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Justicia argentina investigará al Gobierno por impulsar el acuerdo con los fondos buitre

CC BY-SA 4.0 / Roblespepe / Palacio de justiciaPalacio de Justicia, sede de la Corte Suprema de Justicia de Argentina
Palacio de Justicia, sede de la Corte Suprema de Justicia de Argentina - Sputnik Mundo
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El juez federal Sebastián Casanello abrió una causa contra el Gobierno argentino para indagar sobre el acuerdo con los fondos buitre por la deuda no reestructurada y pidió al Poder Ejecutivo toda la documentación relacionada con el caso, confirmaron fuentes judiciales a Sputnik Nóvosti.

BUENOS AIRES (Sputnik) — "El juez abrió causa por los fondos buitre y pidió toda la documentación al Gobierno de (Mauricio) Macri", confirmaron a esta agencia desde la sede judicial.

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Casanello solicitó a la Jefatura del gabinete de ministros, a cargo de Marcos Peña, mano derecha del presidente, una copia de toda la documentación y las decisiones administrativas relacionadas con las negociaciones que el Gobierno de Mauricio Macri mantuvo con los acreedores que no reestructuraron su deuda.

Mientras la Cámara de Diputados de Argentina debate el proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo para pagar a los fondos buitre, el magistrado aceptó el dictamen del fiscal federal Federico Delgado, que pidió indagar si el Gobierno incurrió en delitos en la negociación con los acreedores.

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Delgado había solicitado "librar una orden de presentación dirigida al Señor Jefe de Ministros de la Nación, para que de inmediato ponga a disposición todos y cada uno de los documentos en cualquier soporte, que directa o indirectamente estén vinculados a la cuestión de los "fondos buitre".

El pedido del fiscal tuvo lugar a partir de una denuncia que presentaron el lunes los abogados Eduardo Barcesat, Horacio Corti, y Jorge Cholvis, en nombre de la Asociación Civil "Instituto Arturo E. Sampay".

En la querella los letrados señalan al jefe de Estado argentino y a sus diputados y senadores, por los supuestos delitos de "traición con sometimiento, defraudación por administración fraudulenta, abuso de autoridad y violación de deberes de funcionario público".

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A pedido de los abogados el juez deberá investigar si existen políticas públicas en curso para emitir deuda externa por 12.000 millones de dólares, el monto estimado que deberá destinar el Gobierno para acordar con el 7,4 por ciento de los bonistas que no ingresaron en los canjes de 2005 y 2010.

Los abogados observaron en su denuncia que se desembolsaron 30.000 millones de dólares para pagar al 92,4 por ciento del total de los bonistas que reestructuraron su deuda, mientras que en los actuales fondos financieros que litigan desde Nueva York se estará abonando casi la mitad de esa cifra.

Los letrados estiman que si se completa el canje a otras Letras Intransferibles en poder del Banco Central de la República Argentina (BCRA), "la cifra de la operación podría trepar a 65.000 millones de dólares" tal como lo anunció el Ministro de Economía Alfonso Prat Gay.

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La denuncia añade que en esa operación "participan el Tesoro Nacional y el BCRA, junto a un grupo de bancos internacionales como el HSBC, JP Morgan, Deutsche Bank, Citibank y Goldman Sachs".

Esto demostraría "que los funcionarios del Gobierno están encareciendo voluntariamente el costo del endeudamiento argentino favoreciendo a los bancos acreedores, comenzando así a pagar intereses por algo que hasta el presente no se abonaba", sostiene la denuncia.

Por este motivo, Macri y los parlamentarios que impulsan el acuerdo con los fondos buitre "podrían ser responsables de graves perjuicios económicos para el erario público con las consiguientes sanciones y acciones reprobatorias que se puedan ejecutar".

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La Cámara de Diputados de Argentina debate desde el mediodía de este martes un proyecto de ley que permitiría pagar a los acreedores que demandaron al país por sus bonos de deuda no reestructurada.

El oficialismo cuenta con el apoyo de dos de los bloques opositores, por lo que se estima que el proyecto será aprobado y pasará al Senado, representado por legisladores que responden a los gobernadores de los 24 distritos del país, aunque el partido opositor Frente para la Victoria (kirchnerismo) tiene mayoría en esta Cámara.

Es todavía incierta la postura que tomarán los representantes de las provincias. Se prevé que la sesión pueda extenderse por más de 18 horas.

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