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Empresariado peruano pide resolver crisis política a través del Tribunal Constitucional

CC0 / Pixabay / Dama de la Justicia
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LIMA (Sputnik) — El sector empresarial peruano, a través de la Cámara de Comercio de Lima, exhortó que sea el Tribunal Constitucional (TC) el que resuelva la crisis política en la que se encuentra el país luego de que el presidente Martín Vizcarra disolviera el Congreso.

"La Cámara de Comercio de Lima (CCL) invoca al Tribunal Constitucional a resolver cuanto antes el entrampamiento en el que se encuentra nuestro país, tal como lo recomienda la Organización de los Estados Americanos (OEA)", expresó el organismo en un comunicado.

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En un comunicado, la OEA consideró que la crisis política desatada en Perú debería ser resuelta por el TC, pronunciándose sobre "la legalidad de las decisiones institucionales adoptadas".

La CCL indicó que lamenta que la crisis haya llevado a una alteración del orden democrático y constitucional.

Asimismo, advierte sobre enfrentamientos con "grupos interesados" que buscan cambiar la política económica de libre mercado que Perú mantiene desde la década de los 90.

"Exhortamos a evitar enfrentamientos provocados por grupos interesados en imponer políticas y programas económicos que sucesivamente, en elecciones libres y democráticas, han sido rechazadas mayoritariamente por la ciudadanía", agregó la cámara.

La CCL opinó que la crisis política crea "un clima de inestabilidad" que perjudica a las inversiones.

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La Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (principal gremio empresarial en Perú) consideró que la decisión del presidente Vizcarra "ha sumergido al país en una grave incertidumbre".

Luego de la disolución del Congreso dispuesta por Vizcarra, pero resistida por unos 86 de los 130 legisladores del cuerpo, debe seguir en funciones la Comisión Permanente, integrada por la Mesa Directiva (el presidente y sus tres vicepresidentes) y algunos representantes de las distintas bancadas, según la Constitución.

La Comisión suma 27 representantes que no tienen capacidad de legislar y son los encargados de representar al Congreso hasta que los nuevos congresistas elegidos asuman luego de las elecciones legislativas que Vizcarra convocó el lunes para el 26 de enero.

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Pero los legisladores rebeldes desconocieron la decisión del presidente y decidieron suspenderlo de sus funciones por 12 meses por "incapacidad temporal".

Los efectivos de la Policía que custodian la sede del Legislativo tienen órdenes del presidente de permitir el ingreso únicamente de los miembros de la Comisión Permanente y del personal que laboraba en el Congreso a fin de que recoja sus pertenencias, según medios locales.

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