El 2 de agosto, la guardia costera de la isla italiana de Lampedusa detuvo el buque Iuventa de la compañía alemana Jugend Rettet, que sigue sin firmar las normas del Ministerio del Interior italiano sobre la actividad de las estructuras de este tipo.
"Las reuniones y los acuerdos entre los traficantes de ilegales y los miembros de la tripulación de Iuventa están documentados", declaró el fiscal local, Ambrogio Cartosio, al precisar que la tripulación "no actuaba por dinero".
Señaló también que si a los propietarios del buque les declaran culpables, la legislación nacional de Italia supone la confiscación del transporte, lo que fue el pretexto para arrestar el barco.
Las fotos y vídeos publicados por la policía y la guardia costera de Italia muestran que Iuventa acogió a las personas desde barcas de contrabandistas al menos en tres ocasiones.
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Las autoridades de Italia elaboraron un proyecto de código de conducta para las organizaciones no gubernamentales después de que una serie de ONG fueron acusadas de transportar a los migrantes ilegales.
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La lista de 12 artículos prohíbe a las ONG entrar en las aguas territoriales de Libia, exige transparencia de financiación e impide trasladar a los migrantes a otros buques.
Más temprano, el Ministerio del Interior advirtió que denegaría el acceso a los puertos italianos a ONG que rechacen suscribir el documento.
