Según los servicios jurídicos del Bundestag (cámara baja del Parlamento alemán), "la actuación de autoridades extranjeras sin el consentimiento del Estado alemán comporta varias consecuencias legales: afectaría a las actividades en el extranjero de un servicio secreto contra la República Federal Alemana; también el espionaje de extranjeros en la República Federal Alemana cumple esta condición".
"La recogida no autorizada de datos puede constituir una infracción administrativa o penal", agrega.
"El Gobierno federal no tiene ningún conocimiento de medidas técnicas de servicios de inteligencia españoles o de autoridades policiales españolas en territorio alemán", asegura Interior.
Puigdemont, que se desplazaba desde Helsinki (Finlandia) hasta Bruselas (Bélgica) en coche, fue detenido el pasado 25 de marzo en Alemania tras cruzar la frontera en virtud de la euroorden emitida por el Tribunal Supremo, donde está procesado por la presunta comisión de delitos de rebelión y malversación de caudales públicos durante el proceso independentista catalán.
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Los jueces alemanes descartaron el delito de rebelión, pero mantuvieron el de malversación de fondos públicos, por lo que la orden de extradición en consecuencia no se retira, pero se reduce a un solo delito hasta que las autoridades alemanas reciban más información y aclaren el caso.
