El objetivo es devolver a las arcas de la Generalitat el montante que se gastó en la organización de la consulta soberanista de 2014.
Según el organismo fiscalizador, el coste total de la organización fue de 5,2 millones de euros.
Entre los citados, además del expresidente Artur Mas y los exconsejeros Joana Ortega, Irene Rigau y Francesc Homs, se encuentran varios altos cargos políticos y técnicos de los departamentos de Presidencia y Gobernación.
La consulta se celebró el 9 de noviembre de 2014 entre una gran polémica por la decisión del Tribunal Constitucional, que quería prohibirla.
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En este proceso participaron 2,3 millones de personas, de las que un 80,76% votó a favor de la independencia de Cataluña.