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Defensoría del Pueblo y Senado de Bolivia rechazan decreto que militariza control interno

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LA PAZ (Sputnik) — La Defensoría del Pueblo y la mayoría parlamentaria de Bolivia aumentaron el martes su presión a la presidenta de facto Jeanine Áñez para que anule el decreto que incorporó a los militares en tareas de orden interno, alegan que esa norma es causante de la muerte de manifestantes.
"La primera acción de pacificación que tiene que hacer el Estado es la desmilitarización, la desmovilización de las Fuerzas Armadas", dijo la Defensora del Pueblo, Nadia Cruz, en conferencia de prensa, horas después de una operación policial-militar contra un bloqueo a la planta petrolera de Senkata, El Alto, que dejó tres manifestantes muertos y al menos otros 30 heridos.

El decreto 4078 de la semana pasada, por el cual el Gobierno de facto incorporó a las Fuerzas Armadas en tareas de preservación del orden público liberándolas de responsabilidad penal, "debe ser abrogado de inmediato", afirmó Cruz, remarcando que los fallecidos y la mayoría de los heridos en los sucesos del martes en El Alto habían recibido impactos de bala.

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Cruz lamentó que la violenta operación policial-militar en Senkata, que abastece de combustibles a El Alto y La Paz, haya "echado por tierra" los acercamientos que la Defensoría había logrado el día anterior con los bloqueadores para levantar pacíficamente la protesta.

En una declaración simultánea, la presidenta del Senado, Eva Copa, del Movimiento al Socialismo (MAS) de Evo Morales, exigió también la abrogación del decreto 4078, al que señaló como un obstáculo para la pacificación que reclaman diversos sectores luego de más de cuatro semanas de desórdenes políticos.

"Nuestro país necesita paz, que nos pacifiquemos, que no haya más muertos, más derramamiento de sangre, por eso demandamos la abrogación de ese decreto y convocamos a las Fuerzas Armadas a replegarse a sus cuarteles, no matemos más a nuestros hermanos", dijo Copa.

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La senadora Adriana Salvatierra, también del MAS, declaró por separado que la aplicación del decreto 4078 es uno de los objetivos de una visita a Bolivia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que comenzará este viernes.

"Como bancada mayoritaria en la Asamblea Plurinacional, exigimos la abrogación del decreto 4078 que está provocando el asesinato de compatriotas y ha eximido de responsabilidad a las Fuerzas Armadas por las actuaciones que están realizando", dijo Salvatierra.

El lunes, la Central Obrera Boliviana había hecho el mismo pedido a Áñez, autoridad con la cual ha iniciado un proceso de diálogo en procura de la pacificación del país, afectado por bloqueos y otras protestas antigubernamentales desde la renuncia forzada de Morales el 10 de noviembre.

Desde la aprobación del decreto, los militares han participado en por lo menos dos represiones a manifestaciones que demandan la renuncia de Áñez, con saldo preliminar de 12 muertos y unos 150 heridos.

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