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La diputada independentista Laura Borràs se niega a declarar ante el Supremo de España

© AFP 2021 / Pau BarrenaLaura Borràs, la diputada y líder de la formación Junts per Cataluña (JxCat)
Laura Borràs, la diputada y líder de la formación Junts per Cataluña (JxCat)  - Sputnik Mundo
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BARCELONA (Sputnik) — La portavoz del partido catalán independentista Junts per Catalunya (JxCat) en el Congreso de los Diputados, Laura Borràs, se acogió al derecho a no declarar ante el Tribunal Supremo de España, que la citó como investigada por presunta corrupción.
"Me veo obligada a defender mi inocencia cuando en realidad quien me está llevando ante este tribunal ni siquiera ha presentado las evidencias factuales que permitan demostrar mi culpabilidad. Cuando haya esta evidencia, declararé con mucho gusto y seré yo quien solicitará venir", afirmó a los medios a su salida del alto tribunal, en declaraciones recogidas por el diario catalán NacióDigital.

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La política catalana optó por no declarar ante el magistrado Eduardo de Porres, que la había citado en Madrid para declarar en calidad de investigada por los delitos de prevaricación, fraude a la administración, malversación y falsedad.

Laura Borràs es una de las principales dirigentes del movimiento independentista en Cataluña y una de las caras más visibles de la política de la región desde que en 2018 pasó a encargarse del departamento de Cultura del Gobierno de Cataluña liderado por Quim Torra.

También es conocida por ser la mano derecha del expresidente Carles Puigdemont en Madrid y una de las principales candidatas a sucederle a cargo de JxCat, una posibilidad que ahora peligra por sus problemas judiciales.

El Tribunal Supremo mantiene abierta una causa penal contra la diputada catalana por la presunta adjudicación de contratos irregulares cuando estaba a cargo de la Institución de las Letras Catalanas.

Las pesquisas del alto tribunal apuntan a que durante su etapa como directora de la Institución de las Letras Catalanas, entre 2013 y 2017, Borràs adjudicó un total de 18 contratos de servicios informáticos a un programador y amigo suyo con el fin de "enmascarar" un "fraccionamiento ilegal".

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De importes menores a 18.000 euros para eludir un concurso público, estos contratos sirvieron para defraudar una cantidad superior a 250.000 euros, según apuntan las pesquisas que inició en 2018 el Juzgado de Instrucción número 9 de Barcelona.

El juez de Barcelona remitió esta causa al Supremo porque Borràs es diputada del Congreso y tiene la condición de aforada, por lo que el tribunal pidió permiso al Congreso de los Diputados para poder actuar.

La líder independentista, que ocupó desde diciembre su escaño en el Congreso español, mantiene en todo momento que se trata de una investigación con "motivación política" y se considera "víctima de una persecución" por su posición a favor de la independencia.

"Es imposible que ningún independentista encuentre justicia en España. ¡Laura, apoyo y fuerza!", le transmitió el presidente catalán, Quim Torra, en un mensaje a través de las redes sociales.

La presunta corrupción de la dirigente catalana fue un nuevo golpe a la legislatura compartida entre los principales partidos independentistas, JxCat y Esquerra Republicana (ERC), que el mismo presidente ya dio por terminada el pasado mes de enero.

Ni los republicanos ni los anticapitalistas de la Candidatura d'Unitat Popular —otro socio soberanista— cerraron filas con la diputada en el Congreso y se limitaron a ausentarse cuando la Cámara votó sobre la petición del Supremo para investigarla.

A la causa contra Borràs se añade la posible inhabilitación del presidente Torra tras haber sido condenado por desobediencia en diciembre de 2019.

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El líder del Gobierno catalán ya perdió su escaño como diputado en el Parlamento regional después de que la Junta Electoral española lo inhabilitara tras la sentencia que resolvió el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC).

Torra se enfrenta a un año y medio fuera de cargos públicos, incluyendo la presidencia, porque se negó a retirar unas pancartas con mensajes independentistas de la sede del Gobierno catalán en plena campaña electoral.

La condena que le apartaría inmediatamente de su cargo no es firme y está pendiente de ser resuelta por el Tribunal Supremo español en una vista que está prevista para el próximo mes de septiembre.

Pese a su eventual condena y la brecha con sus socios de gobierno, Torra no convocó todavía elecciones y mantiene que no fijará una cita para las urnas hasta que pase la crisis del coronavirus en Cataluña. 

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