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Órganos impositivos deben investigar patrimonio del presidente argentino

© AP Photo / Natacha PisarenkoMauricio Macri, presidente de Argentina
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BUENOS AIRES (Sputnik) — El organismo recaudador de Argentina, AFIP, y la Unidad de Información Financiera (UIF) deben participar en la investigación sobre dos sociedades opacas que el presidente Mauricio Macri no incluyó en su declaración patrimonial, dijeron a Sputnik Nóvosti la exjefa de la UIF y una abogada experta en control de la corrupción.

"La AFIP y la UIF deberían intervenir en la investigación penal", coincidieron Alicia López, extitular de la Unidad Financiera, y la abogada Natalia Volosin.

La AFIP (Administración Federal de Ingresos Públicos) debe colaborar con la justicia porque tiene convenios con muchos países para intercambiar información, explicó López.

"La UIF también debería participar, pero como no puede actuar per se, necesita que los periodistas que accedieron a los papeles de Panamá presenten sus documentos ante el organismo como una declaración voluntaria", explicó López, que encabezó la entidad de 2001 a 2005.

Para las fuentes, la intervención de estas instituciones puede ser crucial ante la postura de la jefa de la Oficina Anticorrupción (OA), la oficialista Laura Alonso, quien defendió al presidente en Twitter cuando se supo que su nombre aparecía en el directorio de dos sociedades opacas, según los papeles de Panamá, 11 millones de documentos del estudio Mossack Fonseca filtrados a la prensa.

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El jueves, un fiscal federal decidió imputar a Macri por supuesta "omisión maliciosa" en su declaración jurada de bienes de esas compañías registradas en Bahamas y Panamá.

Este viernes abogados de Macri presentarán ante la justicia civil documentos y una declaración de certeza civil para probar que no declaró esas sociedades porque no había cobrado dividendos ni había sido accionista.

Los mismos documentos serán presentados ante la OA, que sería el "organismo administrativo ideal para hacer la investigación", observó Alonso.

Para Volosin "no ayuda a la investigación que Macri presente sus papeles ante la OA, porque esos documentos se van a mantener en la confidencialidad, no se van a hacer públicos ante la sociedad, que es la que tiene derecho a saber".

No es delito

Las dos expertas aclararon que abrir sociedades opacas en el extranjero no constituye delito si sus actividades son lícitas y sus activos están declarados.

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"Es una herramienta válida tener sociedades ubicadas en territorios con baja o nula tributación", afirmó López, ya que se puede "realizar un emprendimiento en un territorio que tiene una carga tributaria menor, si existe un convenio entre ambos territorios".

La abogada advirtió la diferencia entre elusión, intento de minimizar el pago de impuestos, y evasión, no declarar beneficios obtenidos de una sociedad en el extranjero para no pagar tributos por ellos.

"Como ex funcionaria pública, yo hubiera declarado que era directora de dos empresas y que no tenía participación accionaria ni cobraba dividendos", dijo la exjefa de la UIF.

Justicia civil versus Penal

El mandatario decidió que sus abogados dirigieran su presentación ante el fuero civil, aunque está imputado en el fuero penal.

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"Quizás sus abogados intentan encauzar el caso por la vía administrativa, donde la justicia civil tiene competencia", dijo López, "pero más interesante hubiera sido presentarlo ante la justicia penal".

Según los papeles de Panamá, Macri figuró como director y vicepresidente de la empresa Fleg Trading Ltd, con sede en Bahamas y que funcionó entre 1998 y 2008 cuando el actual mandatario ya era jefe de Gobierno de la ciudad de Buenos Aires.

El mandatario aparece asimismo como director de Kagemusha SA, registrada en Panamá y todavía en activo, según el Registro Público de ese país.

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Macri alega que en ambos casos solo figuraba en el directorio, que no tenía participación accionaria y que por tanto no estaba obligado a declarar las empresas.

"Si como director recibió honorarios, es como recibir una renta, así que en ese caso sí tenía obligación de declararlas", señaló Volosin.

También debe probarse que las compañías no realizaban actividades ilegales, observó.

El juez federal Sebastián Casanello, al frente de la investigación penal, ha citado a declarar a un periodista y a una abogada para el próximo lunes como las primeras medidas de prueba para decidir si avanza la denuncia fiscal.

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