"Si tuviésemos un sistema ágil no tendríamos que estar hablando de esta cuestión, que es anecdótica", señaló.
Migraciones ha elaborado un listado de un millar de personas que deben ser expulsadas del país, reconoció el representante de Migraciones.
El director del organismo agregó que otras 253 personas "cometieron infracciones migratorias y terminaron sus recursos judiciales, al margen de que algunos tienen antecedentes criminales y que también deben ser expulsados".
El listado también incluye a otros 618 extranjeros de los que "tenemos que pedir la retención por distintos motivos, ya sea por infracción a la Ley de Migración o por diversos delitos", indicó.
1300 deportaciones
Desde que asumió la actual gestión en diciembre de 2015 hasta 2018, fueron expulsados unos 1.300 extranjeros, mientras que en el mismo plazo de tiempo se establecieron en Argentina 660.000.
"Los 660.000 radicados destierran cualquier plan que quieran inventar con respecto a la xenofobia, pues somos el país de América que tiene la mayor protección a los intereses de una persona que viene migrando", sostuvo García.
Con más de 600 casos, 2018 fue el año con más deportaciones, en parte debido al tráfico de ciudadanos chinos que realizaron las mafias de ese país.
Pero también puede expulsarse a un inmigrante que ingresa de manera ilegal al territorio argentino en virtud de la Ley de Migraciones, sancionada en diciembre de 2003.
"Si se rompe contrato de convivencia, es justo que esa persona juzgada por la justicia tenga que proseguir su vida en el país del que viene", defendió el titular de la DNM.
Más agilidad en las expulsiones
Los términos para apelar una expulsión "eran muy amplios" en la Ley de Migraciones, por lo que el presidente Mauricio Macri emitió un decreto de necesidad y urgencia (DNU) hace tres años que acelera los plazos y restringe las condiciones de permanencia de los extranjeros que comentan un ilícito, así sea una infracción.
"Lo que hemos hecho es simplemente agilizar plazos que eran vergonzosos, porque el hecho de que una persona esté tres veces condenada y se tarde entre seis y ocho años en poder expulsarla juega en contra de personas de buena voluntad que a lo mejor son de la misma nacionalidad y que son estigmatizadas porque no se expulsa a la persona que rompe el contrato de confianza", sostuvo García.
El decreto del presidente Macri, muy cuestionado por organismos de derechos humanos, fue declarado inconstitucional en marzo de 2018 por un tribunal de segunda instancia, la Cámara Contencioso Administrativo Federal.
Para agilizar las deportaciones, la DNM propone que se constituya de una suerte de "cámara de asuntos migratorios que podría funcionar de manera similar a la Cámara Nacional Electoral, y que puede marcar ciertos criterios".
"Si no abandonamos el fenómeno de que cada vez que se habla de migración hay que hablar de restricción y delito es porque los argentinos no generamos un sistema ágil equilibrado, mesurado, y razonado", concluyó García.
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El funcionario asumió la dirección de Migraciones con la llegada al poder en diciembre de 2015 del mandatario Mauricio Macri.
