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Gatillo fácil en Argentina: "el Gobierno avala el uso de la violencia"

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En los últimos tiempos Argentina ha sido testigo de casos violentos protagonizados por fuerzas de seguridad; principalmente a causa del uso de armas de fuego. Sputnik conversó con especialistas sobre el rol de los Gobiernos en la legitimación del uso que los policías tienen de sus armas.

El 2 de febrero el presidente Mauricio Macri recibió en la casa de Gobierno a Luis Chocobar, un policía procesado por asesinar de un disparo por la espalda a Pablo Kukoc, de 18 años, quien atacó a puñaladas a un turista para robarle en La Boca, Buenos Aires, el 8 de diciembre de 2017.

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Tras la reunión varios miembros del Gobierno manifestaron públicamente su apoyo a Chocobar y cuestionaron la medida Judicial aunque el proceso sigue abierto. El viernes 16 el presidente dijo que "como ciudadano" no entiende cómo la Justicia pudo ratificar el procesamiento contra un policía que "perseguía a un asesino".

Los hechos generaron la preocupación de organismos de derechos humanos, jueces, fiscales y académicos, y el pronunciamiento  de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional, para quienes la declaración de Macri "resulta inadmisible".

"Sus expresiones respecto de cómo debe resolverse un hecho que está siendo investigado por la Justicia deben interpretarse como una indebida injerencia tendiente a limitar o enderezar, según su punto de vista, las facultades del Poder Judicial de la Nación, lo que resulta a todas luces incompatible con un Estado de Derecho", argumentaron.

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En ese sentido, el juez argentino Mario Juliano, presidente de la Asociación de Pensamiento Penal, explicó a Sputnik que a partir de este Gobierno "se ha observado una suerte de aval o legitimación para que las fuerzas de seguridad usen la violencia para resolver conflictos". Según Juliano el caso Chocobar es uno de los ejemplos más "explícitos".

El accionar policial y el apoyo del Gobierno también debe leerse teniendo en cuenta el "grito social", dijo a Sputnik la socióloga argentina Mariana Galvani. "Hay gente que no sabe a qué le tiene miedo. Está asustada no de la suba de las tarifas, de los recortes sociales, sino que canaliza ese miedo y en esa energía en la figura del delincuente que asecha, que está ahí, que nos va a hacer algo aunque no se sepa bien qué es. Desde el Gobierno le están poniendo cara al miedo", opinó.

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En ese sentido, Esteban Rodríguez Alzueta, sociólogo argentino, recordó a Sputnik que León Trotsky decía: "Los gobiernos cambian, la Policía permanece". Sin embargo, aclaró que hay "climas de época" más propensos que otros para que las policías puedan "dar rienda suelta" a algunas prácticas violentas, aunque no haya decisiones políticas expresas.

Un posible origen

Juliano considera que las dictaduras de mediados del siglo pasado "dejaron una fuerte impronta en los países de la región, relacionado con el uso de la fuerza como herramienta para ejercicio de la praxis política". Desmontar esa cultura "no ha sido sencillo", opinó.

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Rodríguez Alzueta también opinó que la actitud del Gobierno argentino no es trasladable a otros países en Sudamérica. Sin embargo, considera que desde hace dos décadas es cada vez más frecuente que los Gobiernos apelen al "discurso securitario como un mecanismo de legitimación". Para el experto, "la seguridad se está transformando en la vidriera de la política, por eso tenemos a los funcionarios haciendo política con la desgracia ajena", agregó.

"Cuando los gobiernos no pueden presentarse como campeones en la generación de empleo porque están desocupando, cuando no pueden demostrar que han tenido una buena performance en políticas sociales porque están privatizando, despresupuestando, una de las pocas oportunidades que tienen para presentarse al electorado como merecedores de votos es recurrir a la inseguridad", explicó.

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En el Informe Regional de Desarrollo Humano de Naciones Unidas (NU), se sostiene que "el fenómeno más visible" de la violencia ilegal por parte de actores estatales son las ejecuciones extrajudiciales por parte de policías y miembros de las Fuerzas Armadas.

Estas ilegalidades "acentúan el sentimiento de desprotección y aumentan la percepción de inseguridad", ya que si las personas encargadas de garantizar la seguridad se convierten en sus agresores, "se deslegitima la obligación fundamental del Estado: proteger".

"Los únicos casos donde se justifica hacer uso de la extrema fuerza, en general, es en el supuesto de legítima defensa propia o de terceras personas. Es decir, debe existir un riesgo actual e inminente que coloque en peligro la propia vida o de terceras personas", explicó Juliano, de la Asociación de Pensamiento Penal.

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Según el Artículo tres del Código de conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley de NU, el uso de armas de fuego por parte de agentes estatales es una "medida extrema". Por ello el agente deberá hacer "todo lo posible por excluir su uso, especialmente contra niños".

En otras palabras, no deberá emplearlas "excepto cuando un presunto delincuente ofrezca resistencia armada o ponga en peligro, de algún otro modo, la vida de otras personas y no pueda reducirse o detenerse al presunto delincuente aplicando medidas menos extremas".

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