"Como se trata de policías militares y civiles (…) deberán ser retenidos en locales adecuados a sus condiciones, en este caso en el cuartel de la Policía Militar", dictaminó el juez Haroldo Silva da Fonseca en su mandato de prisión, publicado el 7 de julio y divulgado por el diario O Globo.
Los agentes están acusados de matar a diez trabajadores del campo que ocupaban de forma ilegal la hacienda Santa Lucía.
El pasado 24 de mayo visitaron la zona para detener a varios sospechosos por la muerte de un vigilante de seguridad de esos terrenos, pero según la versión policial, los ocupantes de la finca estaban armados y se enfrentaron a los agentes, quienes se defendieron disparando.
Los familiares de las víctimas y los supervivientes niegan esta versión y aseguran que la ocupación era pacífica, al tiempo que señalaron que los agentes llegaron de forma truculenta y dispararon sin ser provocados previamente.
La Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ya condenaron en su momento la matanza y pidieron explicaciones el Gobierno brasileño por el excesivo uso de la violencia por parte de la policía.
El pasado mes de abril otros nueve campesinos fueron asesinados en el estado de Mato Grosso (centro-oeste) y la CIDH pidió entonces al Gobierno que atendiera a las causas estructurales relacionadas con la lucha por la reforma agraria.
