"Este es un juicio en defensa de la democracia española y del orden constitucional. Es un juicio en defensa de un sistema que garantiza los derechos elementales a todos los que forman parte de este país", explicó durante la vista oral Javier Zaragoza, representante de la Fiscalía.
Este miércoles 13 fue el turno de la Fiscalía, la Abogacía del Estado y de la acusación popular —personalizada en el partido ultraderechista Vox—, que tuvieron la posibilidad de responder a las cuestiones previas planteadas por las defensas.
Radio: Cataluña: "El juicio a los líderes independentistas va a definir el escenario político de España"
Los Fiscales intentaron explicar que no existe cobertura normativa para el derecho a la autodeterminación en España, lo que sitúa fuera de la legalidad tanto el referéndum del 1 de octubre de 2017 como la posterior declaración de independencia adoptada por el Parlamento catalán.
Según explicó, en el proceso independentista catalán "se incumplió la ley" al "declarar la independencia" a través de un "referéndum ilegal" convocado en base a "una legislación paralela".
De acuerdo con la exposición de la Fiscalía, todo ello se hizo "bajo el paraguas de la violencia", consideración sobre la que se edifican las distintas acusaciones por delitos de rebelión.
A lo largo de su exposición, el representante del Ministerio Público rechazó las quejas por presunta persecución ideológica formuladas desde las defensas y aseguró que en esta causa se juzgan "hechos" y no "ideas".
En líneas generales, la exposición de la Fiscalía coincidió con la de la Abogacía del Estado.
Por su parte, la acusación popular añadió un elemento no apuntado por los representantes públicos y señaló la actuación de los líderes independentistas como propia de una "organización criminal", una consideración que, de ser aceptada por el tribunal, aumentará en buena medida las ya contundentes penas de prisión pedidas por las otras partes.