"El juzgado Divisional (de segunda instancia) erró en su dictamen de que la Corona no tiene poder legal para comenzar la retirada de los Tratados de la UE invocando el Artículo 50 del Tratado de la UE", señala la nota publicada por el llamado ministro Brexit, David Davis.
El artículo 50 regula la tramitación de la solicitud oficial para abandonar el bloque de los Veintiocho y abre el periodo de negociaciones entre ambas partes, limitado en principio a dos años.
La decisión judicial, que el Gobierno conservador recurrirá en una vista prevista de comenzar el 7 de diciembre, dio pie a los Ejecutivos autonómicos a reclamar el derecho de sus respectivos parlamentarios a ser consultados.
Los abogados gubernamentales defenderán que la Corona —el Ejecutivo en la práctica— tiene potestad prerrogativa para invocar el artículo 50.
El recurso ha derivado en un pulso entre los más expertos abogados en cuestiones constitucionales sobre en dónde reside la soberanía para dar el pistoletazo de salida al Brexit.
El Supremo deberá decidir si el poder recae en el Ejecutivo debido al mandato resultante del referendo del pasado junio; o en el Parlamento puesto que la retirada de la UE llevará a la derogación de derechos adquiridos a través de normativas comunitarias.
