas y ganaderas desarrollen su producción de manera más sostenible y respetuosa con el medioambiente, confrontando el cambio climático.
Es decir, se busca que el compromiso medioambiental de las explotaciones quede remunerado. Este puede materializarse modernizando los sistemas de riego, manteniendo el pastoreo extensivo y los pastos, asumiendo cubiertas vegetales, etc. El Gobierno debe acordar con las comunidades autónomas cuáles deben ser las condiciones medioambientales sujetas a estos pagos. Los ecoesquemas supondrán hasta el 25% de las ayudas directas a percibir a partir de 2023, aunque hasta 2025 el umbral podrá marcarse entre el 20% y el 25%. Durante ese espacio de tiempo, los profesionales del sector agropecuario deberán formarse en materia climática.

Descontentos a uno y otro lado

Las organizaciones ecologistas estiman que la nueva PAC se queda corta en su proyección climática. En mayo, activistas de Greenpeace pintaron de verde los alrededores del Parlamento Europeo y tildaron a la nueva PAC de no ser más que un greenwashing o blanqueo verde.
De otra parte, las organizaciones de agricultores y ganaderos temen que el compromiso de transición ecológica del acuerdo acabe poniendo en riesgo la viabilidad de sus explotaciones, pues contemplan un aumento de los gastos y una disminución de los ingresos. "Hasta un 25% del importe de la ayuda que recibe un productor ahora va a estar vinculado a esos ecoesquemas", recuerdan a Sputnik en la Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores (ASAJA), la mayor organización agraria del país, con más de 200.000 afiliados.
"Se otorga mucho peso a la figura de los ecoesquemas", lamentan en ASAJA. Para percibir "la misma ayuda comunitaria" que antes, aseguran, ahora se imponen "muchos más requisitos" medioambientales. "Pero el presupuesto es el mismo e incluso un poco menos, debido a los ajustes".
"Con menos dinero, la UE impone ahora más requisitos al productor, que va a tener que hacer más prácticas y cumplir más exigencias simplemente para cobrar lo mismo, para recibir la misma ayuda".
ASAJA Nacional
Mediante un comunicado, ASAJA expresa que el acuerdo "se aleja de las verdaderas necesidades del sector" y lamenta que el Europarlamento haya querido imponer como obligatorios una serie de objetivos, "en principio meramente orientativos", y sin tener "base legal ni estudio de impacto" que los avalen.
"Lamentablemente, la ambición ambiental y climática, que todos podemos compartir, no se ve en absoluto acompañada de su correspondiente mayor dotación presupuestaria, sino que deberán ser los propios agricultores y ganaderos los que tengan que asumir nuevas y más rigurosas prácticas bajo el paraguas de los llamados ecoesquemas, si aspiran a percibir un nivel de pagos equivalente al actual", dice esta organización.

Otros aspectos

La nueva PAC establece un límite a las subvenciones a la primera instalación, que no sobrepasarán los 100.000 euros a fin de hacerlas más equitativas de cara a las explotaciones menores. Al menos el 3% de las ayudas irán destinadas a jóvenes agricultores. Otra novedad es la introducción de una estrategia de género en los planes nacionales que habrán de implementar la PAC.
El Gobierno español deberá acordar tal implementación con las comunidades autónomas mediante una hoja de ruta para concretar los destinatarios de las ayudas, su importe, qué superficies y qué sectores se beneficiarán de ellas, o el modo en que se procederá al reparto de las ayudas. El plan estratégico nacional resultante deberá remitirse a Bruselas para ser sometido a evaluación antes de concluya el año.
En ASAJA subrayan la importancia de elaborar un plan nacional que pueda plasma la nueva PAC, si bien llaman a prescindir de "la literatura que contiene una importante carga ideológica" (en alusión al propósito medioambiental), y asumir "la realidad de la situación de las explotaciones agrícolas y ganaderas en España", diversas a nivel de explotación y producción, donde a su juicio "deben primar los criterios técnicos y agronómicos" para asegurar su rentabilidad y viabilidad.
A partir de 2025 los pagos a agricultores estarán también condicionados al cumplimiento de sus obligaciones fiscales y en materia laboral, como la regularización de contratos a temporeros o tener actualizados los pagos a la seguridad social. Mientras tanto, se podrán beneficiar de ayudas adicionales por el respeto a los derechos laborales.
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