"Este es el segundo paso estratégico en un estado de la federación mexicana, después del juicio de amparo aceptado por un tribunal federal en el estado de Zacatecas (en marzo pasado), contra jueces y magistrados que se niegan a publicar sus sentencias", dijo el director de Litigios Estratégicos de la organización ciudadana.
La creciente vigilancia de la ciudadanía y la opinión pública, exige cada vez más aplicar las leyes de transparencia y rendición de cuentas en el cumplimiento de metas al Poder Ejecutivo, en particular el presiente, y leyes eficaces a los diputados y senadores del Poder Legislativo,
En efecto, a diferencia de la Suprema Corte de Justicia, que publica todas las sentencias en el país latinoamericano, miles de jueces, como por ejemplo más de 200 magistrados del estado de Chihuahua, en el norte del país, no publican sus sentencias.
Te puede interesar: Más de 300 organizaciones civiles piden fiscal autónomo de la presidencia en México
En ese estado, en los últimos dos años y medio se dictaron casi 88.000 sentencias, pero solo están disponibles al público unas 1.700, de decir apenas un 2% del total de veredictos puede ser examinado.
"Para evaluar a los jueces, se requiere conocer los procesos y el contenido de las resoluciones, pero estas no están disponibles para el público, no existe acceso por la cultura de la opacidad que existe en ese ámbito", señaló el experto.
La cultura del secreto judicial
La dimensión de la cultura del secreto judicial en este país es grave, porque "la mayoría de los delitos que se cometen a nivel nacional son materia de la justicia local, en primera y segunda instancia, como por ejemplo los asuntos civiles, familiares y mercantiles, donde se presentan muchas de las injusticias", dijo el abogado.
Mientras que en los estándares de EEUU o Europa, que sirven de referente a la justicia mexicana, todos los veredictos son públicos y no tienen más de diez páginas, "en México la sentencias tienen un promedio un centenar de páginas, sin mencionar casos con más de 1.500 folios en un asunto mercantil que analizo en estas fechas", ilustró el experto.
Además: Estratega del triunfo de López Obrador explica su trabajo para cambiar a México
Como consecuencia, "a mayor opacidad en la actividad judicial, son mayores los incentivos para dictar sentencias que violan derechos, allí es donde ocurre la aceptación de sobornos y parcialidades ilegales", denuncia el abogado.
En ese mismo sentido se manifestó un 67% de entrevistados por Consulta Mitovsky para El Economista, que espera mejoras en la economía y 65% en la seguridad pública, publicada tres semanas después de los comicios.
Noticia relacionada: Falta de fiscales y jueces frenan funcionamiento del Sistema Anticorrupción en México
En el ambiente de expectativas de cambio político y social que existe en México, "la exigencia ciudadana está enfocada en otros poderes y pero en el Poder Judicial, que no se siente completamente vigilado por la opinión pública, a pesar de que tiene la responsabilidad de la implantación plena del Estado de derecho y de impedir las graves violaciones a los derechos humanos, en última instancia", puntualizó Carrasco.
El objetivo estratégico es que la Suprema Corte de Justicia de la Nación determine qué debe entenderse por "sentencia de interés público", para evitar los subterfugios que permiten ocultar las tramas judiciales plagadas de corrupción, que junto con la inseguridad son los problemas más graves que marcaron el hartazgo de los ciudadanos en las pasadas elecciones.
Radio: López Obrador anuncia absoluta transparencia en su gobierno
