Bruselas reclama a España, y otros 13 países europeos, que atiendan a su obligación de informar a la institución sobre la puesta en marcha de varias normas en la gestión de los residuos, incluidos los objetivos de reutilización y reciclado.
El Ejecutivo comunitario notificó esta sanción por medio de una carta al Ejecutivo español, que tiene un plazo de dos meses para responder.
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Si no se cumple, Bruselas podría llevar al Estado español al Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
