"Nosotros acabamos de terminar de celebrar una comisión donde nos atendieron y nos dieron una mesa de trabajo para reunirnos el 23 de este mes, lo que es algo positivo", dijo a Sputnik la representante de la agrupación social Barrios de Pie, Ruth Contreras.
Centenares de personas de organizaciones sociales se concentraron por la mañana de este 3 de julio ante el edificio de la Dirección Nacional de Migraciones en rechazo a la política migratoria del Gobierno de Mauricio Macri.
#Ahora Nuestra compañera @LaNegraVerdu acompañando la convocatoria de @Migrantazo en la Dirección Nacional de Migraciones #MigrarNoEsUnDelito #MigrarEsUnDerecho pic.twitter.com/zlcf1Op035
— Poder Popular (@PoderPopularCI) July 3, 2019
El mandatario modificó en enero de 2017 las reglas migratorias mediante un decreto de necesidad y urgencia (DNU) que habilita a expulsar inmigrantes con antecedentes penales.
Las autoridades argentinas accedieron a convocar una mesa de trabajo para discutir varias de las problemáticas que se originaron con la actual política migratoria que contradice el espíritu de la Ley de Migraciones promulgada en 2004, señaló Pablo Cossio, del Bloque de Trabajadores Migrantes y de la campaña Migrar no es Delito.
"Desde que se firmó el DNU 70 se cambia el paradigma sobre la Ley de Migraciones, que apelaba a una política inclusiva y a los derechos humanos, y se tomaron medidas restrictivas que habilitan la figura de la expulsión", explicó Cossio.
Radex
En esa mesa de trabajo, el Gobierno y las entidades sociales debatirán a su vez sobre el nuevo programa de Radicación a Distancia de Extranjeros (Radex) "que te hace pagar antes de obtener la cita y ofrece turnos con un año de plazo", informó Cossio.
"De mantenerse este ritmo de resolución, el año finalizará con unos 40.000 trámites concluidos, quedando muy por debajo de las 221.000 radicaciones permanentes y temporarias que la Dirección Nacional de Migraciones informó para 2018", alertaron las dos instituciones junto a otras 15 organizaciones migrantes.
En la protesta del 3 de julio, se denunció también un aumento de 2.000% de las tasas migratorias, lo que obliga a pagar 3.000 pesos (70 dólares) a cualquier ciudadano perteneciente a un país del Mercado Común del Sur (Mercosur) o de un Estado asociado que comience a tramitar su residencia en Argentina, y el doble si no entra en esta categoría.
"Denunciamos además la discriminación a la que son sometidos los migrantes por parte de funcionarios que a diario realizan trámites migratorios en distintas oficinas del Estado", señaló Cossio.
Expulsiones indiscriminadas
La protesta contra la política migratoria también puso el foco sobre la expulsión de progenitores extranjeros que son separados de sus hijos, que en muchas ocasiones tienen nacionalidad argentina.
El caso más paradigmático fue el de Vanesa Gómez Cuevas, una enfermera peruana de 33 años de edad y madre de dos niños y un bebé que llevaba 15 años viviendo en Argentina cuando fue deportada y separada de sus dos hijos mayores en febrero pasado por una causa penal por tráfico de drogas que pagó con prisión.
El decreto de Macri "reduce los tiempos para apelar, mientras que se sigue expulsando a gente que ya cumplió condena, que fueron a la cárcel por un delito que cometieron o incluso también por fallas administrativas", sostuvo Cossio.
Las organizaciones sociales instaron a Migraciones a que haga público el número de expulsiones efectuadas hasta el momento y los motivos esgrimidos, una información que permanece en reserva.
El Gobierno argentino anunció en febrero que los inmigrantes que quieran vivir en este país deben presentar un certificado en el que se avale al menos una década sin antecedentes penales.
El decreto migratorio de Macri, que no fue enviado al Congreso para su ratificación, fue declarado inconstitucional el año pasado por un tribunal de segunda instancia, pero las organizaciones sociales aguardan que la Corte Suprema se pronuncie sobre su validez, mientras el caso fue presentado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
