"España no implementó plenamente ninguna de las recomendaciones del grupo anticorrupción del Consejo de Europa (GRECO, por sus siglas en inglés) para prevenir las prácticas corruptas en el ámbito judicial", denuncia el organismo.
La institución señaló en 2016 en un duro informe que España "debía reforzar la independencia del Consejo General del Poder Judicial, la evaluación de altos funcionarios judiciales o mejorar la transparencia entre el fiscal general y el Gobierno".
Además, también criticó el sistema de elección de los altos funcionarios de la judicatura, como los presidentes de los tribunales provinciales, de los tribunales superiores de justicia o del Tribunal Supremo.
Lea más: La oposición en España: la dimisión del fiscal anticorrupción "llega tarde"
En ese texto recordó al Estado español que "las autoridades políticas no deben intervenir en ninguna de las etapas del proceso de designación de los magistrados".
