Según informó el Ejecutivo comunitario, dicho acuerdo "compromete a España y Portugal en un proceso de consulta y diálogo constructivos que resuelva la controversia planteada por la construcción de un almacén de residuos nucleares en la central nuclear de Almaraz".
Como consecuencia de este acuerdo, Portugal se compromete a retirar la denuncia que interpuso contra España el 16 de enero de 2017.
El acuerdo alcanzado obliga a España a compartir con Portugal "toda la información pertinente en materia medioambiental y de seguridad natural" con vistas a "garantizar que el proyecto no tenga repercusiones significativas en territorio portugués".
Además, el acuerdo establece que España deberá organizar con la mayor premura posible una visita de las autoridades portuguesas a Almaraz y mantener diversas reuniones aclaratorias con representantes de la Comisión Europea.
Estos acuerdos, según la información ofrecida por la Comisión Europea, se empezaron a fraguar el 3 de febrero en Malta tras una reunión entre los presidentes de los Gobiernos de España y Portugal a petición de Jean-Claude Juncker, jefe del Ejecutivo comunitario.
El pacto alcanzado entre los países ibéricos también les obliga a acelerar, conjuntamente con la Comisión Europea, los trabajos sobre interconexiones con objeto de desarrollar redes de gas y electricidad entre España y Portugal.
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Según la Comisión Europea, esto "servirá para incrementar la seguridad de suministro de energía en Europa" y "reducir las pérdidas de productividad en los sectores comercial e industrial" gracias a una mejora en la calidad del servicio.
