Según informa el diario catalán El Nacional, durante varias franjas del día el tiempo de espera en las colas de embarque se situó en torno a una hora, lo que provocó que algunos de los pasajeros perdieran sus vuelos.
Según informaron fuentes conocedoras del conflicto a diversos medios de comunicación, esta medida fue adoptada en respuesta a la decisión de Eulen de contratar a 60 personas para paliar el impacto de futuras huelgas.
La plantilla, compuesta por unas 360 personas, celebró en la última semana varias jornadas de paros parciales para reclamar una mejora de sus condiciones de un trabajo.
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Una de las principales quejas de los trabajadores tiene que ver con su retribución, que oscila en la mayoría de casos entre los 900 y los 1.100 euros mensuales.
Ante esta situación, el comité de huelga reclama aumentos salariales de 350 euros mensuales para lo que menos cobran y un aumento de la plantilla.
Tras varios días de negociación, la empresa trasladó a los trabajadores una propuesta que incluye aumentos salariales de 200 euros y la creación de una bolsa de trabajo con 25 plazas para relevos.
Los trabajadores deberán decidir si aceptan o no esta propuesta en una asamblea que se celebrará este jueves, aunque el comité de huelga cree el aumento salarial ofrecido es "insuficiente".
"Creemos que los trabajadores no aceptarán la propuesta", aseguró este miércoles Juan Carlos Giménez, portavoz del comité de huelga.
El Ministerio de Fomento llamó a las partes implicadas en el conflicto a llegar a un acuerdo antes del viernes 11 para evitar perjuicios a los pasajeros.
Además, en caso de que sus demandas no sean atendidas, la plantilla irá a una huelga indefinida de 24 horas el próximo 14 de agosto.
El conflicto puede extenderse a los vigilantes de los accesos del aeropuerto, de la empresa Ilunion, que anunciaron su intención de ir a la huelga a partir del 1 de septiembre por motivos similares a los esgrimidos por los encargados de los controles.
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La gestión de Barcelona-El Prat corresponde al operador aeroportuario Aena, antiguo ente público que pese a la entrada de capital privado en 2015 está controlado al 51% por la empresa estatal Enaire.
