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Reforma penal comenzará a regir en Bolivia a partir de febrero 2020

CC0 / Pixabay / Estatua de Justicia
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LA PAZ (Sputnik) — Una reforma del sistema penal boliviano, que pretende acelerar los juicios y restringir la detención preventiva de los procesados, entrará en aplicación plena en febrero de 2020, anunció el ministro de Justicia, Héctor Arce.

"La Ley 1173 (de Abreviación Procesal) va a entrar en vigencia el 4 de noviembre, su aplicación será progresiva porque a partir de esa fecha habrá un período de implementación de 90 días, hasta el 4 de febrero, para que entre entonces en vigencia efectiva", dijo Arce, al precisar fechas de la reforma.

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El ministro hizo el anuncio luego de presentar a la prensa al exjuez español Baltasar Garzón, quien había acabado de entrevistarse con el presidente Evo Morales en la Casa Grande del Pueblo, donde está el despacho del mandatario.

Garzón, quien en años pasados fue asesor del plan de reforma de la justicia boliviana, del cual es parte la Ley 1173 promulgada en mayo de este año, dijo que conversó con Morales sobre iniciativas legales en favor del medio ambiente y en defensa de la Madre Tierra.

La Ley de Abreviación Procesal recoge la mayoría de los cambios contenidos en un Código del Sistema Penal que Morales promulgó en diciembre de 2017, pero que tuvo que abrogar un mes después a causa de protestas de colegios médicos opuestos a la penalización de la negligencia profesional e iglesias descontentas con la ampliación de causales del aborto legal.

La norma incluye también ajustes, en favor de las víctimas, a la ley que protege a niños, niñas, adolescentes y mujeres contra toda forma de violencia.

"Ahora, esperamos que a partir de febrero de 2020, con esta ley fruto de un amplio consenso, tengamos una justicia penal diferente, moderna y efectiva", dijo Arce.

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Añadió que como paso previo a la aplicación de la reforma, se han realizado varias actividades de capacitación, a nivel de postgrado universitario, de jueces, fiscales, abogados y policías.

Entre los cambios que prevé la 1173, destaca la reducción drástica de la detención preventiva de los procesados, que actualmente se practica de modo casi irrestricto y es causa principal de la sobrepoblación en las cárceles.

También serán restringidos recursos como recusaciones de jueces y fiscales, a los que se atribuyen los frecuentes casos de prolongación de los juicios hasta por años.

A partir de febrero, los plazos de los procesos serán acortados a un máximo de seis meses y los juicios dejarán de utilizar documentos escritos como pruebas exclusivas.

Las citaciones, notificaciones de sentencias y otras comunicaciones, que hasta ahora se hacen mediante edictos en medios impresos o en papeles en los pasillos de las cortes, serán hechas por avisos electrónicos en la red internet.

Los propietarios de diarios protestaron sin éxito a principios de año contra la supresión de los avisos judiciales en la prensa.

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