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Argentina recuerda a los desaparecidos de la democracia

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Movilizaciones y protestas recuerdan este viernes en Argentina el noveno aniversario de la desaparición de un testigo clave en un juicio por genocidio de 2006 y denuncian más de 200 casos de detenidos desaparecidos desde la restauración democrática en 1983.

"Calculamos que más de 200 personas fueron desaparecidas por el aparato estatal desde el fin de la dictadura hasta la fecha", dijo a Sputnik Nóvosti la abogada María del Carmen Verdú, de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi).

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El 18 de septiembre de 2006 desapareció el albañil Julio López, luego de declarar en el juicio contra el represor Miguel Etchecolatz, condenado a cadena perpetua por crímenes cometidos en el marco de un genocidio.

Así, López fue desaparecido en dos ocasiones: una en la dictadura cívico-militar (1976-1983) y la otra en plena democracia.

Durante el régimen militar permaneció secuestrado desde 1976 hasta 1979.

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Treinta años después fue testigo y querellante en el proceso al comisario policial bonaerense Etchecolatz, uno de los principales responsables de los centros clandestinos de detención en la provincia de Buenos Aires.

El día en que el tribunal estaba por emitir su condena, la audiencia se demoró porque uno de los querellantes no llegaba a la sede judicial. Era López, que había salido de su casa para asistir a la lectura de la sentencia, pero que nunca llegó a su destino.

"Al día de hoy no sabemos dónde está, y sí tenemos la certeza de que solo el aparato estatal tiene la capacidad logística de mantener desaparecida a una persona durante nueve años", argumentó la abogada Verdú.

Según los registros de la Correpi, más de 200 personas han corrido la misma suerte a manos del aparato estatal desde el fin de la dictadura.

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"Julio López no fue el primero ni ha sido el último, pero sí fue el que permitió darle visibilidad a los demás casos", indicó Verdú.

La mayoría de estas víctimas eran jóvenes vistos por última vez al momento de ser detenidos, recluidos en una comisaría o perseguidos por la policía.

Célebre es el caso de Luciano Arruga, quien tenía 16 años cuando desapareció en 2009 y de quien no hubo noticias hasta 2014, cuando su cuerpo apareció enterrado como NN en un cementerio de la capital argentina.

La justicia determinó que Arruga había sido atropellado mientras era perseguido por policías el mismo día de su desaparición.

Se descubrió también que, cuatro meses antes, el muchacho había sido detenido en una comisaría del municipio bonaerense de La Matanza.

Este año fue condenado a 10 años de prisión el teniente Julio Torales, perteneciente a ese destacamento policial, por torturas físicas y psicológicas cometidas contra el adolescente.

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Más de la mitad de los detenidos registrados por la Correpi permanecen como desaparecidos, pues no fueron hallados vivos ni muertos.

"En algunos casos permanecen desaparecidos hasta el día de hoy, y en otras ocasiones sus cuerpos aparecen tiempo después en un descampado, o bien son arrojados en algún lado para que parezca un accidente", ejemplifica Verdú.

"La mayoría de los desaparecidos son chicos que son forzados por la policía a trabajar para ellos, ya sea robando o como mano de obra para vender droga en los barrios", describió la abogada.

"Además hay casos de jóvenes que son torturados en una comisaría para que se hagan cargo de delitos que esa dependencia necesita esclarecer", agregó.

En algunos casos los cadáveres aparecen décadas más tarde.

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Alejandro Flores era un niño de seis años de una pequeña ciudad de la central provincia de Córdoba. Estaba enfrente de su casa durante una tormenta, se desorientó y bajó a la calle. En medio del temporal, un vehículo policial lo atropelló por accidente.

"Lo que hicieron los agentes fue cargar el cuerpito del niño aún vivo en el patrullero y consultar al comisario, el cual les dio las instrucciones de lo que tenían que hacer: lo condujeron a un descampado a las afueras del pueblo y lo enterraron. Luego llevaron el auto al taller mecánico de otro pueblo y lo sometieron a un profundo lavado", denunció la abogada.

El cadáver fue hallado 18 años después, en 2009, "porque un alcalde decidió hacer cloacas nuevas, y las máquinas excavadoras encontraron los huesitos", dijo Verdú.

La Correpi tiene además un registro de 4.400 casos de personas asesinadas en cualquier modalidad de represión estatal desde 1983 hasta la fecha.

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El 46 por ciento de las muertes son por gatillo fácil, y el 39 por ciento se producen en cárceles, comisarías o instituciones para menores. El dos por ciento, unas 70 personas, perdieron la vida en manifestaciones callejeras.

La organización estima que casi 2.900 de las 4.400 víctimas fallecieron por estas causas en la última década.

La desaparición de personas está en Argentina fuertemente asociada a la última dictadura militar.

El régimen fue responsabilizado por la desaparición de unas 30.000 personas, para la cual aplicó un sofisticado sistema de centros ilegales de detención y eliminación de las víctimas, por ejemplo, arrojándolas desde aviones al mar o al Río de la Plata.

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