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Argentina puede seguir en litigios judiciales con fondos buitres

© AP Photo / Victor R. CaivanoArgentina puede seguir en litigios judiciales con fondos buitres
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Las negociaciones entre el Gobierno argentino de Mauricio Macri y los acreedores de deuda no reestructurada en los canjes de 2005 y 2010 conllevan algunos riesgos con aquellos bonistas que todavía no aceptaron la propuesta de Argentina, según el análisis de expertos consultados por Sputnik Nóvosti.

BUENOS AIRES (Sputnik) — "Aunque Argentina pague a los fondos buitre que aceptaron la propuesta del Gobierno, y aunque los tribunales de Nueva York levanten la cautelar que prohíbe pagar los bonos reestructurados, el país corre el riesgo de seguir complicado por juicios de tenedores de bonos impagos en 2001", afirmó el abogado Sebastián Soler, especialista en derecho financiero.

El acuerdo que Buenos Aires alcanzó en Nueva York ya obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados y tiene grandes probabilidades de ser refrendado por el Senado argentino que sesionará este miércoles.

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Del total de los acreedores de la deuda argentina que quedó en suspensión de pagos con la crisis de 2001, casi el 92,4 por ciento aceptaron reestructurar su deuda en los canjes de 2005 y 2010.

El Gobierno ahora intenta resolver el pago con el 7,6 por ciento de los bonistas que no canjearon su deuda.

Aproximadamente la mitad, el 3,5 por ciento, han aceptado acordar con el Gobierno. Ellos tienen en sus manos el 85 por ciento de la deuda no reestructurada.

Pero "el otro 15 por ciento sigue teniendo derecho a presionar judicialmente", sostuvo Soler.

Esos bonistas, que representan una deuda de 4.000 millones de dólares "son en su mayoría personas individuales con demandas colectivas", afirmó el economista y especialista en fondos buitre Sebastián Maril.

Bloqueados por griesa

El otro obstáculo que ha puesto sobre la mesa el juez estadounidense Thomas Griesa, quien falló a favor de los fondos buitre en 2012, es el embargo dispuesto mediante una medida cautelar que impide al Gobierno argentino a pagar a los bonistas que sí canjearon su deuda.

El magistrado puso como condición para levantar la medida cautelar que Argentina pague a todos los acreedores con los que había llegado a un preacuerdo antes del 29 de febrero y que el Congreso argentino apruebe, como se espera esta semana, un proyecto de ley que autoriza ese arreglo entre el país y los bonistas, observó Maril.

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Aquí reside otro peligro: la decisión del juez de levantar la cautelar ha sido apelada ante la Cámara de Apelaciones.

"Esa apelación no solo la presentó parte del 15 por ciento que no ha llegado a un preacuerdo todavía, sino para nuestra sorpresa, por los propios fondos buitre que sí aceptaron la propuesta con el Gobierno", indicó Soler.

Maril sostiene que Argentina debe acordar con ese 15 por ciento lo antes posible "para que cuando vaya a la audiencia ante la Corte de Apelaciones (el 13 de abril) pueda decir que todos los acreedores han aceptado".

Solo en ese caso el Gobierno puede pedir al tribunal que dé de baja el caso para que Griesa pueda levantar la cautelar.

"Pero si Argentina no acuerda con ese 15 por ciento, la Corte podría fallar en contra", advirtió.

La posibilidad de acordar con el 100 por ciento de los acreedores es muy remota, admitió el analista, porque se calcula que "el 2 ó 3 por ciento de los acreedores pueden estar muertos o no saben que tienen estos bonos, algo que Argentina ha dejado de manifiesto en sus presentaciones ante la Corte", añadió el economista.

Por otro lado, el Congreso argentino condiciona el pago a que se levante la cautelar, pero los acreedores han solicitado a la Cámara de Apelaciones que no se levante esta medida hasta que Argentina pague, una situación contradictoria, resaltó Soler.

Sentencia inamovible

El abogado observó que Griesa emitió una sentencia de fondo que concluyó que Argentina está en falta cada vez que realice pagos de deuda externa que no estén destinados a los fondos buitre litigantes.

"Esta sentencia es firme, está confirmada por la Cámara de Apelaciones e implícitamente por la Corte Suprema" de EEUU, que decidió no revisar el caso, "por lo que es inmodificable", aclaró el experto.

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Por lo tanto, el 15 por ciento de bonistas que no acordaron con Argentina podrían exigir que los tribunales de Nueva York impidan a este país realizar cualquier pago que no sea el de sus bonos no reestructurados.

El otro riesgo es que el 92,4 por ciento de acreedores exijan la misma ventaja concedida a los fondos buitre.

Este reclamo es técnicamente improbable, concedieron Maril y Soler, porque la cláusula contractual que les permitía hacer este reclamo expiró en diciembre de 2014.

Soler añadió que el apuro de Argentina hizo que los fondos buitre consiguieran que la quita inicial del 30 por ciento de la deuda pasara a ser del 21 por ciento, "ya el Gobierno se ha comprometido al final a pagar los honorarios de los abogados de los fondos buitre".

Otro riesgo es lo que se conoce como "la aceleración de la deuda": según la legislación de los bonos argentinos, cuando un acreedor que tiene más del 25 por ciento de la deuda queda sin cobrar algún título público por estar en suspensión de pagos, puede reclamar la totalidad del bono al momento.

"Los bonistas que aceptaron lo canjes podrían intentar acelerar la deuda, pero hasta ahora no lo hicieron, y no podrán recurrir a esto cuando Argentina salga de la suspensión de pagos", afirmó Maril.

En el Senado de Argentina, mientras tanto, el anuncio de voto favorable de varios senadores del opositor Frente para la Victoria permite prever que el acuerdo será sancionado este miércoles.

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