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Multa a España: 15 millones y 89.000 euros al día por no evitar el uso policial de datos personales

© Foto : Pixabay / Marc SchneiderTribunal Europeo de Justicia, en Luxemburgo
Tribunal Europeo de Justicia, en Luxemburgo - Sputnik Mundo, 1920, 10.05.2021
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El motivo es la no adecuación de las normas comunitarias que amparan el derecho de la UE en materia de protección de datos. Una multa asciende a 15 millones de euros y otra a razón de 89.000 euros diarios hasta que se apruebe una ley que recoja el espíritu de la directiva europea, cuya transposición tenía que haberse completado en mayo de 2018.
La sentencia fue dictada el 25 de febrero por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea con sede en Luxemburgo. Se condena a España a pagar las dos multas por no haber incorporado a tiempo en su ordenamiento jurídico la directiva de protección de datos personales en los intercambios de información entre las autoridades policiales y judiciales para investigar y castigar delitos.
La UE aprobó en 2016 dos normas para vertebrar el derecho comunitario en materia de protección de datos personales. Una era un reglamento de aplicación directa, pero la segunda necesitaba de transposición al ámbito jurídico, pues era una directiva. El reglamento atañe a la protección de las personas físicas en cuanto al tratamiento de sus datos personales y su circulación. La fecha límite para incorporar la norma al ordenamiento jurídico español era el 6 de mayo de 2018.
En julio de ese mismo año la Comisión Europea abrió un expediente a España por no haber aprobado estas normas. Siguió un intercambio de pareceres con las autoridades españolas, que se escudaron en las "circunstancias institucionales excepcionales" al hallarse el Gobierno en funciones, y Bruselas finalmente trasladó el caso a la Justicia europea en julio de 2019.
Además de la multa de 15 millones de euros, el tribunal impone a España el pago de una sanción diaria de 89.000 euros mientras persista el incumplimiento; es decir, desde el día en que se dictó sentencia y hasta que la norma sea transpuesta a la legislación nacional.
Juicio (imagen referencial) - Sputnik Mundo, 1920, 03.03.2020
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Las razones de las partes

España admitió el incumplimiento de sus obligaciones, pero explicó que el hecho de que el Gobierno se hallara entonces en funciones ralentizó la actividad del Gobierno y del Congreso.
En concreto, se adujo que esta circunstancia era de "singular relevancia a la hora de valorar la proporcionalidad de las sanciones" que había propuesto el Ejecutivo comunitario. El 6 de mayo de 2018 aún gobernaba Mariano Rajoy España 25 días después Pedro Sánchez le relevó, tras prosperar una moción de censura en el Congreso de los Diputados.
Pero el Tribunal de Justicia europeo subraya que España persistió en el incumplimiento, dado que "en la fecha de terminación de la fase escrita ante el TUE, el 6 de mayo de 2020, no había adoptado ni comunicado las medidas necesarias para garantizar la transposición de la directiva al Derecho español". Es más, según se señala en la sentencia, el país continuaba sin aprobar las medidas requeridas a fecha de 25 de marzo de 2019, tope fijado por la Comisión Europea antes de elevar el asunto al Tribunal.

Doble multa por primera vez

La multa es una "medida disuasoria" para evitar "la repetición futura de infracciones análogas que afecten a la plena efectividad del Derecho de la UE", se señala en la sentencia, la cual es histórica, pues impone dos tipos de sanciones al mismo tiempo. En principio, la Comisión Europea había solicitado una cuantía algo mayor (15,5 millones y una sanción coercitiva de 89.548,20 euros por cada día de retraso en la transposición).
Cabe imputar el retraso al Ministerio del Interior, que tenía la responsabilidad de preparar el anteproyecto de ley orgánica para transponer la directiva europea. El 9 de febrero, el Consejo de Ministros aprobó un proyecto de ley para regular el uso y la protección de datos personales en las investigaciones que lleven a cabo las autoridades policiales y judiciales. Ahora se tramitará en el Parlamento por la vía de urgencia.
El 4 de mayo el Gobierno español aprobó un acuerdo para mejorar el proceso de negociación e incorporación del derecho europeo al ordenamiento jurídico del país. A partir del 1 de septiembre se abrirá un plazo de tres meses para conocer las propuestas legislativas europeas, se estudiará su impacto y se permitirá la participación de ciudadanos, afectados y expertos, para mejorar la posición negociadora de España.
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