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Empresarios que colaboraron con la dictadura: una asignatura pendiente

CC BY-SA 2.0 / Gustav´s / Parque de la memoriaMonumento a las Víctimas del Terrorismo de Estado, con los nombres de los desaparecidos y asesinados durante la dictadura en Argentina (1976-1983)
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Cuando se cumplen 40 años del golpe militar del 24 de marzo de 1976 en la Argentina, sigue pendiente la rendición de cuentas de los empresarios que fueron parte de la maquinaria criminal de represión, desapariciones, asesinatos y torturas.

La colaboración de los dueños y directores de muchas de las mayores empresas de la Argentina, como Mercedes-Benz, Ford, Ingenio Ledesma, fue decisiva para la labor represiva de la dictadura militar entre 1976 y 1983. La suspensión de la actividad sindical, de las normas laborales, la desaparición de miles de trabajadores, activistas y dirigentes sindicales, contó con la participación activa de las empresas en las que trabajaban, que pasaron listas de activistas, prestaron sus instalaciones y vehículos o que, en muchos casos, orquestaron las desapariciones y secuestros.

Así lo constata el “Informe Responsabilidad empresarial en delitos de lesa humanidad”, publicado por el Ministerio de Justicia en noviembre de 2015: “En el territorio de los establecimientos fabriles, se combinaron con eficacia el accionar de las Fuerzas Armadas y el accionar empresarial para ejercer el poder represivo contra los trabajadores”, dice. Las grandes empresas “pusieron en juego una amplia variedad de prácticas represivas que incluyeron la entrega de información y el aporte de recursos logísticos y materiales a las fuerzas represivas y la instalación de centros clandestinos de detención en el predio de sus fábricas, entre otras”, señala.

El informe comprende tres regiones: el noroeste argentino, donde la represión se centró en los grandes ingenios azucareros —Ledesma, La Fronterita y Concepción—, la Minera El Aguilar y la empresa de Transporte La Veloz del Norte; el cordón industrial de la zona sur bonaerense, alrededor de la ciudad de La Plata, y un tercer grupo, en el noroeste de la provincia de Buenos Aires y el sur de la provincia de Santa Fe, que incluye fábricas como Ford y Mercedes-Benz, los astilleros Astarsa y Mestrina, las siderúrgicas Dálmine-Siderca y Acindar.

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En total, se describen los crímenes cometidos en tres fábricas siderúrgicas, tres automotrices, cuatro textiles, tres ingenios azucareros, una empresa minera, dos ceramistas, tres industrias navales, un frigorífico, una cementera, una gráfica, dos empresas de la alimentación y una del transporte.

En el noroeste del país, Tucumán, Salta y Jujuy, la represión se inició desde 1975 con el “Operativo Independencia”, a cargo del general Antonio Domingo Bussi, cuyo centro fue doblegar al sindicato de trabajadores de la industria del azúcar (FOTIA), en complicidad con los dueños de los grandes ingenios, las familias Blaquier, Paz y Minetti.

De las 269 víctimas judicializadas por crímenes de lesa humanidad durante el “Operativo Independencia”, 42% fueron obreros y jornaleros y sus familiares, 15% fueron dirigentes sindicales, 8% comerciantes y del interior de la provincia, 8% empleados públicos, 5% profesionales independientes, 4% estudiantes universitarios, 2% militantes de partidos políticos de izquierda y solo el 7% tenía vinculación con las organizaciones guerrilleras Ejército Revolucionario del Pueblo o Montoneros.

Entre 1974 y 1983, al menos 26 trabajadores de la Compañía Azucarera Concepción, el ingenio más importante de la provincia de Tucumán, fueron víctimas de crímenes de lesa humanidad, de los cuales 21 se encuentran desaparecidos. La mitad fue secuestrada en las instalaciones de la empresa. La comisión directiva y el cuerpo de delegados fueron descabezados, permitiendo a la empresa una drástica disminución de más de la mitad del personal y enormes ganancias.

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Según el informe, existió un estrecho vínculo político entre el general Bussi y la familia Paz propietaria del ingenio: “Operativos realizados con las camionetas del ingenio, secuestros llevados adelante dentro de las instalaciones de la empresa, utilización de la infraestructura para la planificación y operación militar”, además de lo cual, Bussi instaló su base de operaciones en el Ingenio, donde había un helipuerto para sus idas y venías, y tenía una habitación para dormir.

El Ingenio La Fronterita, propiedad de José Minetti, fue uno de los 16 ingenios azucareros que funcionaron durante el período 1974-1983 en Tucumán. Al menos 25 obreros de la empresa fueron víctimas de crímenes de lesa humanidad: 2 asesinados, 9 desaparecidos, 14 secuestrados y posteriormente liberados. Siete integraban la comisión directiva y el cuerpo de delegados del sindicato. De un total de 1454 obreros, al finalizar la dictadura, quedaron solo 650 y el ingenio aumentó su producción un 30,72%.

“La empresa otorgó a las fuerzas represivas parte de su propiedad para que sea utilizada como centro clandestino de detención”, “suministró personal para la realización de los señalamientos de los obreros que debían ser secuestrados, y también aportó medios de transportes en los que eran secuestradas las víctimas”, y por lo menos 11 estuvieron secuestrados en las instalaciones de la empresa, dice la investigación.

El caso más importante fue el del Ingenio Ledesma de la familia Blaquier, donde unas sesenta personas, entre empleados de la empresa o que tenían un rol activo en los sindicatos, docentes, médicos, abogados y estudiantes de las localidades de Calilegua y Libertador General San Martín, fueron víctimas de la represión, 30 de ellos desaparecidos.

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La compañía no solo colaboró activamente, sino que participó en la planificación de los operativos represivos. “Numerosos testimonios y documentos enseñan las formas de cómo directivos y altos empleados de Ledesma SAAI se involucraron en los secuestros de los trabajadores, algunos de los cuales se produjeron en la misma fábrica”, además del uso de camionetas y listas de personas provistas por la compañía.

El famoso “apagón de Ledesma” ocurrió en la noche del 20 y la madrugada del 21 de julio de 1976, cuando se cortó la luz en los poblados de Calilegua y Libertador General San Martín, mientras que las fuerzas represivas, en camionetas de Ledesma, sin orden judicial, detuvieron decenas de personas muchas de las cuales después desaparecieron.

“El caso de Ledesma se caracteriza por el poder económico que la empresa supo consolidar a través de la constante incorporación de tierras a su patrimonio; las diversas leyes azucareras dictadas durante los distintos gobiernos militares que la fueron beneficiando”, convirtiéndola en una de las empresas agroindustriales más importantes del país y de América Latina, concluye el informe.

En La Veloz del Norte, la principal compañía de transporte de pasajeros de Salta, 22 trabajadores fueron detenidos durante enero de 1977, y sometidos a torturas durante su detención.

Marcos Levín, el dueño de la empresa en ese momento, está siendo juzgado en la ciudad de Salta. “El de La Veloz es probablemente el caso en el cual surgen la mayor cantidad de episodios de responsabilidad empresarial en todo el país”, señaló Horacio Verbistky, director del Centro de Estudios Legales y Sociales, en una declaración ante el tribunal que lleva el proceso. “En el caso tenemos la asistencia de secuestros, detenciones, la participación de fuerzas de seguridad en el control del trabajo, agentes policiales en cargos jerárquicos de la empresa, utilización de instalaciones de las empresa para alojar detenidos y secuestrados, uso de vehículos y móviles de la empresa para fines extorsivos y la participación de directivos en tormentos a personas privadas ilegalmente de su libertad”, señaló.

Pero 40 años después, ninguno de estos empresarios ha sido condenado, una deuda de la democracia.

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