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Por una ganancia millonaria, una minería canadiense corre el riesgo de "deshidratar" a vecinos mexicanos

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Un amparo de una comunidad del estado de Puebla ha puesto "en pausa" un proyecto de la minera Almaden Minerals, luego de que acusaran que se extraerían cinco millones de litros diarios de una población marcada por la sequía.

En México, las comunidades continúan en controversia con las mineras canadienses y piden la cancelación de proyectos de explotación minera. A pesar de que el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo en junio que su Gobierno no cancelaría las concesiones existentes, el proyecto  Ixtaca oro-plata de la Almaden Minerals fue suspendido desde octubre de 2019 por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).

De acuerdo con una investigación de Animal Político, Almaden Minerals generará ganancias de alrededor de 6.200 millones de pesos (284 millones de dólares, aproximadamente) por la extracción de oro y plata de una mina a cielo abierto en Ixtacamaxtitlán, Puebla, uno de los municipios con más altos índices de pobreza y sequía del estado.

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Asimismo, señala que la empresa realizó un informe sobre la factibilidad del proyecto, en el que notificó a sus accionistas que en un tiempo récord, de un año y medio, se recuperará la inversión inicial de 174 millones de dólares (3.480 millones de pesos).

Para convencer sobre las bondades del proyecto, Almaden Minerals promete generar 600 empleos para la comunidad de Ixtacamaxtitlán, donde según cifras del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), ocho de cada 10 personas son pobres. Esto, además de una aportación de 2.600 millones de pesos (119 millones de dólares) en pago de impuestos.

La controversia en la comunidad

En las comunidades donde se realizará el depósito minero los habitantes están divididos, entre quienes rechazan el proyecto por considerarlo una amenaza ambiental y aquellos que lo apoyan por las oportunidades de desarrollo que ofrece.

Los opositores a la mina acusan que detrás de la promesa de 600 empleos se esconde el gasto de cinco millones de litros de agua al día en una comunidad marcada por las sequías.

"En Ixtacamaxtitlán no queremos más proyectos de muerte de empresas extranjeras", dicen los manifestantes citados por Animal Político.

En tanto, los habitantes que están a favor, expresan que "organizaciones civiles están malinformando a la población y se oponen a un proyecto que es bueno para todos".

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A esta polémica, se sumó el fallo de la Semarnat que dejó "en pausa" el análisis de la Manifestación de Impacto Ambiental y la aprobación del proyecto de Almaden Minerals, luego de recibir un amparo por parte de las organizaciones civiles.

La comunidad tilda a la dependencia de "muy tibia", pues los opositores dicen que hay elementos para cancelar de forma definitiva la mina. Académicos, ambientalistas y organizaciones denuncian que "es imposible" que el proyecto se nutra solo de lluvia, como promete la empresa. 

Ante ello, acusan que la minera extraerá el agua de los mantos subterráneos de los ríos cercanos a la mina, lo cual pondría en riesgo el abasto de miles de ciudadanos. En cambio, quienes están a favor, expresan que a consecuencia del fallo de la Semarnat cerca de 70 personas se quedaron sin empleo y 540 trabajos fueron "congelados".

En este sentido, Carmen Martínez, Eli Herrera, Norma Herrera, y Roberto Martínez, habitantes de Santa María Zotoltepec y exempleados de Minera Gorrión, la subsidiara mexicana de la empresa canadiense Almaden Minerals, dicen que "la minera es la única que nos dio una oportunidad".

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Durante una entrevista con el portal de noticias, los cuatro aseguraron que pueden aportar su perspectiva dado que que trabajaron en la minera y conocen muy bien cada detalle del proyecto minero de Ixtacamaxtitlán.

Carmen Martínez resaltó que la "transparencia" de la minera con las comunidades ha sido "total". En este punto, destacó que desde 2012 la empresa ha realizado nueve grandes reuniones comunitarias a las que han asistido más de 4.000 personas.

"En esas reuniones públicas se abordaban todas las preocupaciones de la gente, como, por ejemplo, el tema del abasto de agua, y el uso del cianuro y de explosivos. Ahí les explicábamos, paso a paso, cómo iba a ser la gestión del proyecto minero", agregó Norma Herrera.

La minera y las organizaciones civiles

Minera Gorrión destacó que se han celebrado 45 sesiones de "diálogos transversales", en donde miembros de las comunidades fueron invitados a pláticas con especialistas en minería.

De forma adicional, la empresa acompañó a 500 personas de las comunidades a 25 viajes por diferentes minas de la república, "para que pudieran comprobar por sí mismo cómo funciona una operación minera".

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Como parte de su compromiso social, Minera Gorrión presume haber entregado 130 becas para estudiantes, rehabilitado la clínica de Santa María y donado material para construir el piso de la iglesia de Zacatepec.

A pesar de ello, la oposición al proyecto se intensificó desde febrero de 2019, cuando la minera presentó la Manifestación de Impacto Ambiental para obtener el permiso del Gobierno y arrancar el proyecto. Pero para los cuatro exempleados de la minera, la división en la comunidad la trajeron dos organizaciones civiles:

  1. Fundar;
  2. Poder.
"Esas organizaciones extranjeras vinieron con imágenes de gente cayéndosele el cabello, la piel despellejándose, y empezaron a malinformar a las comunidades", criticó Carmen Martínez.

Por su parte, Minera Gorrión, subsidiaria de Almaden Minerals, también ha usado el mismo argumento de Carmen Martínez, que "los activistas con financiación extranjera" son quienes torpedean su proyecto con amparos que lo tienen "congelado".

Julieta Lamberti es la directora de Poder, una de las organizaciones civiles que junto a otras como el Centro de Estudios para el Desarrollo Rural (CESDER), el Consejo Tiyat Tali, y la propia Fundar, además de académicos y ambientalistas de la UNAM y de la UAM, se han posicionado en contra de la mina en Ixtacamaxtitlán.

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De acuerdo con el medio mexicano, Lamberti declaró que la oposición al proyecto se fundamenta en los análisis sobre impacto ambiental que ha realizado la propia organización, tales como el estudio Industria Extractiva en Puebla: Panorama del Sector Minero.

Al respecto, también refiere investigaciones de otros académicos e investigadores, como el trabajo de Alonso Gutiérrez de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), quien analizó la Manifestación de Impacto Ambiental de la minera y denunció que en ésta existen "múltiples errores y contradicciones" que hacen "imposible" garantizar que una mina que requiere de 5 millones de litros de agua diarios pueda abastecerse solo con la lluvia.

Sobre los pobladores que están a favor del proyecto minero, Lamberti dice que ese es el "modus operandi" de ese tipo de empresas.

"Es su estrategia: llegan con un grupo de la población a los que les ofrecen empleos mal pagados en tareas de vigilancia, mantenimiento, limpieza, y en cosas así, y se los llevan a su terreno para dividir a comunidades enteras, confrontarlas, y generar un conflicto social", explica.

La controversia "en pausa"

El conflicto continúa su paso en Ixtacamaxtitlán, pero el punto más álgido tuvo lugar en junio de 2019, cuando se realizó una reunión pública en el auditorio de Santa María Zotoltepec a la que asistieron Semarnat, la minera y más de 1.400 ciudadanos.

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La reunión también contó con la presencia una Misión Civil de Observación, integrada por diversas organizaciones civiles, la cual documentó una serie de anomalías por parte de la minera, tales como la asistencia de personas ajenas a la comunidad.

Otro de los factores que hacen inviable el proyecto es que no se ha consultado a las comunidades indígenas que habitan en el cuadrante de Ixtacamaxtitlán. Pero la minera respondió que no es necesario realizar una consulta.

A pesar de todos estos factores, hasta el momento la Semarnat no ha emitido un fallo concluyente respecto a la cancelación o aprobación del proyecto de la minera Almaden Minerals. No obstante, López Obrador aclaró en junio que no se darían nuevas concesiones en vista de que el 40% del territorio mexicano está concesionado.

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