Un consejero asegura que Colombia no ahorra esfuerzos para proteger a exmiembros de FARC

BOGOTÁ (Sputnik) — El consejero presidencial para la Estabilización y la Consolidación de Colombia, Emilio Archila, dijo que el Gobierno no ahorra esfuerzos para proteger a los excombatientes de las FARC que se acogieron al Acuerdo de Paz, luego de que la JEP emitió órdenes a diferentes instituciones para que protejan a más de 9.000 desmovilizados.

"Somos respetuosos de todas las decisiones de los jueces, el propósito es que no se vea afectada ninguna persona en reincorporación y no ahorramos esfuerzos para su protección", dijo Archila, según su despacho.

Agregó que en 30 meses de Gobierno se ha actuado con más de 50 entidades del Estado desarrollando acciones para proteger a personas amenazadas que estaban en riesgo

Archila se refirió al pronunciamiento que el 2 de marzo hizo la Jurisdicción Especial de Paz (JEP, justicia transicional) sobre la la articulación de las medidas de protección para los desmovilizados, y dijo que el país debe seguir unido contra los narcotraficantes y las disidencias de la antigua guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), que perpetran el 80% de los homicidios y agresiones.

"Nos hemos articulado y la Fiscalía es 50% más efectiva en la investigación de homicidios de excombatientes, y nuestra meta es que haya cero agresiones", insistió.

Órdenes de la JEP

Según la JEP, los esfuerzos del Gobierno central y de otras entidades del Estado para evitar nuevos asesinatos de excombatientes de las FARC no son suficientes, por lo que emitió órdenes a diferentes instituciones para que los protejan.

"Diez meses después de que la Sección de Ausencia de Reconocimiento de la JEP empezó el estudio de medidas cautelares colectivas para proteger a los comparecientes de las FARC, la jurisdicción encontró que se cumple con los requisitos de gravedad, urgencia y necesidad para impartir órdenes a distintas autoridades", indica un comunicado de la JEP.

Entre los organismos a los que emitió órdenes se encuentran los ministerios de Defensa y del Interior, la Fiscalía y la Defensoría del Pueblo, así como la Procuraduría General (Ministerio Público).

Aunque la JEP reveló el tema el martes 2, dicho tribunal aseguró que las órdenes fueron impartidas el 26 de febrero, luego de que el jueves convocó a una Audiencia Pública Nacional en la que los magistrados escucharon rendir cuentas a distintas instituciones del Gobierno y a la Fiscalía sobre su gestión para contener y prevenir el asesinato y las amenazas a firmantes del Acuerdo Final de Paz.

Tras la firma del Acuerdo Final de Paz, en noviembre de 2016, alrededor de 13.000 integrantes de las FARC se desmovilizaron e iniciaron un proceso de reincorporación a la vida civil, pero en el transcurso de esa fecha hasta la actualidad 258 de ellos fueron asesinados.