"Esta vez nos gustaría que la respuesta gire en torno a las acciones concretas ejecutadas, con verdaderas rutas claras de respeto a los derechos humanos" por parte de las instituciones del Estado mexicano, dijo la directora ejecutiva del capítulo México de Amnistía.
El año pasado, el Gobierno de México envió a la organización internacional con sede en Londres una misiva con la respuesta oficial al informe de 2017, en la que mencionaba el cumplimiento por parte de autoridades civiles y militares de las recomendaciones de organismos nacionales e internacionales especializados en la materia.
"La valoración que nos deja el informe (de este año 2018) es un legado terrible, con una combinación de homicidios violentos y de impunidad", lamentó la responsable de la conocida institución, creada en 1961.
La abogada de las víctimas de graves violaciones a las libertades y derechos fundamentales señaló que la ausencia de una fiscalía transparente y eficiente, "que sea autónoma del poder Ejecutivo y técnicamente apegada a la ciencia aplicada al ejercicio de la procuración de la justicia, impide romper los pactos de impunidad".
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La deuda pendiente más relevante de las autoridades mexicanas es, por lo tanto, "la creación de una fiscalía que fortalezca la confianza de los ciudadanos con el Estado, y que sirva para que las personas nos sintamos seguras en nuestro entorno", señaló Renault.
Avances y falencias
Entre los logros importantes que el informe de la organización internacional menciona está "la aprobación en México de una ley para ayudar a las familias de las víctimas de desaparición forzada a encontrar a sus seres queridos".
Uno de los grandes asuntos pendientes en este país latinoamericano que tiene un impacto más fuerte en la sociedad "es la urgencia de romper ciclo de impunidad y la violencia, y reconocer (de parte de las autoridades) que se cometen graves violaciones a los derechos humanos".
El Gobierno de México ha rechazado en varias ocasiones que el país vive una crisis, en la que la tortura y otras violaciones sea "generalizada", como indican expertos de la Organización de las Naciones Unidas y la Comisión Interamericana, sino que se trata de casos aislados y puntuales.
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El informe contiene dos mensajes severos, indica Renault: "El primero es la existencia de una debilidad de las instituciones del Estado".
El segundo mensaje del reporte internacional es que "en México la impunidad permite que se pueda cometer todo tipo de ilegalidades sin ninguna consecuencia, lo que afecta de manera muy importante el deseo de vivir sin ese temor".
El informe señala también una "creciente discriminación de las comunidades rurales y los pueblos indígenas y negación de sus derechos ", y una "crisis de refugiados en gran medida invisible y que quedó rápidamente fuera de control, al negarse asilo urgente a centenares de miles de personas de algunos de los países más violentos del mundo, como El Salvador y Honduras".
En México, las comunidades indígenas suman alrededor del 10% de la población, cifra que coincide con la población y el mapa de la extrema pobreza
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México recibió asimismo "un número sin precedente de solicitudes de asilo, pero se abstuvo reiteradamente de brindar protección a quienes la necesitaban, optando en cambio por obligar a las personas a regresar a situaciones sumamente peligrosas".
El país latinoamericano deporta anualmente unos 200.000 centroamericanos cada año, según estadísticas del Instituto Nacional de Migración.
La organización también señala que "el año pasado (2017) mataron a centenares de activistas al intentar las autoridades reprimir a la sociedad civil y amordazar los medios de comunicación".
En México fueron asesinados 12 periodistas en 2017, y 37 desde el año 2012, cuando comenzó el Gobierno de Peña Nieto, según estadísticas de organismos defensores de la libertad de expresión.
