La pesadilla comenzó hace más de un mes, pero el conflicto lleva casi dos décadas. Fue una invasión. El 12 de febrero, alrededor de las dos de la tarde, un grupo de unos 50 hombres —que, supieron luego, estaban armados— ocupó un mítico edificio en el centro histórico, que lleva casi dos décadas en disputa.
El pleito es extenso y comenzó cuando el actual presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, era Gobernador de la capital (2000-2005). Su administración incluyó a Zapata dentro de los predios a ser expropiados por el Instituto de Vivienda del Distrito Federal (INVI) en el año 2000. Aunque la expropiación se cumplió, el decreto fue revertido por un amparo judicial que le devolvió la propiedad del lugar a su dueña original, cuando ya había fallecido.
Tiempo después apareció Ricardo Piñeyrúa, un hombre que quiso presentarse ante los habitantes del lugar como el "albacea y heredero" de la difunta dueña, pero nadie le creyó. Intentó denunciar sin éxito a los vecinos en el año 2006 y volvió a hacerlo en 2016.
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En este segundo intento logró una serie de órdenes de desalojo denunciando a personas que no viven en el edificio, por deber el pago de rentas de contratos que no existen. Así, de manera irregular, se ha ido expulsando a los vecinos de Zapata, a pesar que Piñeyrúa no ha logrado probar fehacientemente su propiedad ante la Justicia civil. En el registro público de la propiedad, el edificio sigue estando a nombre de la dueña fallecida.
Los invasores del predio les han dicho a las vecinas que recibieron dinero "para hacerles la vida imposible" y que abandonen el edificio por sus propios medios. Distintas personas han visto cómo uno de los abogados que representó a Piñeyrúa en la justicia en los pleitos previos, llamado Juan Manuel Contreras Pérez, llega cada semana al lugar a tratar con los invasores.
Los vecinos no lo dudan: esto es una estrategia ilegal para despojarlos de su casa.
Reacción lenta
Cuando entraron al edificio, los invasores retiraron las rejas que cubrían las puertas de los departamentos que habían sido desalojados y los ocuparon. Cuando una de las vecinas denunció ante la Fiscalía especializada en delitos de despojo (Fedapur) le dijeron que no podían intervenir si el grupo de choque no se metía a sacarla de su departamento.
La convivencia fue subiendo de tono, hasta que otra de las vecinas fue amenazada por denunciar que sus tanques de almacenamiento de gas habían sido robados y, por eso, fue desplazada, temiendo una represalia violenta. Los invasores no permiten que entre al edificio ninguna persona que no viva allí, incluso han impedido el ingreso de atención médica para las personas de tercera edad que lo necesitan.
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Unos 13 de esos 20 han sido denuncias recibidas durante los últimos tres meses, el tiempo que llevan las nuevas autoridades en el cargo; mientras que los siete restantes fueron denunciados ante la administración anterior. Sea este, tal vez, un indicador del incremento de este fenómeno.
"Se detectó que ciertos desarrolladores inmobiliarios, con conocimiento de que muchos propietarios han abandonado sus inmuebles desde 1950, abusaban de la falta de conocimiento de los personas poseedoras de las propiedades y entraban en estas dinámicas de despojo y desalojos", sostuvo Dunia Ludlow, coordinadora de la Autoridad del Centro Histórico.
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Sin embargo, desde esta oficina advirtieron a Sputnik que no tienen potestad para "resolver" estos conflictos, por lo que han derivado a la gente a hacer sus denuncias en la Justicia local.
El proyecto de Ludlow es crear un "sistema de información jurídica de los 9.362 inmuebles que tiene el centro histórico", de los que buena parte tiene problemas de títulos. Aunque no hay una cifra específica para esta parte de la capital, un 40% de las propiedades de la ciudad no tiene escrituras. Se estima que en el centro ese porcentaje puede ser mayor.
Sin respuestas
Ante la falta de reacción oportuna ante las reiteradas denuncias del peligro con el que conviven, las vecinas de Zapata 68 se han apoyado en otras personas que también han encontrado sus casas envueltas en conflictos jurídicos enrevesados y que tampoco han recibido respuesta de la autoridad a sus reclamos para una crisis que, dicen, va más allá de lo jurídico.
Denuncian que la Justicia les da largas o no les toma las denuncias; invariablemente todos explican que aunque el Código Civil establece que los poseedores ganan derechos sobre los lugares que habitan, no han tenido posibilidad de defenderse legalmente ante el atropello, porque la balanza ya aparece torcida hacia un costado.
La inminente resolución por la fuerza de conflictos civiles, los ha llevado a manifestarse y pedir la atención del Gobierno de la Ciudad de México, quien se comprometió a estudiar los casos. Sólo el Movimiento Urbano Popular —una de las organizaciones de defensa de la vivienda popular de mayor trayectoria en la ciudad— ha acuerpado a este movimiento incipiente.
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La preocupación de los vecinos también ha sido retomada por el Congreso de la Ciudad de México, que presentó un punto de acuerdo referido al tema en su sesión del 25 de marzo, en el que llamó a "atender los fenómenos de desalojos y despojos y buscar la protección de los derechos humanos".Durante su presentación, la diputada Soledad Ávila (Morena) mencionó el caso de Zapata 68, destacado entre una lista de 31 viviendas en conflicto en las áreas centrales de la ciudad.
"Los casos denunciados no son parte de un problema entre particulares, sino una problemática social profunda, que daña a las personas más necesitadas y que requiere de la intervención integral de todas las autoridades competentes en la materia, para poder dar soluciones", sostuvo.
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El Legislativo de la capital instó a las autoridades competentes a "atender de forma conjunta e inmediata" los casos presentados en el punto de acuerdo, "ya que se considera que existe un riesgo inminente y violatorio de los derechos humanos de vecinos y vecinas", contrario a la Constitución y a tratados internacionales suscritos por México.
Así, Zapata 68 se ha vuelto un desafío para el nuevo Gobierno que busca desmarcarse de las prácticas corruptas de antaño. De resolverse con la expulsión de estas familias originarias del centro histórico, se convertirá en una mancha difícil de quitar.
