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Sanciones contra funcionarios venezolanos son un "incentivo" para los diálogos

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CARACAS (Sputnik) — Las sanciones contra siete funcionarios del Gobierno venezolano que anunció la Unión Europea (UE) son un impulso para el diálogo, afirmó en entrevista con Sputnik el diputado opositor Alfonso Marquina.

"Lo más importante que se debe destacar es que son sanciones individuales, a personas que han violado derechos humanos o que han cometido hechos de corrupción, y es un incentivo para el diálogo, porque tiene que ver con el restablecimiento del orden constitucional, del respeto del Estado de Derecho, y a los derechos humanos", expresó el parlamentario.

Las medidas contra funcionarios venezolanos incluyen la prohibición de entrar en los países de la Unión Europea y la congelación de activos.

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En la lista figuran el ministro del Interior, Néstor Reverol; el director del servicio de inteligencia, Gustavo González; la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Tibisay Lucena; el fiscal general Tarek William Saab; el diputado de la Asamblea Constituyente, Diosdado Cabello; el presidente del Tribunal Supremo, Maikel Moreno; y el jefe de Gobierno del Distrito Capital, Antonio Benavides Torres.

La UE acusa a estas personas de estar "implicadas en el incumplimiento de los principios democráticos, así como en la violación de los derechos humanos".

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El Gobierno venezolano rechazó "enérgicamente" estas medidas por considerar que violan los preceptos fundamentales de la Carta de las Naciones Unidas y pretenden "ejercer una grosera injerencia" en asuntos internos de su nación.

Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela (imagen referencial) - Sputnik Mundo
Gobierno de Venezuela rechaza las sanciones de la UE
Además, consideró que estas decisiones denotan una política "errática e intervencionista" contra el país.

Sin embargo, el diputado del partido opositor Primero Justicia, destacó que estas sanciones son una advertencia para los demás funcionarios del Gobierno.

"Es decir, aquellos otros funcionarios que piensen incurrir en violaciones y delitos como los que han cometido estos funcionarios sancionados, pues lo pensarán dos veces, conscientes de que el brazo de largo de la justicia internacional, tarda en llegar, pero siempre llega", expresó.

Protestas

Además, calificó como positiva la convocatoria de la coalición opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD), a protestar el 22 de enero contra la actuación de los cuerpos de seguridad en el operativo en el que resultaron abatidos el pasado 15 de enero siete personas sublevadas contra el Gobierno, entre ellas el piloto de la policía científica Óscar Pérez.

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Pérez secuestró el pasado 27 de junio de 2017 un helicóptero de la policía, desde el cual arrojó granadas y disparos contra las sedes del Tribunal Supremo de Justicia y el Ministerio del Interior, sin causar víctimas.

Marquina opinó que "nunca se deben agotar ninguno de los mecanismos constitucionales; el hecho de que haya diálogo o negociación no significa que el pueblo de Venezuela debe renunciar a su legítimo derecho a protestar, que es una garantía".

Asimismo, sostuvo que el diálogo y las protestas "son caminos que se complementan", pues mientras más presión de calle exista, "más efectivas serán las negociaciones".

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La mesa de diálogo entre el Gobierno y al oposición venezolana comenzó el pasado 1 de diciembre en República Dominicana, con la presencia de cinco países garantes (Bolivia, Nicaragua, México, Chile y San Vicente y las Granadinas). 

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