En un auto emitido este 27 de junio, el TSJC dio por "finalizadas" las diligencias precias acordadas y determinó que "los hechos investigados podrían ser constitutivos de un delito de desobediencia" o incluso de "denegación de auxilio a la autoridad competente".
De esta manera, el TSJC deniega la petición de sobreseimiento formulada por Torra y deja al dirigente independentista a un paso de ser llevado a juicio, aunque el presidente catalán todavía tiene margen para volver a solicitar un sobreseimiento.
El pasado 11 de marzo, la Junta Electoral Central de España ordenó la retirada de simbología independentista de los edificios públicos catalanes.
En su resolución, la Junta señalaba que la simbología independentista es legítima, pero recordaba que, sobre todo en periodo preelectoral, los edificios públicos deben mantener una "rigurosa neutralidad política".
La orden se refería, en concreto, al uso de la estelada (la bandera independentista catalana) y los lazos amarillos utilizados para homenajear a los nueve líderes catalanes encarcelados.
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Pese a la resolución de la Junta Electoral, la sede del Gobierno catalán siguió luciendo símbolos independentistas durante varios días hasta que finalmente fueron retirados el 21 de marzo tras recibir varios ultimatums de la Junta Electoral, que alertó sobre las posibles consecuencias penales del incumplimiento.
El auto emitido este 27 de junio por el TSJC afirma que Torra mostró un "firme" propósito de "incumplir" o "retrasar" el cumplimiento del mandato de la Junta Electoral mediante distintas argucias aplicadas con una "voluntad decididamente obstativa".
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En caso de ser encontrado culpable de desobediencia, Quim Torra podría ser castigado con penas de inhabilitación para ejercer cargos públicos, lo que le haría perder su actual posición de presidente de la Generalitat.