Según informa la agencia Anadolu, citando fuentes policiales, la operación se llevó a cabo en 15 provincias del país y contó con la autorización de la fiscalía de Estambul.
El movimiento gülenista que coopera con escuelas privadas y universidades en más de 150 países, es considerado por el Gobierno turco como una organización terrorista y una especie de Estado paralelo detrás del fallido golpe que se saldó con 240 muertos, sin contar a los amotinados, y casi 2.200 heridos.
Ankara exige a EEUU la extradición del imán opositor, que desde 1999 vive autoexiliado en Pensilvania.
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El propio Gulen rechaza rotundamente su implicación en los sucesos del 15 de julio de 2016, propone establecer una comisión internacional para investigar la asonada e insinúa que el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, se aprovechó de la situación para dar un golpe blando contra la Constitución.
Decenas de miles de militares, policías, jueces, funcionarios y profesores fueron suspendidos, detenidos o están siendo investigados por presuntos vínculos con el movimiento gülenista.