"Hoy se va a escribir una página vergonzante del parlamentarismo español, que sus responsables querrán que no se recuerde, que no tendrán el coraje de defender", afirmó Puigdemont.
Homs, que en esa época era consejero del Gobierno catalán, está siendo investigado por posibles delitos de prevaricación, desobediencia y malversación de fondos públicos al permitir la celebración de la consulta.
En ese proceso, llevado a contra las disposiciones del Tribunal Constitucional, participaron 2,3 millones de personas, de las que un 80,76% votó a favor de la independencia de Cataluña.
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En principio, el suplicatorio será apoyado por los conservadores del Partido Popular, los socialdemócratas del PSOE y los liberales de Ciudadanos.
En opinión del presidente del Ejecutivo catalán, si "los partidos de la coalición gubernamental española" deciden aprobar el suplicatorio, estarán "violentando la decisión de los votantes catalanes" y pasando "por encima de su voluntad".
Fuera del espectro independentista, el líder de Izquierda Unida y miembro de la coalición Unidos Podemos, Alberto Garzón, opinó que los tribunales no son el lugar para resolver el conflicto territorial con Cataluña, que a su modo de ver debe ser abordado por la vía política a través del diálogo.
Por otro lado, el portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, negó que el conflicto catalán esté siendo judicializado y defendió el suplicatorio como un "elemento clave del Estado de Derecho" para poder llevar ante los tribunales "sin ningún tipo de privilegio" a los diputados cuya conducta no se ajuste al Derecho.
