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Líderes de ONG piden a López Obrador despolitizar justicia contra la impunidad en México

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CIUDAD DE MÉXICO (Sputnik) — Líderes del colectivo "Fiscalía Que Sirva", que integran más de 300 organizaciones no gubernamentales, entregaron al equipo de transición del presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, una propuesta para despolitizar la justicia, dijo a Sputnik uno de sus promotores, José Antonio Guevara.

"El objetivo del colectivo es impulsar una reforma constitucional para designar un fiscal general autónomo, independiente del poder Ejecutivo, para despolitizar la justicia", dijo a esta agencia Guevara, director ejecutivo de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos (CMDPDH).

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La designación del titular de la nueva Fiscalía Federal, que reemplazará a la actual Procuraduría General de la República, "debe realizarse con el principio rector de un proceso transparente de selección de la persona encargada para dirigir esa institución de justicia, que debe asegurarnos el mejor perfil profesional e independiente", dijo Guevara.

Asimismo, la exigencia de organizaciones especializadas en la materia es "asegurar de que no cuente con vínculos con ninguno de los poderes políticos o económicos, que pueda afectar sus objetivos y garantizar su profesionalismo en su trabajo, para defender el derecho a la justicia de las personas víctimas de violaciones de sus derechos humanos", enfatizó.

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En la reunión, los próximos altos funcionarios federales de la presidencia de López Obrador se comprometieron a "establecer una mesa de trabajo para intercambiar puntos de vista acerca del modelo de procuración de justicia en el que se inscribe la nueva Fiscalía General".

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Guevara confirmó que los dirigentes sociales se reunieron con Tatiana Clouthier, quien fue coordinadora general de la campaña presidencial y el senador Zoé Robledo, entre otros integrantes de los grupos de trabajo establecidos por López Obrador.

Por parte de los organismos civiles, asistieron Eduardo Bohórquez, de Transparencia Internacional, Ana Lorena Delgadillo, de la Fundación para la Justicia y el Estado de Derecho; María Elena Morera, causa en Común, Haydeé Pérez, del centro de análisis Fundar Alberto Solis del Servicio de Asesoría para la paz.

Designación presidencial no es garantía

El tema es el principal punto de desencuentro del líder de la izquierda nacionalista que ganó la presidencia en su tercer intento, a sus 64 años, porque él propone designar a una terna y enviarla a al Congreso para que escoja entre ese reducido abanico, como establece actualmente la ley.

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Una reforma constitucional para modificar ese procedimiento, que López Obrador rechaza, "es necesaria. porque no es una garantía el simple argumento de que la terna la propone el titular de Ejecutivo", quien afirma estar comprometido contra la corrupción y la impunidad.

"Se requiere control ciudadano y del Congreso, porque el presidente no garantiza que en el proceso de formación de las propuestas sea el más transparente frente a la sociedad", subraya Guevara, quien preside desde mayo de 2017 un grupo de trabajo especializado del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, por parte de la sociedad civil mexicana.

La exigencia es "que exista transparencia y la posibilidad de participación ciudadana a lo largo del proceso de selección, con la posibilidad de rendición de cuentas, y no una terna con perfil similar, a la que evidentemente se llegaría sin conocer cómo fue seleccionada, con criterios personales para ser escogidos como el mejor perfil profesional", enfatiza el experto.

En suma, el objetivo es que la justicia en el país, "termine de estar apegada a los interese políticos en general".

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Además, no solo el proceso de selección debe modificarse, sino que deben crearse "nuevos mecanismos para saber cómo funciona la fiscalía, criterios para medir los logros y apuntar a los delitos prioritarios que más de interesan a las víctimas y a la sociedad", puntualizó el líder ciudadano.

Entre esos delitos mencionó el combate a la corrupción, erradicar la tortura, sancionar a los responsables de desapariciones forzadas, homicidios dolosos y secuestros.

Detrás de la impunidad está la realidad de que ninguna procuraduría ha funcionado, "y es poco probable que se resuelva mágicamente con personas que sean de la confianza de un mandatario, que confía en su probidad", terminó.

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Tras la reunión, las partes acordaron establecer en las próximas semanas una mesa de consultas entre el equipo de transición y la sociedad civil en la que "se informará puntualmente a la opinión pública sobre sus resultados".

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La transformación de la PGR en una nueva Fiscalía "requiere de disposición al diálogo entre diversos actores sociales y de Gobierno.

Ambas partes reconocieron la apertura al diálogo y se comprometieron a "mantener esta dinámica democrática", dijo en un comunicado el colectivo "Fiscalía que sirva".

La impunidad ha llegado a niveles tan altos que más de 95% no se denuncian en el país, porque no se confía en las autoridades del Ministerio Público, ni en los jueces, ni en las policías. 

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