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Ecos de la sublevación policial de 2019 aún se escuchan en Bolivia

© AP Photo / Juan KaritaPolicías bolivianos
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El trabajo de asambleístas del MAS para modificar la Ley Orgánica de la Policía Nacional generó protestas contra el Gobierno. En una manifestación frente al Congreso, esposas de policías advirtieron que los uniformados volverían a amotinarse, como en el golpe de 2019.
El 22 de junio, en la Asamblea Legislativa Plurinacional, la Cámara de Diputados debatía el proyecto de Ley de Carrera de Generales y Ascensos en la Policía Boliviana, la cual actualiza el texto anterior, sin cambios notables. Pero la oposición parlamentaria puso el grito en el cielo por el artículo 11, según el cual el ministro de Gobierno tendría a partir de ahora mayor jerarquía que el comandante de la Policía. Por el momento, ambas figuras están en igualdad de condiciones para llegar directamente al presidente.
De inmediato, 50 personas llegaron ante las puertas del Congreso para rechazar la propuesta de normativa. La concentración fue convocada por la Asociación Nacional del Servicio Pasivo de la Policía Boliviana y por la Federación Nacional de Esposas de Policías.
"Le digo al señor ministro (de Gobierno, Eduardo del Castillo) ¿por qué no se preocupa de la salud? Preocúpese del tema del COVID-19. ¿Por qué toca la ley orgánica?", vociferaba por un megáfono Guadalupe Cárdenas, representante de las esposas de uniformados.
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Se destacaron de inmediato por sus estribillos virulentos contra el Gobierno de Luis Arce. Y recordaron lo que sucedió en noviembre de 2019, cuando la Policía tuvo un rol fundamental en el golpe de Estado; y en 2020, cuando los uniformados actuaron subordinados al Gobierno de facto de Jeanine Áñez (2019-2020).
Aunque eran pocas personas en la plaza Murillo, es de suponer que representan el sentir de toda la fuerza policial, la cual no se manifiesta porque tiene prohibido deliberar. Aunque este principio rector quedó a un lado el 9 de noviembre de 2019, cuando en todo el país se amotinaron contra el entonces presidente Evo Morales (2006-2019) para terminar de configurar un formidable golpe de Estado en pleno siglo XXI.
En ese marco, Cárdenas continuó: "Tenemos mucha información. Vamos a hacer conocer al pueblo lo que ha pasado en 2019, cuando Evo Morales ha escapado del país como un delincuente y un ladrón".
Y explicitó: "¡Nunca ha habido golpe, carajo! Ha habido fraude, por eso Evo Morales se ha escapado con millones y lingotes de oro. No le han iniciado juicio a ese malnacido de Evo Morales. Y ahora seguramente nos van a iniciar procesos".
La protesta, difundida en redes sociales, incluyó arengas a los uniformados: "¡Viva la Policía boliviana! Señores policías: no están solos. El pueblo está acá, con ustedes", dijo Cárdenas a los oficiales, que rodeaban en silencio a los manifestantes para evitar mayores excesos.
"La pregunta es: ¿Quién gobierna Bolivia? ¿Evo Morales o Arce, carajo?", exclamó la representante de las esposas de policías. Entre las y los presentes, una señora gritó: "Que renuncie".
Entonces Cárdenas se dirigió a Arce: "Si usted es el presidente ¿por qué permite que el pedófilo narco de Evo Morales gobierne? Ahora viene a destruir una institución que es un pilar fundamental".
Concluyó su amenaza: "No jueguen con fuego, carajo, porque no vamos a permitir más manoseo político a nuestra institución. ¡No hay miedo, carajo!", exclamó la verborrágica señora.
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Un texto consensuado

Según el artículo en cuestión, "las Fuerzas de la Policía Boliviana dependen de la Presidenta o Presidente del Estado por intermedio de la Ministra o Ministro de Gobierno, de conformidad a lo establecido en el Artículo 252 de la Construcción Policial del Estado".
Ante las quejas esgrimidas por legisladores de las opositoras Comunidad Ciudadana y Creemos, el Movimiento Al Socialismo (MAS) agregó una línea al artículo, para aclarar que esa dependencia hacia el presidente o presidenta será "de acuerdo a la conformación del Mando Policial en conformidad a las disposiciones legales del Estado Plurinacional de Bolivia".
No obstante, el ministro Del Castillo dijo a la prensa que la reunión de las esposas de los oficiales y de los policías jubilados en la céntrica plaza Murillo no había juntado a más de 30 personas.
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El diputado Héctor Arce, del MAS, dijo a Sputnik que "este proyecto de ley ha seguido un proceso de construcción participativa al interior de la institución verde olivo", por lo cual contaría con el visto bueno de los policías en actividad.
Arce evaluó el rol de Comunidad Ciudadana y Creemos dentro de la Asamblea: "La oposición, como su nombre lo indica, está para oponerse a todo. Hasta hoy, a siete meses que estamos en el Gobierno, no han presentado un proyecto de ley serio, responsable, maduro. Sí han presentado unos panfletos, pero nada serio".
En este sentido, explicó que la oposición "quiere hacer ver que el Gobierno nacional intenta tomar y politizar la institución policial. Es absolutamente falso. Lo que se quiere es dar institucionalidad, verticalidad en el mando".
Y agregó: "Es lo que corresponde en las Fuerzas Armadas y en la Policía, para enmarcarse en la Constitución". El diputado todavía se mostró esperanzado en que las y los asambleístas puedan entregar la nueva ley a los uniformados en el día de la Policía Nacional, este 24 de junio.
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El diputado Arce se refirió a las manifestaciones de familiares y policías jubilados en varias ciudades: "Me preocupan algunas declaraciones de oficiales retirados o en reserva pasiva. Tengo información de que muchos de esos policías retirados eran parte de la Resistencia Juvenil Cochala (RJC)".
La RJC, un grupo armado irregular constituido mayormente por motoqueros de Cochabamba, fue el brazo civil más fuerte durante los días previos y posteriores al golpe de Estado contra Morales. Apoyados por la Policía Nacional, sembraron pánico en varias ciudades para que la población acepte el derrocamiento del Gobierno democrático.
El diputado recordó que "estos malos policías estaban agarrando a patadas y puñetes a toda persona que sea del campo, sea indígena o use pollera, poncho, sombrero".
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Arce reprochó que estos uniformados jubilados "sigan formulando declaraciones sediciosas, pidiendo la renuncia del compañero Lucho [el presidente]. Creo que hay que regular su conducta de estos señores. Ellos son policías, están educados en una institución y saben que estos hechos generan malestar en la población".
Por ello, el diputado sostuvo que "no vamos a permitir más amenazas o intentos de golpe de Estado, tampoco intenciones sediciosas de derrocar a un Gobierno legal, democráticamente elegido".
Afirmó que "este es un Gobierno que tiene el respaldo del 55,1% de la población. Por lo tanto, vamos a defenderlo con uñas y dientes".
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