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Cuando despertó la conciencia: 2021 se perfila como el año de los derechos por la intimidad en España

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El 28 de enero es el Día Europeo de la Protección de Datos. La agencia nacional ha propuesto un pacto digital entre distintas entidades para controlar el uso de información.
Hay un testimonio al que se recurre habitualmente para ilustrar cómo funciona el asunto de los datos en la esfera virtual. La periodista francesa Judith Duportail empezó en 2013 a utilizar Tinder, una aplicación de citas, y la dejó en 2017. Con la ayuda del activista Paul-Olivier Dehaye y basándose en la Ley Europea de Protección de Datos, solicitó la información personal recabada a lo largo de los años. Le devolvieron unas 800 páginas con todos sus match, likes, mensajes o lugares donde había quedado. Sabían todo. Incluso cosas que la propia usuaria había olvidado.
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Y se han impuesto algunas. Aunque queden pasos por dar. En este sentido, 2020 ha sido un punto y aparte. La pandemia ha resaltado los peligros de internet en dos cauces. Por un lado, con la proliferación de noticias falsas. Por otro, con la instalación de aplicaciones para seguir nuestro rastro y tener constancia de la propagación del virus. Unas prácticas que se han denunciado repetidamente y han despertado la conciencia de la gente. Incluso se han encontrado con muros de contención: basta con ver el cierre de la cuenta de Twitter de Donald Trump y los obstáculos en España de instaurar el famoso Radar COVID.
​"Ha sido un punto de inflexión, porque la gente se ha concienciado", explica Pau Enseñat, CEO y fundador de Reclamadatos, compañía que vela por los derechos en los usuarios y que, precisamente, denunció a la app Radar COVID por vulneración de la normativa en materia de protección de datos. "Dejando al margen la catástrofe que ha provocado el virus, el avance en la privacidad ha sido importante", añade, "porque se ha visto que, igual que se va a manifestaciones para protestar por algo injusto, se pueden exigir cambios a las grandes tecnológicas y acabar con la desgobernanza".
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Pau Enseñat trabajó como abogado especialista en Protección de Datos antes de Reclamadatos, con sede en Barcelona. Y resume a Sputnik la evolución en el sector: "De 1995 a 2018 casi no hubo avances. En 2016 llegó el RGPD, acordado por la Comisión Europea, y había tal desfase que se dieron dos años para que entrara en vigor. Aun así, en España se prorrogó unos meses más porque solo un 10% se había adaptado a la normativa". Adaptarse a la normativa significaba que se establecía un "nivel de riesgos" que adoptaba la institución o empresa en función de los datos que manejaba.
Además, incluía la capacidad de los usuarios de retirar su consentimiento (que ya no era tácito) y eliminar la información de los servidores de la empresa, ofrecía la opción de conocer la finalidad de este trasvase, creaba al delegado de protección o definía qué son los datos personales. "Es más fácil decir qué no son los datos personales", bromea Enseñat, enumerando una lista que congrega nombre, DNI, registros de localización, identificación en línea o elementos propios de la identidad física, fisiológica, genética, psíquica, económica, cultural o social de un sujeto.
"En cualquier caso, hacen falta herramientas que medien para proteger al usuario. Contrapesos al gran poder que atesoran las grandes compañías. Porque la ley siempre va a estar por detrás de la tecnología", incide.
En ese sentido se pronuncia Shoshana Zuboff, autora de La era del capitalismo de la vigilancia. Publicado recientemente, en el ensayo afirma que este sistema apenas lleva 20 años y que "aún no hemos sido capaces de tener la legislación y las instituciones para impedir esta lógica económica". "Es normal que todo vaya muy lento. En el siglo XIX no te podías ni alistar a un sindicato y en el XX se crearon más leyes para tener un sistema capitalista compatible con la democracia. En el XXI todavía no hemos tenido un frente contra este capitalismo de vigilancia. No lo hemos hecho porque empezó en 2001, con la fundación de Google y, ¿qué más? El 11-S", argumenta en sus páginas.
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Ir detrás de un nuevo mundo configurado en una nube de algoritmos no es sencillo. Ni siquiera con organismos internacionales actuando al alimón. Miguel Recio, abogado del despacho CMS Albiñana & Suárez de Lezo experto en protección de datos, cree que al pausado ritmo de la ley se le ha juntado una epidemia sanitaria imprevista. "Inicialmente se produjo un cierto grado de confusión, porque ha sido la primera vez que ha habido que aplicar el RGPD en una situación de pandemia y fueron muchas las dudas que surgieron", comenta, "además, al menos durante un tiempo, las autoridades de protección de datos no proporcionaban orientaciones y surgían todavía más dudas".
Después de unos momentos de confusión, sin embargo, la protección de datos se vio "afectada de manera positiva por la pandemia". "Podemos decir que ha quedado demostrado que la protección de datos no es un derecho ilimitado, tal y como se explica en los propios considerandos del RGPD, y que el consentimiento no es la base de legitimación única ni la siempre aplicable. Es decir, la pandemia ha ayudado a comprender mejor el significado y alcance de la protección de datos, de manera que ha salido reforzada ante la crisis sanitaria que estamos sufriendo".
​Sonaban ya melodías sobre el asunto. Con el escándalo de la consultora Cambridge Analytica y la consecuente demanda a Facebook por usar los datos de un aparentemente sencillo juego de identificación facial en 2015 (saldada con una multa de 500 millones de euros), la población escuchó el runrún de este enorme problema. "La pandemia ha aumentado la conciencia ciudadana sobre la existencia del derecho fundamental a la protección de datos, dando lugar en muchos casos a un importante escrutinio social sobre las aplicaciones que tratan sus datos personales, como por ejemplo las relativas a alertar sobre contactos COVID. También sobre la importancia e interrelación que tiene la difusión de noticias falsas en redes sociales", apunta Recio.
"Al respecto, la normativa sobre protección de datos tiene por objeto proteger a la persona física (no al dato) en sus derechos fundamentales, en particular su derecho a la protección de datos, de manera que esta situación ha servido para aumentar nuestra conciencia sobre el derecho a la protección de datos o a la libertad, reconocidos en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (CDFUE)", señala el letrado.
Las empresas, indica Recio, van respondiendo favorablemente "porque cada vez existe una mayor conciencia al respecto y porque la protección de datos es fundamental si se quiere ser competitivo y generar confianza en regiones como la Unión Europea". No obstante, aclara el abogado, todavía es necesario que no se limiten "a hacer un mero ejercicio de marcar casillas (tick-box) que únicamente se centra en el control del cumplimiento, sino que adopten el modelo de responsabilidad proactiva (accountability)". "Adoptar una política sobre protección de datos o firmar un contrato con el encargado del tratamiento es el principio, no el fin de la adecuación a la normativa, ya que esto es una actividad que requiere de acciones continuas para mantener un programa de cumplimiento", concluye.
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Unas acciones como las que acaba de emprender la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD). El 21 de enero lanzó el Pacto Digital para la Protección de las Personas para "fomentar el compromiso con la privacidad en los modelos de negocio de empresas y organizaciones", según anotan en un comunicado. Quieren compatibilizar "el derecho a la protección de datos con la innovación, la ética y la competitividad empresarial, como concienciar a los ciudadanos, y en especial a los menores, de las consecuencias de difundir contenidos sensibles en Internet".
Mar España, directora de la AEPD, detalla a Sputnik que "el tratamiento de datos personales es algo inherente a buena parte de las actividades que los ciudadanos realizan a diario" y que puede darse en una fase de pandemia o en cualquier situación cotidiana. "Lo importante es que esos tratamientos se lleven a cabo con las debidas garantías para los ciudadanos", insiste, refiriéndose al RGPD como "garantía para que las medidas propuestas sean realmente efectivas y proporcionales". Igual que los demás expertos consultados, España considera clave la transparencia y  asegura que la Agencia colabora con organismos públicos orientando y elaborando informes para "planificar determinados tratamientos, ofreciendo seguridad jurídica y garantías para los ciudadanos".
​En cuanto al cumplimiento normativo, la directora advierte que "una de las consecuencias principales de la aplicación del RGPD en España es el refuerzo de los derechos de los ciudadanos" y, "de modo especial", el derecho de información. "Ha supuesto un gran avance a la hora de que las organizaciones, públicas y privadas, procedan a informar a los ciudadanos de forma clara y sencilla sobre los aspectos más importantes del tratamiento de sus datos, identificando quién trata los datos, con qué base jurídica, para qué finalidad, y la forma de ejercer los derechos", enfatiza.
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Vale como ejemplo Judith Duportail y sus 800 páginas de Tinder. Porque la conmemoración del Día Europeo de Protección de Datos es un simple reclamo más para que se desarrolle esa conciencia moldeada en estos últimos meses. Para que se abran los ojos y se solidifique el derecho a la intimidad.
Porque, como dice Shoshana Zuboff, "pensábamos que usábamos a Google y las redes sociales, y son Google y esas redes las que nos usan a nosotros. Pensamos que sus servicios son gratis, pero esas compañías piensan que nosotros somos gratis. Pensamos que son compañías innovadoras que ocasionalmente cometen errores que violan la privacidad, cuando la realidad es que esos errores son las innovaciones. Pensamos que la web nos da acceso a todo tipo de conocimiento registrado, cuando de hecho esas empresas están extrayendo nuestra experiencia, convirtiendo nuestras vidas en datos y reclamando esas vidas como su conocimiento registrado".
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