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"Juicios a militares continuarán en Argentina sea quien sea el presidente"

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Los juicios a militares y civiles acusados de delitos de lesa humanidad en la última dictadura en Argentina (1976-1983) seguirán su curso sin importar quién sea el próximo presidente de ese país, dijo a Sputnik Nóvosti el juez Daniel Rafecas, a cargo de numerosos procesos contra militares por violaciones a los derechos humanos.

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"Hay un considerable grado de convencimiento de parte de toda la clase política democrática de que estos procesos tienen que continuar, con independencia, en manos del Poder Judicial, del Ministerio Público, sin interferencias, sin obstáculos, sin críticas", aseguró el magistrado argentino.

Así, Rafecas expresó su convencimiento de que "no va a haber" un giro en la política de derechos humanos en Argentina luego del 10 de diciembre, fecha en que asumirá el nuevo presidente.

Los candidatos que competirán en el balotaje del 22 de este mes son el oficialista Daniel Scioli, del Frente para la Victoria (centroizquierda), y el opositor Mauricio Macri, de la alianza Cambiemos (centroderecha).

Desde 2004, Rafecas tiene a su cargo la llamada 'megacausa del Primer Cuerpo del Ejército', iniciada en 2003 y que ha llevado ante la Justicia a unos 3.000 responsables de violaciones a derechos humanos, de los cuales unos 700 han recibido condenas.

El Primer Cuerpo del Ejército es la rama terrestre del Ejército argentino.

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La 'megacausa' abarca además a "decenas de miles de víctimas", explicó Rafecas, quien el 13 de este mes estuvo en Montevideo en el marco de un seminario por los 40 años del Plan Cóndor.

Ese plan, también conocido como Operación Cóndor, fue una estrategia de cooperación adoptada en los años 70 por las dictaduras de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay, con el apoyo de Estados Unidos, a través de la cual fueron secuestradas, asesinadas y desaparecidas varios miles de personas consideradas "subversivas" por los regímenes militares.

Entre los imputados y condenados en la 'megacausa' se encuentran funcionarios pertenecientes al Ejército, la Fuerza Aérea, el Servicio Penitenciario Federal, la Gendarmería Nacional, la Policía Federal y la Secretaría de Inteligencia del Estado (hoy llamada Secretaría de Inteligencia).

En estos 12 años, señaló el magistrado, el mundo ha observado cómo Argentina llevó adelante los juicios por violaciones a los derechos humanos.

"Por una vez Argentina ha concitado la atención de la comunidad internacional para bien, en el sentido de que viene llevando a cabo en la última década un proceso muy vibrante, muy fuerte, muy profundo, de enjuiciamiento y castigo a criminales de lesa humanidad durante la última dictadura", destacó.

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Esto, sostuvo, se dio gracias a que ese país ha ido a contramano de las teorías que apuestan por la reconciliación y el diálogo, y que llevaron a que durante 25 años no se pudiera avanzar en términos de verdad, memoria y justicia.

Argentina avanzó "refutando las teorías dominantes del primer mundo occidental, que sugieren que la opción de resolver este pasado de terrorismo de Estado (debe ser) por la vía de la reconciliación, la reparación, el diálogo", que "para lo único que sirvieron fue para perder el tiempo durante 25 años", explicó.

"Recién ahora, finalmente, nos logramos desembarazar de esos discursos de mirar al futuro (y) dejar el pasado", agregó.

LUCES Y SOMBRAS

No obstante los avances, Rafecas señaló que más de una década después todavía no se ha podido quebrar el pacto de silencio de los militares involucrados en delitos de lesa humanidad.

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"El caso argentino tiene muchas luces", pero "proyecta muchas sombras", admitió el magistrado, y añadió: "Una de esas sombras es que nos hemos decantado por darle prioridad al valor justicia, en desmedro, o poniendo a la zaga al valor verdad".

"Hay un aspecto de la búsqueda de la verdad, que es fundamental, que es responder a la pregunta de dónde están los desaparecidos: quiénes lo hicieron, cómo, cuándo y dónde. En ese sentido, desde el punto de vista judicial, avanzamos muy poco", reconoció.

Esto, explicó, se debe a la "sencilla razón" de que "nunca nadie volvió de una ejecución", por lo cual "la única fuente de información y de prueba de lo que fueron los asesinatos sistemáticos" de "miles y miles de personas", son "los propios victimarios".

"Vivimos con frustración la impotencia de no poder romper ese muro", admitió Rafecas.

Según organizaciones de derechos humanos, durante la última dictadura en Argentina fueron desaparecidas unas 30.000 personas, aunque se trata de una cifra en discusión.

Aparte, también se estima que otras miles fueron directamente asesinadas.

Más aquí: Aparece en Argentina otra niña secuestrada por la última dictadura

Se calcula además que unos 500 niños fueron secuestrados, dados en adopción y privados de su verdadera identidad.

La organización Abuelas de Plaza de Mayo ha encontrado hasta el momento a 118 de estos niños.

Entre los condenados por la 'megacausa' que dirige Rafecas se encuentran los expresidentes de facto Jorge Rafael Videla (1976-1981) y Reynaldo Bignone (1982-1983), así como varios exjefes militares y de inteligencia.

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