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Argentina exigirá 10 años sin antecedentes penales a extranjeros para residir en el país

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BUENOS AIRES (Sputnik) — El Gobierno argentino ordenará que los inmigrantes que quieran vivir en el país presenten un certificado en el que se avale al menos una década sin antecedentes penales, anunció el ministro argentino del Interior, Rogelio Frigerio.

"Hoy (28 de febrero) decidimos exigir un certificado de carencia de antecedentes delictivos de los últimos diez años para todos aquellos que quieran venir a trabajar y a colaborar para el desarrollo de Argentina", informó el funcionario durante una comparecencia pública.

Este nuevo requisito "tiene que ver con la ley de Migraciones que obedece a l principio de reciprocidad de acuerdo a los principios de derecho internacional", dado que Argentina ofrece los antecedentes penales de la última década de los argentinos que así lo demanden, informó el ministro.

En los últimos tres años la Dirección Nacional de Migraciones (DNM) otorgó casi 700.000 radicaciones, "una cifra récord", manifestó el ministro.

El Gobierno también llevó a un récord el número de expulsiones, presumió Frigerio.

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En concreto, los extranjeros expulsados por "irregularidades migratorias ha crecido un 800% en lo que va de periodo actual de Gobierno con respecto al anterior", señaló.

La nueva norma entrará en vigencia a partir del 6 de marzo, una vez la legislación se publique en el Boletín Oficial, informó a su vez el director de la DNM, Horacio García.

Los extranjeros que cumplen una condena penal en Argentina pueden acogerse a la ley de extrañamiento para que una vez cumplan la mitad de la pena sean expulsados del país.

Más aquí: Inmigrantes realizan un paro en Argentina para criticar políticas del Gobierno

El presidente Mauricio Macri, que atraviesa en la actualidad su cuarto y último año de mandato, emitió un decreto de necesidad y urgencia (DNM) en enero de 2017 que endurece los requisitos de permanencia e ingreso para los extranjeros que quieran establecerse en el país.

Aunque el DNM, que no pasó por el Congreso, fue declarado inconstitucional el año pasado por un tribunal de segunda instancia, la Corte Suprema tendrá la última palabra sobre su validez.

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